El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe) se presentó hace unos días en sociedad con un informe sobre el “Planeamiento y la Gestión Racional del Territorio en Canarias”, en el que, entre otras cosas, solicita al Gobierno de Canarias modificar el articulado de la Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del Turismo de Canarias al considerar que, “en un exceso de prudencia, crea nuevos obstáculos” para la tramitación del planeamiento, al no permitir alteraciones del modelo en las modificaciones y revisiones de los planes generales. Alegan para ello un “desbarajuste clamoroso” provocado por la moratoria turística de 2001-2003, describen un escenario de gran confusión en el que las administraciones locales y la Comunidad Autónoma se desenvuelven erráticamente debido a una “maraña legislativa” de 17 leyes, decretos y reglamentos diferentes y se quejan de que esta situación, “lejos de dar mayor eficacia a la planificación de los recursos, obstruye las iniciativas inversoras y frustra cualquier tipo de actividad empresarial”.
Naturalmente, y sobre todo por venir de quien viene (el sector económico-empresarial de Canarias, presidido por Ángel Ferrera), tanto el informe como la solicitud han levantado de inmediato las suspicacias de los sectores implicados en la protección y conservación del territorio y el patrimonio canario, cuando no la oposición apriorística de cualquier propuesta que provenga de lobbies que, efectivamente, en el pasado se han mostrado poco sensibles con nuestros recursos naturales y, en el presente, poco reseteados porque, como firmaba Juan García Luján en un artículo, “siguen pensando que desarrollo es igual a crecimiento, bienestar social es igual a PIB, Estado de Bienestar es igual a intervencionismo y privilegios” a pesar de que los datos sobre empobrecimiento, desempleo y recortes sociales a nivel mundial evidencian lo contrario.
Una cosa hay que reconocerle al Catpe, y es que, al convertir en un problema urbanístico los problemas que afectan en efecto boomerang al poder económico, ponen en evidencia lo importante que es en Canarias la cuestión territorial y lo imprescindible que es estar reflexivamente atentos a cualquier aspecto que tenga que ver con ella.
Es cierto que para el ordenamiento sostenible del Archipiélago resulta traumático el hecho de que la planificación del suelo municipal esté todavía en pañales, hasta el punto de que sólo 20 de los 89 municipios de la Comunidad tenga planes urbanísticos al día, siendo el de Gran Canaria el caso más grave ya que, de 21 municipios, únicamente dos (Gáldar y Agaete) tienen Planes Generales plenamente revisados y adaptados a la legislación, resultando delirante que los sucesivos gobiernos de los dos municipios turísticos por excelencia, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, estén enfangados políticamente en intereses espurios y sin perspectivas de ofrecer solución técnica, lo cual ha provocado la deriva de inversiones potencialmente interesantes hacia Tenerife, donde están, no mucho, pero sí un poco más espabilados en esta materia. Y también es cierto que la ‘maraña legislativa’ entorpece la comprensión, no sólo por parte de los empresarios, del objetivo planificador, favoreciendo en muchos casos que se roce los límites de la legalidad.
Pero en lo que no cae la Catpe —porque, a traspiés de la historia y el entorno cultural, aún no han interiorizado el concepto de sostenibilidad— es en el conjunto de ingredientes que hay que tener en cuenta en ‘el planeamiento y la gestión de los recursos’ para propiciar bienestar y prosperidad. Planeamiento no significa elaborar planes para garantizar el crecimiento económico de un sector en particular; significa administrar con sensatez unos recursos naturales —y agotables— de propiedad colectiva con los que buscar cierta calidad de vida general.
En el caso de Canarias, los ingredientes a tener en cuenta en el planeamiento moderno están claros porque expertos y sufridores llevamos mucho tiempo estudiándolos: lejanía de los centros de economía productiva; descuido del sector primario (agricultura y pesca); ausencia del sector secundario (industria y manufactura); dispersión de los centros residenciales, laborales y de ocio; desproporcionada densidad demográfica; fragmentación, exigüidad y fragilidad del territorio; ocupación desordenada de las franjas litorales; indiferencia absoluta hacia la economía extensa (Humanismo+I+D+i)… Todas estas ‘peculiaridades’ nos han colocado, básicamente, en situación de extremas dependencias de orden económico, alimentario, productivo, energético, de consumo, patrimonial, tecnológica y cultural, a las que hay que sumar condicionantes sobre los que no podemos intervenir y que involucionarán irremediablemente la cierta calidad de vida que pudimos haber tenido de haber actuado sensatamente, como el cambio climático, el encarecimiento de los combustibles fósiles previo a su agotamiento, el consecuente encarecimiento de los transportes, la penalización fiscal por emisiones contaminantes o el ya constatado asesinato de la gallina de los huevos de oro, también llamada en nuestro caso patrimonio y paisaje.
El territorio no es un jardín utilitario dispuesto por los dioses para consumo del ser humano; es el útero en el que se implanta el germen de toda actividad humana, que puede ser finalmente letal para la madre si se desarrolla una única actividad invasiva y monocolor. En medicina a este proceso se le llama tumoral, y es el diagnóstico, irreversible para más dolor, que por unanimidad han hecho los ‘médicos’ urbanistas, alertándonos desde hace años de la muerte segura del casero y de los inquilinos si no se protege el territorio que nos cobija.
Para más inri, este proceso de tumoración se ha visto alentado por los creadores de la crisis mundial, para quienes todo vuelve a valer en pos de la recuperación del ‘pleno’ empleo y la economía. Con esta excusa, que le viene fenomenal a las células cancerígenas, se pretende la desregulación territorial para acelerar un crecimiento ¡¡del tumor!!, invirtiendo en nuestro suicidio miles y miles de millones de euros en expansión inmobiliaria, macro infraestructuras innecesarias, perpetuación de los errores del sistema o proyectos faraónicos delirados, ‘convencidos’ de que el consumo del territorio genera riqueza, sin querer entender que esta voracidad es como si el feto devorara la placenta que le da de comer antes de nacer.
Es el momento, pues, de dejar de ensayar con champán, y abordar la cuestión territorial desde modelos diferentes al que nos ha llevado a la ruina, económica y socialmente. Es el momento de transformar la mentalidad consumista y finalista de los años 70 para poner en práctica lo que demostradamente está funcionando en otros territorios igual de amenazados, con la sostenibilidad como norte de todo ensayo, esto es: conservando el residual patrimonio natural y paisajístico que nos han dejado; restableciendo la productividad del suelo agrario y del medio marino, cuidándolos como los recursos estratégicos que son; adaptando la oferta turística y de servicios a las nuevas demandas de los propios consumidores; planificando con sensatez los sistemas de movilidad y accesibilidad; desarrollando y potenciando las energías renovables; o invirtiendo en la industria de la cultura extensa (H+I+D+i).
Si los empresarios de la construcción están reclamando la desregulación del territorio para poder invertir, quiere decir que hay dinero para invertir, sólo que, contra corriente y contra natura, quieren hacerlo en un sector exiguo, agotado, que no da más de sí. Es el momento, por tanto, de que la sociedad canaria en su conjunto, incluyendo por supuesto a técnicos y políticos, pongamos en práctica la labor pedagógica de decirles a nuestros empresarios y emprendedores qué tipo de futuro queremos, que ‘desarrollo’ y ‘sostenible’ son términos contradictorios, que los tiempos exigen renovación por parte de todos y que estamos dispuestos, por el bien de nuestra tierra y de la psicología colectiva, a apretarnos el cinturón en el consumo de los recursos agotables. Es definitiva, que hay que ponerle techo a la falsa idea de que el consumo de suelo genera riqueza porque tenemos la triste experiencia de que no es así.
(*) Matías Campos Hernández (Secretario Federal del CENTRO CANARIO NACIONALISTA – CCN y candidato al Parlamento de Canarias)
