La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria hace años que se decidió en sus estrategias de desarrollo territorial por una opción económica y ecológicamente sostenible: se dotaron de un Plan de Desarrollo Sostenible, el cual, gracias a su rigor analítico y su solvencia técnica, lleva recibidos varios premios de alcance internacional.
Las municipalidades de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía no iban desencaminadas. En nuestro ámbito geográfico las energías solar, eólica, mareomotriz y geotérmica son abundantísimas y permitirían de sobra, iniciar el ciclo económico a partir de fuentes energéticas gratuitas, en vez de hacerlo desde las energías fósiles, de gravosa obtención, transporte y coste. Y las tecnologías que se emplean para su transformación en electricidad y calor, son también de menor coste que las equivalentes y al contrario que aquellas, ni desestructuran los yacimientos, ni producen emisiones contaminantes. Si además, tal como pretenden en el Sureste, la implantación estratégica de tecnologías sostenibles se lleva a cabo desde las instituciones públicas y con criterios de economía social, los esfuerzos inversores y las cargas de amortización de su puesta en funcionamiento resultarían perfectamente asumibles y ajustados, generando con prontitud un aumento notable de la riqueza general y del empleo en condiciones dignas.
Si esto es así, lo más adecuado sería -muy especialmente en Canarias, pero también donde sea factible en el resto del mundo- zafarse del descalabro social de las finanzas globales y de las amenazas medioambientales del cambio climático, la contaminación general y el colapso de ecosistemas, redirigiendo las políticas, las tecnológicas y las economías hacia el nuevo paradigma económico y ecológico de la sostenibilidad. Aquí la puesta en marcha del pionero diseño estratégico de la Mancomunidad -fácilmente extrapolable en sus ejes técnicos y sociales al conjunto del archipiélago- supondría el inicio de la solución a buena parte de los múltiples problemas que nos afectan y convertiría a Canarias en un referente mundial. Sin embargo, su aprobación administrativa, desde hace años, languidece sine díe, en los cajones de distintas dependencias del Cabildo Insular y del Gobierno Autonómico. Y esto, ¿por qué?
No nos engañemos: el desarrollo sostenible pretende conseguir la satisfacción de las necesidades de todas las generaciones presentes, lo cual, además de una cuestión económica y tecnológica, es sobre todo, un asunto político. Más aún, pretende llevar a cabo esta aspiración incluyendo los derechos de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, lo cual, resitúa la conciencia humanitaria en dos ámbitos inéditos: el del cuidado consciente de toda la humanidad presente y de los ecosistemas de nuestro entorno, y el de la solidaridad con los descendientes por llegar. Todo esto, evidentemente, se enfrenta a los intereses de los poderes fácticos que sacan provecho la situación tal como está. Y en Canarias, a lo que se ve, también colisionan con los intereses (¿?) de los poderes institucionales. Este es un claro y trágico ejemplo del tipo de actitudes y de prácticas que la ciudadanía canaria, con la que está cayendo, no deberíamos volver a consentir. No lo olvidemos para las próximas elecciones.
(*) Filósofo. Secretario de la asociación “Redes Ciudadanas de Solidaridad”.
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