Las Palmas de GC, 4 de mayo de 2012 / Artículo de Opinión / S. Rodríguez.
Hasta
hace muy poco tiempo yo pensaba que eso de vivir en un estado de derecho era
una suerte increíble que nos garantizaba, por encima de cualquier otra cosa, el
derecho a recibir una justicia en el amplio sentido de la palabra. Pensaba
igualmente que en un estado de derecho se velaba por que nada fuera ilegal, por
que no se cumplieran abusos de ningún tipo, y se analizaban con lupa esos
abusos que, desgraciadamente, tanto se cometían en el Régimen anterior por
quienes ostentaban (e incluso detentaban) el poder. Pensaba, también hasta hace
poco, que cualquier indicio de abuso de poder iba a ser investigado, y por
supuesto castigado, con total seguridad. Me sentía feliz y tranquila por tener
la suerte de vivir en un estado de derecho.
Hace
unos días me entero de una noticia asombrosa, extraña y ¿por qué no? también
preocupante: el mismo Tribunal que hace unos años declaró ilegal la
construcción de las torres del Canódromo, el mismo, con los mismos argumentos y
datos sobre la mesa, se desdice de su sentencia anterior y afirma que está todo
O.K., que las torres son legales, el Plan legítimo, los políticos unos santos… y
aquí paz y en el cielo gloria.
Pero
la cosa va más allá. Hay un pequeño detalle que pasa inadvertido a políticos
que celebran los vaivenes de jueces que hoy deciden lo contrario que decidieron
ayer como una veleta al viento: una jueza se mantiene coherente con la
sentencia anterior y sigue señalando desviación de poder, algo que, según
(repito) creía yo hasta hace poco tiempo, debía de ser algo muy grave en un
estado de derecho. Parece, para mi pesar (y creo que para el de otras muchas
personas), que eso no significa nada, porque nada va a cambiar las cosas por el
hecho de que los políticos hagan un uso indebido de su poder.
Tristemente
los políticos de distinto color, esos que tanto denunciaban la política de
abusos y desviaciones de poder del otro Régimen, no se pronuncian, no se
enteran (o no se quieren dar por enterados) de las preocupantes declaraciones
de la magistrada. Y lo que es aún peor, tampoco parece que, de la misma manera,
los jueces nos van a defender de este tipo de abusos, que tan frecuentes eran
(me vuelvo a repetir, lo sé) en el régimen anterior. Por lo que se ve, pueden
seguir existiendo estos tipos de actos que políticos y justicia los seguirán
permitiendo, tapando y ocultando, garantizando total impunidad a quienes los
cometen.
En
definitiva, qué gran desilusión ha sido que no vivo en el estado de derecho que
yo creía, donde políticos, gobernantes o de la oposición, y jueces velarían y
garantizarían que nadie pudiera hacer uso (mucho menos abuso) inapropiado de su
poder.
