viernes, 18 de febrero de 2011

VICENTE GARRIDO ABRIRÁ EL LUNES EL FORO DE EXPERTOS SOBRE LOS NUEVOS RIESGOS PARA LAS EMPRESAS TRAS LA REFORMA DE CÓDIGO PENAL

LA NUEVA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA A DEBATE EN CANARIAS

Las Palmas de GC,  18 de Febrero de 2011 - Derecho - Gabinete de Prensa.

El próximo lunes, 21 de febrero, tendrá lugar en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas, la Jornada de Trabajo organizada por el despacho de abogados Montero Aramburu para dar a conocer al empresariado canario los nuevos riesgos penales a los que se pueden ver abocados tras la reciente forma del Código Penal.

En el transcurso de la misma se abordarán no sólo los aspectos más relevantes que introduce la normativa en el ámbito de responsabilidad penal empresarial, sino también los instrumentos de control dirigidos a neutralizar tales riesgos penales integrados en el Servicio Legal de Defensa Corporativa (Compliance).

A las 10.15 h. abrirá el foro el Excmo. Sr. D. Vicente Garrido, Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias con su intervención sobre “La nueva reforma del código penal: una visión de conjunto”.

Posteriormente, será el Fiscal de la Fiscalía provincial de Las Palmas, Demetrio Pintado Marrrero quien acerque a los asistentes aspectos sobre la “Responsabilidad de la persona jurídica por omisión penalmente relevante. Penas aplicables”. Tras él, el socio director del Área Mercantil de Montero Aramburu en Canarias, Juan Arencibia Rodríguez, disertará sobre “Los límites entre el ilícito civil y el ilícito penal”.

Cerrará el programa la ponencia “El derecho penal de la empresa: La responsabilidad penal de la persona jurídica y el compliance” a cargo de José María Calero Rodríguez, abogado y socio responsable del Área de Penal de la veterana firma jurídica canario andaluza. Entre otros casos, Calero, dirige la acusación particular, en nombre de los familiares, en el caso “Marta del Castillo Casanueva”, así como la defensa de Manuel Ruiz de Lopera, ex Consejero Delegado del Real Betis Balompié, SAD.

EL 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la modificación más ambiciosa del Código Penal desde su promulgación en 1995. Sin duda, el aspecto más relevante de la misma viene constituido por la nueva responsabilidad penal de la empresa.

Hasta la citada fecha, los delitos del ámbito empresarial se cometían “en” la empresa, pero ahora, la reforma prevé los nuevos delitos “de” la empresa. Es decir, aquellos de los que la mercantil va a ser acusada como autora de un delito. Pudiendo, por tanto, ser castigada con gravosas penas económicas, así como otras penas, tales como la disolución de la empresa, la clausura de locales, la administración judicial… penas cuya imposición determinará, en un porcentaje muy elevado, la ruina económica de la empresa.

Esta nueva responsabilidad supone que una empresa, cuyo Administrador Único cometa un delito de estafa en el ámbito de la empresa y para beneficio de la misma, implicará, no sólo su castigo penal como persona física, sino también el de la propia empresa como autora de su propio delito de estafa. Y ello con independencia de que tal pena suponga un perjuicio para el resto de socios, accionistas o partícipes inocentes.

Este riesgo sólo se podrá conjurar con la aplicación de adecuados programas de cumplimiento y protocolos que justifiquen una actividad preventiva y de control por parte de la empresa en relación con los sujetos que pudieran cometer delitos “en” y “de” la empresa. Esta actividad preventiva y de control se denomina Corporate Compliance, o Responsabilidad Corporativa de la Empresa. Baste citar un reciente comentario para entender la magnitud de la cuestión: “en las Jornadas sobre Compliance celebradas en Madrid el 8 de febrero de 2011 por el Instituto de Fomento Empresarial, el Secretario del Consejo de Administración de Enagas, afirmó que su empresa, como el resto de empresas que cotizan en el IBEX, adoptarán de inmediato las medidas de Compliance necesarias para evitar este riesgo penal”.

MONTERO-ARAMBURU es el único despacho multidisciplinar con capital netamente andaluz y canario. Fundado en Sevilla en 1971, destaca por ser uno de los despachos más antiguos de Andalucía y Canarias con especialistas en todas las ramas del Derecho.

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