Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, afirma que “el alcalde José Manuel Bermúdez debe cesar al concejal Dámaso Arteaga por haber votado, en 2002, a favor de la compra de la Casa Siliuto, efectuada por el Ayuntamiento, a un precio que superaba en 279.781 euros el valor establecido por los técnicos municipales”.
El edil de IUC señala que, por una parte, Arteaga ha sido eximido de responsabilidad penal por el Auto fechado el pasado día 27 de mayo, tal y como pedía IUC en su escrito de acusación, y, por otra, el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido que el concejal Dámaso Arteaga, junto con otras ocho personas, sean objeto “de la correspondiente pieza separada de responsabilidad civil” para que aporten una fianza de 279.781,09 euros.
Trujillo apunta que el alcalde Bermúdez emitió un decreto autorizando a los servicios jurídicos del Ayuntamiento a presentar un escrito de acusación en el denominado Caso Siliuto, a raíz del ofrecimiento del Juzgado de Instrucción. Y es precisamente en ese escrito de acusación, elaborado por los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento, en donde se pide responsabilidad civil a Dámaso Arteaga por el daño causado a las arcas públicas municipales.
Por estos motivos, el edil de IUC considera que, “ya que Bermúdez le pide responsabilidad civil a Arteaga, debe pedirle también responsabilidad política y cesarlo”. Para Trujillo, “el Siliutazo y los problemas de comprensión lectora en relación a la sentencia que ordena el derribo del Mamotreto evidencian el ADN ultraperiférico y ultracaciquil del grupo de gobierno municipal”.
