- El Alcalde recordó que será este gobierno local el que tendrá que hacer frente a la indemnización de 115.000 euros a la que se ha condenado al Ayuntamiento por la reducción de retribuciones aprobada en el anterior mandato
- Augusto Hidalgo recordó que esta “herencia” se une a la de la sentencia de la Biblioteca Pública del Estado. “Esperemos no tener que pagar otra indemnización en este caso, si no, tendremos que recordar a Cardona que somos nosotros los que pagamos sus desaguisados”
Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), 31 de julio de 2015 / Pleno Ordinario / Gabinete de Prensa.
El Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, manifestó hoy, al término de la sesión plenaria, su “extrañeza” con la valoración realizada por el grupo municipal del Partido Popular (PP), a raíz de la sentencia que da la razón a los habilitados nacionales (altos funcionarios del Estado destinados en el Ayuntamiento), contra la decisión del anterior gobierno local de recortarles las retribuciones. “Esta sentencia firme nos obliga, ahora, a pagar con carácter retroactivo 115.000 euros a estos habilitados nacionales. Por tanto, me parece realmente sorprendente que el PP haya dicho hoy que este es un ahorro para la administración”, manifestó el Alcalde, “en todo caso habrá sido un ahorro para el PP,pero ahora ese dinero lo van a pagar todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria por esta sentencia”.
Hidalgo achacó este fallo judicial, contrario a los intereses del Ayuntamiento, a la “falta de interés” del anterior gobierno, liderado por el PP, de contar con estos habilitados. “No son capaces de entender la estructura de gobierno de este Ayuntamiento, y mira que han gobernado la ciudad varias veces. Pero aún así, tenemos que explicar al PP que un habilitado nacional está en este Ayuntamiento para velar porque se cumpla la Ley”, añadió.El regidor, incluso, pidió al PP que dé una explicación a su forma de actuar en el pasado mandato con los habilitados nacionales destinados en el Ayuntamiento. “Debería explicarnos el PP por qué de los nueve habilitados nacionales que había antes, y que la Ley dice que debería tener una gran ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, ahora sólo tenemos a dos. Este Ayuntamiento no tiene interventores, y había tres, tampocotiene tesorero… Los habilitados, que son funcionarios que controlan a la administración, han huido, han sido expulsados de facto de la ciudad por el PP. Todo porque, al coste que el PP sacó a concurso las plazas, ningún habilitado quiere venir. Prefieren irse a un pueblo dónde cobran más, que a una gran ciudad como esta. Nosotros haremos un esfuerzo para cubrir todas esas plazas y, además, tomando decisiones acorde a la legalidad”, aseveró Hidalgo.
El alcalde también se refirió al apoyo dado por el Pleno, mediante una declaración institucional firmada por todos los grupos políticos, a las iniciativas del tripartito para intentar evitar el derribo de la Biblioteca Pública del Estado, ordenado por otra sentencia judicial. “Nuestra intención con este asunto es que haya una solución definitiva y que no haya medida indemnizatoria ninguna. Si no, tendríamos que recordar al señor Cardona de nuevo, igual que como he hecho con la sentencia de los habilitados nacionales, que tendremos que pagar nosotros los desaguisados de gobiernos anteriores como el suyo”. Hidalgo recordó que esas “decisiones del pasado” pueden lastrar el mandato actual. “El problema de la Biblioteca lo generó un gobierno del PP dirigido por el señor Soria, que ahora es ministro, y con un concejal de Urbanismo, Cardona, que ahora lidera la oposición municipal. Pues bien, esta responsabilidad la vamos a tener que solventar nosotros y lo vamos a hacer de la mano del Ministerio de Cultura y con una solución que sea definitiva, como no puede ser de otra manera”, señaló el regidor.
Subestación de La Cícer
Finalmente, Augusto Hidalgo también aludió a otro proceso judicial que afecta a la ciudad y que, en este caso, da la razón al Ayuntamiento, el caso de la subestación eléctrica de La Cícer. “Desconozco aún, de forma oficial, cuál es la voluntad de la empresa afectada, Endesa, pero la sentencia deja claro que ese es un espacio libre y que no cabe que ahí vaya una subestación eléctrica”, subrayó el alcalde. Hidalgo afirmó que colaborarán con las eléctricas para facilitar el traslado, pero negó que el Ayuntamiento vaya a asumir el coste de esa operación. “Será Endesa la que tenga que asumir los costes, en conjunto con Red Eléctrica. Nosotros centraremos nuestro esfuerzo en facilitarles otra localización, suelo fuera del núcleo urbano, pero la empresa implicada, que ha perdido el proceso judicial, que asuma la responsabilidad y el coste del traslado”, concluyó el alcalde.
