Madrid (España), 3 de septiembre de 2015 / La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) - Impugnacion de los Presupuestos Generales del Estado / Gabinete de Prensa.
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ha recurrido ante al Tribunal Supremo el acuerdo del Consejo de Ministros de aprobación y remisión a las Cortes Generales de proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, por omitir trámites preceptivos exigidos por la Ley Orgánica 11/2007 de Derechos y Deberes de los Guardias Civiles (Arts 54.1 y 2) y que afectan directamente al derecho fundamental de participación, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española.
Dicha Ley Orgánica obliga a que cualquier proyecto de Ley que afecte a las retribuciones, o asuntos económicos relativos a los guardias civiles, sea previamente informado por el Consejo de la Guardia Civil, trámite que no se ha cumplido. Como sabe la opinión pública, los Guardias Civiles no tienen derecho de negociación colectiva, de huelga o de manifestación por lo que no tienen otra forma de defender sus intereses económicos y profesionales que a través de sus representantes en el Consejo.
Por este motivo, que el Gobierno ignore este trámite obligatorio no sólo es una ofensa al colectivo de guardias civiles sino que ataca de lleno al derecho fundamental de participación, privándoles de la única herramienta legal que poseen.
Los guardias civiles tenían expectativas puestas en este trámite, en que sus representantes pudieran aportar en el informe elementos de juicio que el Gobierno o el Legislador pudieran tener en cuenta a la hora de redactar y aprobar la Ley de Presupuestos como, por ejemplo, que se incluya una dotación suficiente para proveer de material de protección (como chalecos) para todos los guardias civiles; que se corrija de una vez la despreciable clasificación retributiva de los alféreces (que siendo oficiales tienen sueldo de suboficial); que las subvenciones de los sindicatos policiales sean cuatro veces mayor que las de la Guardia Civil; una adecuada previsión presupuestaria para la dotación de plantillas…y un largo etcétera de asuntos que, como mínimo, deberían haber sido debatidos en el Consejo de la Guardia Civil pero que el Gobierno, en su tramitación, ha omitido.
Por ello la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), en tanto se dicte Sentencia, ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión de la tramitación de la Ley de Presupuestos hasta tanto no se subsanen los defectos en la tramitación y se restituya el Derecho Fundamental de los miembros de la Guardia Civil.
Lamentamos que un gobierno al que oímos a diario expresar en los medios de comunicación que las leyes están para cumplirlas y que van a exigir que la Ley se cumpla, sean los que incumplen trámites preceptivos exigidos por la Ley en un proyecto tan importante como el de presupuestos generales del Estado para el año 2016. En este sentido recordamos que el artículo 9 de la Constitución Española establece que “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
La infracción de esta norma se viene sucediendo año tras año, desde el 2008. Ha llegado el momento de decir basta y exigir a los distintos gobiernos, a los distintos poderes públicos, que cumplan la Ley del mismo modo que se nos exige que la cumplamos a todos los ciudadanos. Ahora será el Tribunal Supremo el que nos aclare si todos estamos sujetos a la Ley o por el contrario hay quienes pueden saltársela cuando estimen conveniente.
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ha recurrido ante al Tribunal Supremo el acuerdo del Consejo de Ministros de aprobación y remisión a las Cortes Generales de proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, por omitir trámites preceptivos exigidos por la Ley Orgánica 11/2007 de Derechos y Deberes de los Guardias Civiles (Arts 54.1 y 2) y que afectan directamente al derecho fundamental de participación, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española.
Dicha Ley Orgánica obliga a que cualquier proyecto de Ley que afecte a las retribuciones, o asuntos económicos relativos a los guardias civiles, sea previamente informado por el Consejo de la Guardia Civil, trámite que no se ha cumplido. Como sabe la opinión pública, los Guardias Civiles no tienen derecho de negociación colectiva, de huelga o de manifestación por lo que no tienen otra forma de defender sus intereses económicos y profesionales que a través de sus representantes en el Consejo.
Por este motivo, que el Gobierno ignore este trámite obligatorio no sólo es una ofensa al colectivo de guardias civiles sino que ataca de lleno al derecho fundamental de participación, privándoles de la única herramienta legal que poseen.
Los guardias civiles tenían expectativas puestas en este trámite, en que sus representantes pudieran aportar en el informe elementos de juicio que el Gobierno o el Legislador pudieran tener en cuenta a la hora de redactar y aprobar la Ley de Presupuestos como, por ejemplo, que se incluya una dotación suficiente para proveer de material de protección (como chalecos) para todos los guardias civiles; que se corrija de una vez la despreciable clasificación retributiva de los alféreces (que siendo oficiales tienen sueldo de suboficial); que las subvenciones de los sindicatos policiales sean cuatro veces mayor que las de la Guardia Civil; una adecuada previsión presupuestaria para la dotación de plantillas…y un largo etcétera de asuntos que, como mínimo, deberían haber sido debatidos en el Consejo de la Guardia Civil pero que el Gobierno, en su tramitación, ha omitido.
Por ello la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), en tanto se dicte Sentencia, ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión de la tramitación de la Ley de Presupuestos hasta tanto no se subsanen los defectos en la tramitación y se restituya el Derecho Fundamental de los miembros de la Guardia Civil.
Lamentamos que un gobierno al que oímos a diario expresar en los medios de comunicación que las leyes están para cumplirlas y que van a exigir que la Ley se cumpla, sean los que incumplen trámites preceptivos exigidos por la Ley en un proyecto tan importante como el de presupuestos generales del Estado para el año 2016. En este sentido recordamos que el artículo 9 de la Constitución Española establece que “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
La infracción de esta norma se viene sucediendo año tras año, desde el 2008. Ha llegado el momento de decir basta y exigir a los distintos gobiernos, a los distintos poderes públicos, que cumplan la Ley del mismo modo que se nos exige que la cumplamos a todos los ciudadanos. Ahora será el Tribunal Supremo el que nos aclare si todos estamos sujetos a la Ley o por el contrario hay quienes pueden saltársela cuando estimen conveniente.
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