Así lo explicó hoy el director general de Comercio y Consumo, Gustavo Matos, que ha mantenido ya reuniones con la red de OMIC de la provincia de Las Palmas y mañana lo hará con las de la provincia de Santa cruz de Tenerife. “Tratamos de encontrar una solución coordinada para que, a pesar de esta normativa estatal que perjudica gravemente a los ciudadanos, podamos encontrar una fórmula legal que nos permita seguir prestando el servicio en los municipios”, afirmó.
Según explicó Matos, esta es solo una de las competencias que se ven afectadas pro al Ley 27/2013, que ha encontrado la oposición frontal de muchas corporaciones locales, y se trata de una competencia muy importante, que en ningún caso puede asumir el gobierno de Canarias en exclusiva.
“Hay una enorme preocupación entre los ciudadanos, los ayuntamientos y los trabajadores municipales en torno a la aplicación de esta ley. Sería una auténtica catástrofe para la ciudadanía que los ayuntamientos dejaran de prestar este servicio, ya que se les obligaría a tramitar sus quejas y reclamaciones únicamente ante el Gobierno de Canarias, sin tener en cuenta el lugar en el que residan ni las dificultades que se ocasiona a los consumidores”.
A su juicio, esto supone “un gran paso atrás, que hace que las personas desistan de ejercer sus derechos de defensa, lo cual añade más indefensión a la que ya sufren los ciudadanos y coloca el trabajo de protección al consumidor en una situación muy delicada”.
Gustavo Matos insistió en el perjuicio que ocasiona el Gobierno central a los ciudadanos con el desmantelamiento de las OMIC y destacó la labor de información, asesoramiento y orientación a los consumidores que realizan en el ámbito municipal, el más cercano a la ciudadanía.
