El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, lunes, 9 de octubre, la firma del convenio por el cual se formaliza los términos de la cooperación el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el Cabildo Insular de Tenerife para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento del derecho a las prestaciones del Sistema Canario para la Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Para la financiación de los informes sociales para el reconocimiento del derecho a las prestaciones del Sistema, propuestas de Programa Individual de Atención y realización de consulta respecto de personas que tengan reconocida la situación de dependencia, este acuerdo contempla la aportación por parte del Gobierno de Canarias de un total de 250.000 euros.
El acuerdo incluye la realización de actuaciones, por un lado, de emisión de informe en el que se detalle la situación social, familiar y del entorno al que se refiere el Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y, por otro, de elaboración de la propuesta de programa individual de atención y de realización del trámite de consulta sobre la propuesta de Programa Individual de Atención (PIA) de un mínimo de 600 personas que, declaradas en situación de dependencia por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sean usuarias de centros o servicios propios del Cabildo Insular de Tenerife o se encuentren concertados por el mismo.
La cooperación del Cabildo insular se llevará a cabo en coordinación con la Dirección General de Dependencia y Discapacidad de la Consejería de Empleo, Políticas y Vivienda, órgano este último competente para resolver la valoración de la situación de dependencia y la aprobación del programa individual de atención (PIA) a las personas en situación de dependencia reconocida.
De esta forma, será la Dirección General de Dependencia y Discapacidad la competente para dictar la resolución de la valoración de la situación de dependencia, para la aprobación del Programa Individual de Atención y la asignación de las prestaciones que establece la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
