Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denuncia que el “Ayuntamiento tiene que derribar sí o sí el Mamotreto de Las Teresitas, ya que, según el último informe de los servicios jurídicos sobre la cuestión, fechado el pasado día 10, si tratara de legalizarlo, después de la sentencia firme, podría incurrirse en la comisión de un delito de prevaricación urbanística”. El edil de IUC afirma que “el alcalde se equivoca cuando dice que podría prevaricar si ordenara el derribo del Mamotreto. Es al revés, podría prevaricar si preservara alguna parte de ese edificio”.
Trujillo afirma que el informe de los servicios jurídicos, firmado por la directora técnico-jurídica, Luisa del Toro, es “claro, contundente y demoledor para las pretensiones del grupo de Gobierno de salvar el mamotreto”. El informe indica que, “utilizar el plan especial” de Las Teresitas para “legalizar las obras sentenciadas como ilegales”, haría que se incurriera en lo que, en términos jurídicos, se denomina “insinceridad de la desobediencia disimulada”. Tal circunstancia provocaría que un acuerdo adoptado en el marco del plan especial fuera, por una parte, “nulo de pleno derecho” y, por otra, “incurriría en desviación de poder”, con “las responsabilidades penales” consiguientes.
Al profundizar en la cuestión de si el Plan Especial de Las Teresitas sería legalmente suficiente para legalizar la parte del mamotreto que se encuentra fuera de la servidumbre marítima, el informe jurídico reitera lo establecido en dos informes previos. En ellos, “se argumentó acerca de la imposibilidad de legalizar obras decretadas, por sentencia firme, judicialmente ilegales a través de los instrumentos de planeamiento”. Es decir, al alcalde se le vuelve a repetir lo que ya se le dijo en dos ocasiones anteriores.
Trujillo señala que “el alcalde Bermúdez tiene tres informes jurídicos que le dicen los tres que no puede legalizar ninguna parte del Mamotreto a través del planeamiento. Ahora la pregunta es cuántos informes más necesita Bermúdez para ejecutar la sentencia”. En el informe de la semana pasada, se le recuerda al alcalde que, sólo si se dan “circunstancias de imposibilidad legal o material”, es posible no ejecutar la sentencia. Y que “no cabe considerar imposibilidad legal o material” una “futura modificación de la normativa urbanística para legalizar obras ilegales”.
Los servicios jurídicos le dejan claro a Bermúdez que la Sentencia del 19 de febrero de 2014 “es firme y tiene valor de cosa juzgada” y que, asimismo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife “está obligado a prestar la colaboración requerida en orden al estricto cumplimiento del fallo”. Queda muy claro que no hay excusas para seguir retrasando la demolición del Mamotreto, porque “no existe impedimento físico o jurídico para el cumplimiento de la Sentencia en sus estrictos términos”. Es más, se enfatiza que “conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, una previsible modificación normativa o del planeamiento no es razón para no cumplir la sentencia en todo su alcance y contenido”.
“Por lo tanto”, concluye Trujillo, “ya es hora de cumplir la ley y derribar ese monumento a la corrupción que es el Mamotreto. La corrupción cuesta a Canarias más de 400 millones de euros al año, por lo que el efecto ejemplarizante de derribar el Mamotreto será muy positivo para reducir el Producto Criminal Bruto del Archipiélago”.
