Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), 09 de noviembre de 2015 / Artículo de Opinión / José Luis Poyal Costa (*) ASSOPRESS
Según el CIS, más del 70% de los españoles se declaran católicos, aunque el nivel de practicantes se reduce al 24%. Pudiera pensarse que este grupo practicante es relativamente pequeño, pero ocho o nueve millones de católicos, respecto a la dimensión de los que forman la estructura de la sociedad española- partidos, sindicatos, asociaciones y los no adscritos- es realmente determinante si llegase a una cierta unidad de acción, que podría surgir si se le machaca con sectarismos.
Es una irresponsabilidad atacar de forma vejatoria a todo lo que representa la Iglesia, olvidando que detrás hay millones de ciudadanos. Si además se utilizan falsos pretextos políticos, quedan en evidencia quienes son los auténticos demócratas. Con un mínimo sentido práctico no se entiende ese afán de molestar a una parte importante de la ciudadanía que incluye también a sectores que comparten principios de la socialdemocracia europea.
La última ocurrencia de Pedro Sánchez ha sido sacar la asignatura de Religión de todos los colegios y promover una escuela pública laica, donde no quepa la integración, ni en el curriculum, ni en el horario escolar de las enseñanzas profesionales. Se une a Podemos y al radicalismo para acabar con el actual marco legal de cooperación entre el Estado y la Iglesia y demás confesiones religiosas.
Es como si quisiera ganarles por la mano a las otras propuestas de cobrar el IBI a las obras sociales de Caridad y olvidando que con la excepción de Francia y Albania, la asignatura de Religión en las aulas se mantiene en la mayoría de las países europeos.
La Constitución es muy explícita en cuanto a garantizar la enseñanza religiosa en las escuelas. El artículo 272 dice: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos, de convivencia y los derechos y libertades fundamentales”.Y quienes tienen convicciones religiosas defienden que el hecho religioso es fundamental.
El artículo 273 afirma que “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Es un derecho de los padres, no de la Iglesia.
Como muy bien se ha dicho y repetido, no es preciso ser creyente, ni mucho menos practicante, para defender la conveniencia de que la escuela pública garantice la enseñanza de la Religión (no el adoctrinamiento en un credo) al que lo solicite y las familias conserven el derecho a decidir si desean o no que sus hijos cursen esa asignatura optativa.
Roza el sectarismo querer expulsar de la vida pública a la religión católica. La excusa para esta maniobra es la búsqueda de una presunta neutralidad del Estado. que ya está garantizada por la Constitución con la expresa declaración de la aconfesionalidad del Estado. Pero si se rasca un poco en algunas declaraciones, lo que de verdad aparece es un anticristianismo, oposición que no se ejerce con otras creencias.
Querer relegar a la Iglesia a las catacumbas no parece muy congruente con aprovecharse de su contribución social. Un dato: más de cuatro millones de personas (discapacitados, enfermos de sida, ancianos, madres solteras, huérfanos, reclusos, inmigrantes, indigentes y personas en condiciones de vulnerabilidad) son atendidas anualmente en los diversos centros vinculados a la Iglesia Católica.
Ninguna institución, ninguna empresa, administración pública u ONG, puede ofrecer unos resultados similares. La valoración económica de las actividades asistenciales es superior a los 30.000 millones de euros y la contribución del Estado no sobrepasa los 300 millones.
Con un detalle añadido, se asiste por criterios de solidaridad sin objetivos confesionales.
(*) Periodista. Historiador. Profesor Universitario
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