IUC rechaza que el Ayuntamiento envíe al paro a los quiosqueros de Las Teresitas

Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, rechaza que el Ayuntamiento envíe al paro a quienes trabajan en los nueve quioscos de Las Teresitas, tras haber ordenado el cese inmediato de la actividad.

Santa Cruz de Tenerife (Canarias - España), 17 de septiembre de 2016 / Políticas - Izquierda Unida Canarias (IUC) / Gabinete de Prensa

Trujillo afirma que, “si las cosas se han hecho mal, la responsabilidad es de los sucesivos gobiernos municipales de Coalición Canaria, pero las consecuencias las van a pagar los trabajadores”. En su opinión, “es inaceptable que, después de más de treinta años, vengan a descubrir ahora la actividad clandestina de los quioscos, que carecen de licencia de apertura y de comunicación previa para el desempeño de la actividad”.

El edil de IUC considera que los trabajadores “son rehenes del caciquismo de Coalición Canaria, que toleró durante décadas la supuesta ilegalidad de los quioscos y así socavó los derechos de propietarios y trabajadores”.

El portavoz municipal de IUC ha registrado una pregunta escrita, dirigida al grupo de gobierno municipal, cuestionando los motivos que ha habido “para mirar para otro lado con respecto a la normativa municipal durante más de tres décadas”. El edil progresista cree que “esto puede interpretarse como una forma de granjearse apoyos políticos por no-decisiones que podrían interpretarse como favores”. 

Desde IUC, se exige que quienes trabajan en los quioscos no sean víctimas de las chapuzas caciquiles acumuladas por CC.

La Junta Electoral envía a Fiscalía un acto de CC en San Andrés denunciado por IUC

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 21 de junio de 2016 / Elecciones Generales 26J - Izquierda Unida Canarias (IUC) / Gabinete de Prensa.

La Junta Electoral Provincial ha desestimado las alegaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de la Autoridad Portuaria a la denuncia presentada, por Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, por el acto celebrado en San Andrés, el pasado día 10 de junio, en el que se festejó la terminación del dique semisumergido. IUC argumentó que la presencia del alcalde y candidato al Congreso de los Diputados por CC, José Manuel Bermúdez, equivalía a una inauguración en período electoral, algo prohibido por la ley.

La Junta Electoral Provincial ha trasladado la denuncia de IUC al Ministerio Fiscal, para valorarla, y para que, “en caso de carecer de trascendencia penal”, se evalúe si se incoa o no “expediente sancionador”. Coalición Canaria ha presentado un recurso de alzada e IUC un escrito ampliando sus argumentos.

IUC insiste en su argumento de que “una fiesta de inauguración de obra pública lo es aunque se llame de otra manera, aunque se convoque a través de una asociación vecinal y aunque se financie, por ejemplo, con fondos de la empresa adjudicataria”. El resultado sigue siendo “un acto social en el que las autoridades usan la terminación de la obra pública para el autobombo electoral”.

Desde IUC, se plantea que no se puede presuponer que toda asociación vecinal, o todos los integrantes de su directiva, sean apartidistas. Por lo tanto, la convocatoria de un acto como el de San Andrés siempre podrá hacerse, para eludir la ley, desde una asociación con integrantes afines a CC, lo que permite afirmar que no convocan, ni el gobierno municipal, ni uno de los partidos que lo sustentan. Si, además, se considera que la financiación del acto de celebración del fin de una obra pública puede ser costeado por la empresa adjudicataria, estaríamos ante algo equivalente a una financiación pública indirecta. De manera que la ley carecería de efecto si se permiten actos públicos en período electoral equivalentes a inauguraciones, con presencia de responsables políticos, financiación de terceros o empresas adjudicatarias y convocatoria por parte de asociaciones con integrantes afines a quienes gobiernan.

Ramón Trujillo vota contra el convenio regulador del transporte municipal porque "dibuja la senda de la privatización de TITSA"

El concejal de IUC en el Ayuntamiento de Santa Cruz cree que el equipo de Gobierno no ha buscado alternativas para mantener el carácter público de la compañía

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 2 de abril de 2016 / Políticas - Izquierda Unida Canarias (IUC) / Gabinete de Prensa.

Ramón Trujillo votó hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz contra el convenio para la regulación del Transporte Urbano de viajeros en el municipio, suscrito entre la corporación local y el Cabildo de Tenerife, porque considera que "abre la senda para la privatización de TITSA", la compañía de transportes insulares.

Trujillo afirmó que en el texto del convenio hay varios aspectos “preocupantes”."El próximo año coinciden la finalización del convenio con el Cabildo y la vigencia del convenio colectivo, lo que hace suponer que se abre la senda de la privatización de TITSA", dijo el concejal de Izquierda Unida, que también subrayó que en el texto se habla directamente de la "subrogación de los trabajadores" de la compañía.

Aseguró que la pérdida de viajeros que ha venido sufriendo la compañía se está supliendo con el “encarecimiento del servicio” y pidió un “esfuerzo” al equipo de Gobierno (Coalición Canaria y Partido Popular) para “buscar mejoras” que mantengan la gestión directa del servicio y no su privatización.

El concejal de la coalición de izquierdas afirmó que el convenio debe revisarse para incluir mejoras sociales porque actualmente los bonos sociales sólo representan un 1 por ciento del total.

CC y PP remitirán a los servicios jurídicos las cláusulas sociales propuestas por Iuc para comprobar si se ajustan a la legalidad

 El equipo de Gobierno se comprometió a emitir un informe a la luz de “la legalidad, la publicidad y el mercado”

Sí se Puede apoya la moción porque supondrá un control sobre las empresas que impedirá que se repitan casos como el despido de Yurena del albergue

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 2 de abril de 2016 / Políticas - Izquierda Unida Canarias (IUC) / Gabinete de Prensa.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, acordó hoy remitir a los servicios jurídicos de la corporación local la moción presentada por Izquierda Unida Canaria para incluir cláusulas sociales en los contratos públicos aduciendo que algunas pueden ser “alegales” y que es necesario “una revisión del texto”. “Tampoco podemos situarnos en una situación de no mercado estableciendo condiciones leoninas que imposibiliten la concurrencia de las empresas”, dijo el concejal del área.

Asún Frías, concejala de Sí se puede, apoyó la moción porque “viene a completar la presentada por Ssp en 2011” y que ya adoptó la corporación local, “porque añade la nueva normativa comunitaria europea”. Frías afirmó que el texto de la moción tiene en cuenta también factores como la dimensión comunitaria del proyecto, el retorno social del contrato o su adaptación a las necesidades de los grupos receptores, exigencias “que impedirán despidos como el de Yurena del albergue municipal”, refiriéndose al caso de la trabajadora a tiempo parcial en grave riesgo de exclusión social despedida del albergue municipal por llevarse tres panes y unas lonchas de queso para dar de comer a sus hijas.

La moción presentada por Izquierda Unida Canaria pide que incluyan en los contratos públicos las clausulas de igualdad y estabilidad laboral, entre otras. Además propone que se premie a las empresas que fomenten la contratación de personas con dificultades de acceso al mercado laboral o colectivos especialmente afectados por el desempleo: mayores de 45 años, jóvenes menores de 30 años, personas paradas de larga duración, mujeres con especiales dificultades: mujeres con cargas familiares no compartidas, víctimas de violencia de género, con discapacidad y transexuales.

También plantea establecer un criterio de puntos para aquellas empresas que desarrollen políticas de fomento de empleo entre las personas con discapacidad, así como aquellas que beneficien la contratación de mujeres y a las que se comprometan a aplicar una serie de  medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar en la ejecución del contrato y que mejoren los mínimos establecidos para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.

Ramón Trujillo defendió en la sesión plenaria celebrada hoy en la corporación local la aplicación de estas medidas, que ya están siendo adoptadas por numerosos ayuntamientos del país. Estas nuevas normas fijan una serie de criterios de protección de los trabajadores y de sus puestos de trabajo en un momento de crisis aguda de los derechos laborales.

Izquierda Unida propuso puntuar también factores como la dimensión comunitaria del proyecto, el retorno social del contrato o su adaptación a las necesidades de los grupos receptores; todas medidas que vienen a subrayar la necesidad de establecer acuerdos contractuales adaptados a la situación económica y social que atraviesa la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

En el apartado de Calidad en el empleo, la moción establece una serie de compromisos que deberán ser adoptados por la empresa que aspire a un  contrato con el Ayuntamiento. Recibirán mayor puntuación aquellas que implementen sistemas de participación democrática y de toma de decisión de los trabajadores y trabajadoras que ejecutarán el contrato o que incluyan acciones de educación, formación e información para la plantilla y que tenga en cuenta la perspectiva de género. Incluye además la posibilidad de que la empresa que incumpla las obligaciones contractuales de las cláusulas sociales sea penalizada económicamente y el contrato sea rescindido.