Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria), 30 de agosto de 2012 / Artículo de Opinión / Por Joaquín Sagaseta (*)
No por ser continuidad de una línea por donde cursaba decidida la política de la social democracia de derecha, la brutalidad sin precedentes de esa reforma desautoriza al gobierno del PP y de la gran patronal en su pretensión de compartir responsabilidades.
Los resultados son de una elocuencia social terrorífica, se baten estremecedores récords en la cifra de parados y se degradan en extremo todas las condiciones de trabajo y existencia de la población asalariada. Al tiempo se desmantelan, se amputan o recortan drásticamente los instrumentos y prestaciones de salario indirecto y redistribución de la riqueza: la generalidad de los servicios sociales, la protección de la seguridad social y de la dependencia, los servicios sanitarios y educativos públicos, la fiscalidad progresiva…
En estos días ha salido a la superficie el balance de la reforma en lo que concierne a los ERE -Expedientes de Regulación de Empleo y despidos colectivos-.
Como se sabe la “autorización administrativa” para los despidos por medio del ERE, que requería la legislación derogada, incomodaba a la patronal como diente de ajo a vampiro. Se exponían a que los inspectores responsables y limpios, que eran y son muchos, les obligaran a sacar de los armarios los cadáveres mejor guardados: ¡las cuentas reales!. Justamente por eso los trabajadores contaban con un margen no despreciable de resistencia. A la “autorización” la patronal se la tenía jurada.
Aquel requisito traía su fundamento directamente de las obligaciones que impone a la administración el orden constitucional y las normas donde se expresa el estado social: el trabajo como derecho (Art. 35 CE), políticas orientadas al pleno empleo (Art. 40 CE), función social de la propiedad (Art. 33 CE)…
La liquidación de la autorización previa para los despidos colectivos, vieja reivindicación de la patronal, es una de las “perlas” de la “reforma”. Con ello se debilitó sobremanera la posición de los trabajadores, de sus representantes y de los sindicatos en toda la fase de negociación. Ha sido por esto y por las máximas facilidades para despedir a destajo, sin causa real que lo justifique, por lo que desde la entrada en vigor de la “reforma laboral” el ERE ha caído en las manos de la patronal como picana destripadora del derecho al trabajo y a la estabilidad en el empleo.
Los ERE se han multiplicado exponencialmente, de forma muy particular los ERE sin acuerdo, o lo que es lo mismo, los despidos en masa de trabajadores indefensos: en febrero el 10% del total de ERE -254- se llevaron a efecto sin acuerdo, en marzo ya fueron el 29% -900-, en abril el 56% -1543- y en mayo la cifra ascendió al 68% -2047-.
Si algo es irrenunciable para el campo de la democracia real en general, y para el movimiento obrero en particular, es la derogación de la llamada “reforma laboral”. En ella se relame la sádica “moral” del gran capital, la burguesía decadente y la derecha ultrareaccionaria-“que se jodan”-, no en vano representa la mayor regresión en el conjunto de los derechos de los trabajadores en los últimos 40 años y el más feroz ataque al estado social y democrático de derecho.
(*)Abogado laboralista. Las Palmas de Gran Canaria.