Canarias (España), 22 de abril de 2016 / presunto delito de prevaricación urbanística / Gabinete de Prensa.
El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, asegura en relación a la apertura de juicio oral por parte de la Sala de los Penal del Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC) contra la diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, Elena Luis, quien se encuentra acusada de un presunto delito de prevaricación urbanística, que “desde Coalición Canaria pedimos, en primer lugar, respeto para un procedimiento judicial abierto sobre el que se están vertiendo informaciones falsas e interesadas que nada tienen que ver con el expediente. No solo para la ahora diputada Elena Luis, que será juzgada en el Tribunal Superior de Justicia por su condición de aforada, sino también para los vecinos afectados por esta denuncia, uno de los cuales ha fallecido recientemente, y los técnicos municipales que emitieron los informes, que nada tienen que ver con la actividad política”.
Los hechos que se le imputan datan de 2011 cuando, la ahora diputada nacionalista era alcaldesa de La Guancha (Tenerife), y autorizó una Orden de Ejecución para solucionar unos desprendimientos que estaban poniendo en riesgo a las personas y los bienes, cuya peligrosidad estaba contrastada. Esta orden de ejecución, que contaba con todos los informes técnicos municipales favorables y, tal y como establece la normativa vigentes, obligó a los vecinos propietarios de la parcela a pagar las obras para su contención.
La denuncia, presentada por un concejal del PSOE del Ayuntamiento de La Guancha, era por: malversación de fondos públicos, que ha decaído porque no se sostiene, dado que los vecinos fueron los que pagaron la obra; atentado contra el medio ambiente, que también ha decaído, dado que la actuación es acorde al planeamiento; y prevaricación, que es la única acusación que se mantiene, pero que la entonces alcaldesa afronta con tranquilidad ya que disponía, a la hora de dictar la orden de ejecución, de todos los informes técnicos pertinentes y el convencimiento de que estos respetan la legalidad para resolver un problema de seguridad. “Desde el partido esperamos al fallo judicial teniendo en cuenta que se trata de una denuncia que afecta al ámbito administrativo y nada tiene que ver con haber “desviado cantidad alguna de la responsabilidad pública para obtener provecho económico para ella misma, para terceros o para el partido”, tal y como establece el Código Ético de CC”, asegura el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán.
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