Con esta ley, la calidad de los servicios públicos se verá claramente desmejorada.
Santa Lucía, 4 de agosto de 2010 | Gabinete de Prensa Junta de Personal Santa Lucía.
El comité de empresa del Ayuntamiento de Santa Lucía, que representa a más de 400 trabajadores laborales, como la Junta de Personal, que representa a casi 300 funcionarios, exigieron este miércoles al Gobierno de Canarias una Ley de la Función Pública, «acorde a la realidad y no un corta y pega malo de otras leyes autonómicas».
Para el presidente del comité de empresa, Paco Guedes, es de lamentar que el Gobierno, «ahora que quiere sacar esta Ley, no dé una salida coherente a los miles de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en situación de temporalidad en las administraciones públicas de Canarias desde hace más de 20 años, y lo que persigue, aprovechando la crisis, es deshacerse de muchos de estos trabajadores a través de esta Ley conforme establece el artículo 16, en el que admite que se podrán amortizar plazas de personal temporal».
Por su parte, Carlos Lemes, presidente de la Junta de Personal, lamenta que la Ley dé cobertura a presidentes de cabildos, consejeros de Gobiernos y multitud de alcaldes, para «continuar enchufando a más cargos de sus partidos, ahora a través de la figura del 'personal directivo', una figura, que si bien está reconocida en el Estatuto Básico, el Gobierno la ha planteado como una grotesca introducción de ésta en la Administración Pública, pues tal y como lo implanta, cualquier persona de cualquier partido político, podrá acceder a trabajar en un Ayuntamiento, Cabildo o Consejería, sin pasar unas duras oposiciones como el resto de ciudadanos de estas islas, aprovechando su condición de 'coleguita' de partido».
Carlos Lemes indica que estas personas, la mayoría sin conocimientos de la Administración Pública, mandarán sobre los funcionarios, garantes de la Ley según la Constitución, y lo que conseguirán es ralentizar más aún las administraciones públicas, por eso, desde Santa Lucia, «sólo aceptamos que esta figura sea ocupada por funcionarios públicos, con un avalado y contrastado currículo al servicio de los ciudadanos».
Los dos representantes sindicales están de acuerdo en que se aplique a los empleados públicos canarios la evaluación del desempeño, pero «en lo que no estamos de acuerdo es en que el Gobierno quiera castigar a unos pocos trabajadores que no realizan su trabajo, introduciendo en la Ley un 'castigo' igual para todos, sin importarles que la inmensa mayoría de los 100.000 trabajadores públicos de las diferentes administraciones cumplen con su trabajo, y es así como estos políticos han sacado adelante sus programas electorales cada cuatro años, pues sin la ayuda de estos funcionarios públicos, eso sería imposible», indica Lemes.
Guedes insiste en que la Ley debe diferenciar a los que no cumplen con su trabajo con los que cumplen, pero nunca puede ir contra leyes estatales, que indican que es un derecho de los empleados públicos la progresión profesional y el mantenimiento de sus retribuciones.
El Comité de Empresa y la Junta de Personal se unirán al resto de organizaciones sindicales en Canarias en las acciones que acuerden para la defensa de lo público, y «no permitir que los políticos en Canarias, con expectativas exclusivamente de partido, desvirtúen el carácter público y universal de los servicios que se prestan en las diferentes administraciones públicas».
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