Las Palmas (Canarias), 31 de julio de 2014 / Autoridad Portuaria de Las Palmas / Gabinete de Prensa.
La Asociación Marítima Canaria (AMACA) ha solicitado hoy jueves 31 de julio, mediante escrito presentado en el registro de la Autoridad Portuaria de Las Palmas dirigido al Presidente Luis Ibarra, acceso público a la información del Consejo de Administración de esa Autoridad Portuaria, en concreto al Orden del Día de las sesiones y a toda la documentación relacionada, a la que tienen acceso los consejeros, en virtud de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, también denominada de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que expone en su preámbulo:
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política.
Esta ley tiene un triple alcance:
1. incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas.
2. reconoce y garantiza el acceso a la información, regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo.
3. las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública.
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Tal como menciona la propia Ley ?la Ley se aplicará a determinadas entidades que, por su especial relevancia pública, o por su condición de perceptores de fondos públicos, vendrán obligados a reforzar la transparencia de su actividad?.
ACCESO INFORMACIÓN
Además, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos a la vez que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, se sitúa en un camino en el que se avanza con esta Ley: "la implantación de una cultura de transparencia que impone la modernización de la Administración, la reducción de cargas burocráticas y el empleo de los medios electrónicos para la facilitar la participación, la transparencia y el acceso a la información".
BUEN GOBIERNO
En lo que respecta a buen gobierno, la Ley supone un avance de extraordinaria
importancia. Principios meramente programáticos y sin fuerza jurídica se incorporan a una norma con rango de ley y pasan a informar la interpretación y aplicación de un régimen sancionador al que se encuentran sujetos todos los responsables públicos entendidos en sentido amplio que, con independencia del Gobierno del que formen parte o de la Administración en la que presten sus servicios y, precisamente por las funciones que realizan, deben ser un modelo de ejemplaridad en su conducta.
Para AMACA este sistema busca que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad. Para cumplir este objetivo, la Ley consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario.
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