Madrid, 21 de febrero de 2012 / Orden Público - Artículo de Opinión / Juan Carlos Monedero (*)
Viendo a la Iglesia moverse bajo palio verbal. Viendo a la patronal pretendiendo tratar a los trabajadores como esclavos. Viendo a la prensa reaccionaria actuar con maneras de prensa del movimiento. Viendo a los responsables de la policía llamar a los que ejercen el derecho constitucional a la huelga”enemigos”, no quedan muchas dudas de que hay gente que quiere suspender la Constitución de facto.
En otros momentos de la historia tocó defender Madrid. Lo que está pasando en Valencia, si tiene éxito, va a intentar ser aplicado en la capital-ya están en ello-, y también en Andalucía, en Asturias, en las Castillas o en Extremadura. De manera que lo que está pasando allí nos está pasando a todos. ¿Dónde está el límite? ¿Hay dejar que la derecha siga pisoteando la Constitución que nunca quiso votar?
Siempre han existido “zonas marrones” donde el Estado no ha actuado. Pero ahora, vista la actuación de la policía en Valencia y las amenazas de la delegada del Gobierno en Madrid, se trata del Estado convertido en un órgano de represión a favor del desmantelamiento del Estado social. ¿Van a volver a la disciplina de la dictadura?
Nos estamos jugando la democracia. Aunque, noqueados, aún no nos atrevamos a verlo. ¿Desde dónde se defiende? La parlamentarización de los conflictos, con la que se pretendía gestionar los derechos ganados en las calles, ha agotado su capacidad transformadora. Toda organización se ajusta por su eslabón más débil. Sin presión ciudadana, ese eslabón son los trabajadores, los parados, los pensionistas, los inmigrantes, las mujeres.
Los partidos democráticos parecen tener dificultades para bajar a la calle con su pueblo -algo que el PP no dudó en los últimos cuatro años de Zapatero- y parecen, bien prudentes, preferir quedarse con los gestores de la represión en ese sitio, el Parlamento, donde se está convirtiendo la legalidad en ilegalidad, el derecho a un trabajo digno en despido libre, el derecho a la educación en privatización de la enseñanza, el derecho a una vivienda digna en desahucios, el derecho a una pensión en ahorro forzado de por vida, el derecho a la salud, en un albur mercantilizado en un juego marcado cada vez más monopólico. Y el derecho constitucional a la manifestación en una ocasión para reprimir a cualquiera que haga valer su voz, sean adolescentes, invidentes, mujeres o ancianos, con tal de que protesten.
Las últimas veces que nos quedamos en casa se quedaron ellos en las nuestras cuarenta años.
(*) Juan Carlos Monedero es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y Director del Departamento de Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales.
