Los datos de la encuesta de población activa (EPA), sitúan a Canarias - con un 34,27% de desempleo -, como la tercera Comunidad Autónoma con mayor cifra de desempleo, tras Andalucía y Extremadura. Esta pérdida continuada y acelerada de empleo, es consecuencia directa de las políticas de austeridad llevadas a cabo por el gobierno central y por la inacción del gobierno autonómico en cuanto a redimensionar el sector público.
Los ajustes se han centrado en gran medida por el lado de los ingresos. Las subidas de impuestos en una etapa de fuerte recesión, la dificultad de acceso al crédito y la reforma laboral, entre otros, han acabado por hundir el consumo y propiciado una enorme desconfianza entre las familias y las empresas.
Los ajustes por el lado de los gastos casi brillan por su ausencia. No se ha llegado a producir ajustes serios en el enorme sector público canario, caracterizado por una multiplicidad de administraciones con competencias solapadas y por numerosas empresas públicas deficitarias. La burocracia que supone tantas administraciones, conlleva aparejada la existencia de numerosas normas, que dificultan sobremanera la
generación de empleo.
La precariedad en el empleo y la altísima tasa de paro juvenil no se pueden combatir sin un audaz plan de choque, que no puede liderar un gobierno resignado e incapaz.
