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viernes, 7 de febrero de 2014

Migreurop exige la creación de una comisión parlamentaria sobre las prácticas policiales en el control de fronteras en Ceuta y Melilla


Madrid (España), 07 de febrero de 2014 / solidaridad / Gabinete de prensa.

En la mañana de ayer, un grupo de cerca de 400 personas, muchas procedentes de países en los que hay conflicto, persecuciones y violaciones de derechos humanos, han intentado llegar a territorio español a través de la frontera de Ceuta con Marruecos. 

Según la información obtenida, sobre las siete de la mañana, un grupo de más de 200 subsaharianos intentaron saltar la valla fronteriza en la zona del puente del Tarajal, donde tanto la Guardia Civil como la Gendarmería marroquí utilizaron abundante material antidisturbios para dispersar a estas personas.  Fruto de esa intervención y cuando estas personas se lanzaron al agua -según diferentes fuentes huyendo de la intervención policial- se produjo la muerte de las 10 personas -4 por aplastamiento- en el paso fronterizo del Tarajal, que fue cerrado para evitar la entrada de estas personas. 


Estos hechos ponen de relieve, junto con el rescate ayer mismo de 1.200 personas en Lampedusa, el absoluto fracaso de las políticas migratorias españolas y europeas obsesionadas por el blindaje de las fronteras y por medidas que ni tienen en cuenta la realidad de los países de origen, ni cualquier consideración de tipo humanitario y que impiden, en muchos casos, el acceso a la protección internacional a potenciales personas refugiadas.

Ante esta situación, las organizaciones pertenecientes a Migreurop España exigimos el establecimiento de procedimientos que prioricen el deber de socorro y el respeto de los derechos humanos de las personas que intentan llegar a nuestro país. Asimismo, instamos a la creación de una comisión parlamentaria que investigue de forma inmediata y urgente las prácticas habituales en el control de las fronteras de Ceuta y Melilla, y en concreto que se investigue de forma urgente los hechos que se han cobrado la vida de  diez personas, como las expulsiones ilegales reconocidas esta misma semana por el Ministro del Interior.