| Evolución de la lista de espera de Rehabilitación en Canarias desde Sep. 2003 (Datos oficiales publicados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias) |
La publicación de las listas de espera “oficiales” quirúrgicas y de consultas externas hasta 31 de Diciembre de 2012 por la Consejería de Sanidad, ha mostrado y reafirmado la dramática tendencia que en los últimos años están padeciendo los usuarios que se encuentran a la espera de ser atendidos en rehabilitación. Esta especialidad, que destaca por mostrar los peores indicadores asistenciales, ha mantenido unas cifras alarmantes desde 2003, a pesar de los planes de choque y medidas extraordinarias (peonadas, turnos deslizantes, etc) que se han ido sucediendo paulatinamente.
La deficiente gestión de estas listas, enmarcada en una situación de carencia de recursos, están fraguando unos resultados que incidirán directamente en un aumento de los niveles de dependencia de aquellos usuarios que como resultado de esta demora inicien o agraven una situación previa de discapacidad.
Canarias posee las cifras peor valoradas de todo el territorio nacional en la aplicación de la ley de dependencia, alcanzando nuestra comunidad autónoma el porcentaje de dependientes en espera de recibir prestación o servicio, más alto de toda la media nacional. El X dictamen de la asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales de Enero de 2013 ha sido contundente al respecto:
“Se mantiene invariable el empecinamiento de otras comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) en no aplicar las prestaciones y servicios que esta ley contempla, poniendo a sus ciudadanos y ciudadanos en una situación de desprotección frente al resto, en una materia de protección social tan básica”
La Resolución del Consejo de Europa (98)9, definió la dependencia como: ́”Un estado en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o perdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen la necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar las actividades de la vida diaria (ABVD)”
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en 2004 la definió como:
"La situación en la que una persona con discapacidad precise ayuda, técnica o personal, para la realización (o mejorar el rendimiento funcional) de una determinada actividad". (Querejeta/González, Discapacidad/Dependencia)
Lamentablemente la relación entre demora en Rehabilitación - Aumento nivel/grado dependencia está descrita y probada, ya que por un lado se produce un perjuicio notable que incide directamente en la salud de las personas, y por otro se produce una sobrecarga económica y estructural al mismo sistema de dependencia y de prestaciones sociales.
El informe mundial sobre discapacidad, elaborado por la OMS y Banco Mundial en 2011 ya dejaba claro este punto:
“Las necesidades de rehabilitación no satisfechas pueden retrasar el alta médica, limitar las actividades, restringir la participación, deteriorar la salud, aumentar la dependencia de la asistencia de terceros y disminuir la calidad de vida. Estos resultados negativos pueden tener amplias repercusiones sociales y financieras para las personas, las familias y las comunidades.” (OMS-Banco Mundial, 2011)
Por todo ello, se hace más necesario que nunca una reforma conceptual, mediante el estudio y revisión de los procesos asistenciales más frecuentes en rehabilitación, junto con el desarrollo de vías clínicas consensuadas por todos los profesionales implicados en estos procesos, (incluyendo la participación social), habiéndose demostrado sin género de dudas como la prestación de servicios de rehabilitación multidisciplinarios y coordinados pueden ser eficaces y eficientes.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU supuso un punto de inflexión en el panorama legislativo internacional. Estableciendo incluso la posibilidad de denunciar ante este organismo internacional las violaciones a su articulado general. El 3 de mayo de 2008 España firmó y ratificó (de forma vinculante) esta Convención, más su Protocolo facultativo. En su artículo 25 referido a la salud se expone:
“Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;”
Artículo 26 Habilitación y rehabilitación
“1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas:
a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona;”
La estrategia española sobre discapacidad 2012-202, publicada por el Ministerio de Sanidad , Política Social e Igualdad, basada en una serie de recomendaciones de diferentes resoluciones de la Asamblea General de la ONU, en aplicación del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de la ONU establecía dentro de sus ámbitos de actuación, medidas estratégicas y un plan de acción que en su punto 6.8 citaba como medidas referidas a la sanidad:
“1. Fomentar, junto con las demás unidades competentes, la puesta en marcha de una Estrategia Sociosanitaria, que integren los recursos disponibles para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias..
2. Promover medidas que faciliten el uso de medios técnicos de apoyo con vistas a garantizar la vida independiente.
3. Desarrollar programas de detección y diagnóstico precoz de discapacidades.
4. Desarrollar medidas preventivas, incluyendo la adaptación ortoprotésica y la rehabilitación funcional, para reducir los riesgos de discapacidades sobrevenidas y el agravamiento de discapacidades preexistentes.
6. Aplicar el enfoque de género en las políticas sociosanitarias, que permita tomar en consideración las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.
Como pilar básico del éxito de este abordaje junto a otras disciplinas, (Medicina, Enfermería, Fisioterapia, etc) se encuentra la intervención mediante Terapia Ocupacional ya que desde sus principios fundamentales básicos, el objetivo de esta es lograr la independencia de la persona, y su instrumento, la ocupación. La Terapia Ocupacional es una disciplina socio-sanitaria cuya finalidad es utilizar actividades terapéuticas específicas individualizadas, encaminadas a prevenir, mantener y/o recuperar las funciones físicas, psíquicas y sociales, para alcanzar el máximo nivel de independencia en la ejecución de las actividades de la vida diaria y mejorar la calidad de vida.
La integración de la misma dentro del modelo sanitario multidisciplinar ha demostrado una mejora en lo resultados asistenciales, disminuyendo el periodo de estancia de los usuarios en los servicios de rehabilitación y unidades especializadas, con la consiguiente disminución del gasto sanitario por partida doble:
Disminuyendo los costes de permanencia intrahospitalaria y facilitando una vuelta a su entorno social, familiar y laboral precoz, con unos niveles de dependencia menores y una mejora drástica en la autonomía personal de los usuarios, lo que implica una menor sobrecarga del sistema de prestaciones.
La solución al dramático escenario, que está produciendo en muchos casos una situación de exclusión social y una vulneración de los derechos de la población afectada, no son difusas medidas coyunturales, pasa por una profunda revisión de esta enfermedad multiorgánica que afecta al sistema, con acciones participativas que permitan a todos los agentes implicados proporcionar una visión resolutiva a mas largo plazo.
