Aprobada moción del PSOE para la implementación y difusión del sistema de garantía juvenil

Los socialistas consideran que sólo un 4% de los jóvenes potencialmente susceptibles de formar parte de este Plan se han inscrito; y en Gran Canaria, sólo el 3,7%. La consejera socialista Teresa Mayoral denunció la falta de información con respecto a este Plan, así como las dificultades para inscribirse en la plataforma habilitada al efecto

"El Gobierno España debe redefinir criterios y mecanismos para la inscripción y reabrir los plazos del Plan de Garantía Juvenil", asevera la consejera Teresa Mayoral, quien criticó durante su intervención “la falta de eficiencia del Gobierno de España a la hora de difundir el Plan de Garantía Juvenil”

Gran Canaria (Canarias), 05 de diciembre de 2014 / Políticas - PSOE -Cabildo/ Gabinete de Prensa.

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado hoy por unanimidad una moción del PSOE para la implementación y difusión del sistema de garantía juvenil. Los socialistas consideran que sólo un 4% de los jóvenes potencialmente susceptibles de formar parte de este Plan se han inscrito; y en Gran Canaria, sólo el 3,7%. La consejera socialista Teresa Mayoral denunció la falta de información con respecto a este Plan, así como las dificultades para inscribirse en la plataforma habilitada al efecto.

"El Gobierno España debe redefinir criterios y mecanismos para la inscripción y reabrir los plazos del Plan de Garantía Juvenil", asevera la consejera Teresa Mayoral, quien criticó durante su intervención “la falta de eficiencia del Gobierno de España a la hora de difundir el Plan de Garantía Juvenil”.

Por ello, la moción socialista solicitaba, primero, instar al Gobierno de España a que evalúe los criterios y mecanismos para la inscripción y reabra los plazos con el objetivo de acercar al máximo posible de los más de 700.000 potenciales beneficiarios el programa de Garantía Juvenil, haciendo que no se trate de convocatorias cerradas, sino que permitan ser un programa siempre abierto. En este punto sería más adecuado canalizar las peticiones y el registro a través de los servicios públicos de empleo en lugar del registro telemático que se ha establecido.

Segundo, instar al Gobierno de España a que estudie la integración del Sistema de Garantía Juvenil dentro del Sistema Nacional de Empleo, rigiéndose por sus fines y principios, y se desarrollará, en el ámbito de sus respectivas competencias, por los Servicios Públicos de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, en atención a los objetivos de la política de empleo y de acuerdo con la Estrategia Europea de Empleo.

Tercero, instar al Gobierno de España a destinar, al menos, la mitad de los fondos provenientes del Fondo Social Europeo en 2015 en una partida específica a gestionar por las Comunidades Autónomas, previo reparto en Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y la conferencia sectorial de Educación

Cuarto, instar al Gobierno de España a poner en marcha, en colaboración con CCAA, Cabildos y Ayuntamientos, una campaña intensa de información destinada a los potenciales beneficiarios del  programa y de los mecanismos de inscripción.

Y quinto, realizar estas medidas en cooperación directa de la CCAA y  establecer criterios claros en la Conferencia Sectorial de Empleo y la Conferencia sectorial de Educación, permitiendo grados de flexibilidad en los procesos que se adapten a la realidad socioeconómica de cada comunidad, ganando así en flexibilidad y eficacia.

El Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero de 2013, propuso una Iniciativa de Empleo Juvenil al estimar la situación particularmente difícil de los jóvenes en determinadas regiones. En ella se contempla que  las regiones europeas con tasas de desempleo juvenil superiores al 25% puedan beneficiarse de esta iniciativa. Poco después el día 28 de febrero de 2013 el Consejo de Ministros de Empleo, Asuntos Sociales y Consumo acordó el establecimiento de la Garantía Juvenil, que fue adoptado formalmente por acuerdo del Consejo el 22 de abril de 2013.

           

Estos acuerdos plantean el objetivo de garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo, de educación continua o un período de prácticas en el período máximo de 4 meses tras acabar la educación formal o quedar desempleados. A tal efecto, el Consejo Europeo aprobó, como principal instrumento y mecanismo de financiación, un refuerzo económico de 6.000 millones bajo la denominada Iniciativa de Empleo Juvenil para el período 2014- 2020 del que se beneficiarán todas las regiones que tengan tasas de desempleo juvenil por encima del 25%.

           

Qué duda cabe que este programa, sus objetivos y medios son de especial interés para nuestro país que tiene la tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea, un 52,4% en el tercer trimestre de 2014. Y es por ello que España ha sido la gran beneficiaria de los fondos destinados para la implementación de la Garantía Juvenil.

Los resultados de la aplicación española de la Garantía Juvenil son desalentadores. Sólo el 4,2% de los 706.900 menores de 25 años que ni estudian ni trabajan se ha inscrito hasta ahora en el Plan de Garantía Juvenil. Esta cifra jóvenes corresponde a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2014, y actualiza la cifra inicial de posibles beneficiarios del Plan de Garantía Juvenil facilitada por el Gobierno y que ascendía a 845.500. Esta exigua cifra de 30.000 jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil es el resultado de la falta de interés por hacer llegar al máximo de beneficiarios este programa. Llama la atención la escasa publicidad del programa; las enormes dificultades telemáticas para inscribirse que exigen usar el DNI electrónico, un certificado electrónico o solicitar un usuario y contraseña por correo electrónico; y la falta de flexibilidad para adecuarse al propio contexto socioeconómico de las Comunidades Autónomas. Son estas las razones inmediatas que explican la baja inscripción en un programa que debería ser de máxima utilidad para muchos jóvenes

           

El punto álgido en la falta de eficiencia y desorganización desde el Gobierno Central hace que las Comunidades Autónomas no dispongan de la información sobre los jóvenes inscritos en el registro hasta los primeros días del mes de octubre, en cuatro meses de existencia del registro y que refleja que se han inscrito un porcentaje ínfimo de los potenciales destinatarios de la iniciativa.

           

Los datos llevan a la demostración de la falta de interés por parte del Gobierno para impulsar un programa de máximo interés para España. Atendiendo a los hechos, la gestión del Gobierno español es un auténtico despropósito. Una vez más, los prejuicios ideológicos del Partido Popular, especialmente, su afán recentralizador y su interpretación restrictiva de los requisitos de acceso, así como su incapacidad de gestión, amenazan seriamente el éxito de una iniciativa pensada en gran medida para impedir la pérdida de capital humano de los más jóvenes y facilitar experiencias laborales iniciales.