El Estado es mucho más que un concepto político, mucho más que una bandera, un himno y una entidad política reconocida internacionalmente como tal. El Estado lo conforman una serie de instituciones y poderes que tienen el deber de colaborar entre sí para hacer posible que aquellos que se erigen como su sujeto y razón de ser última, los ciudadanos, convivan de acuerdo a un pacto que a todos compense y en igualdad reconozca y atienda. El Estado Español no es sólo el gobierno, las Cortes o los jueces, también es la Corona.
Todo gobierno tiene el derecho y el deber de articular las políticas que más y mejor puedan responder a los problemas, reivindicaciones y anhelos de los ciudadanos. En la práctica, el equivocarse en ese ejercicio, con todo o una parte de la población o sus territorios, se traduce en un cambio de gobierno tras unas elecciones. El problema surge cuando los asuntos se equistan, las dificultades crecen y los gobiernos, sea cual sea su color, ni los abordan ni los resuelven de raíz. Cuando eso ocurre, los asuntos de Estado se tornan en problemas de Estado y surgen los conflictos serios.
Que millones de españoles y canarios estén indignados ante lo que acontece política y económicamente debe ser tomado como un asunto de Estado y no sólo del gobierno. Que alguien piense que con cambiar el que ahora nos rige, se soluciona no ya la crisis, sino la quiebra de credibilidad existente con las instituciones, lejos de ser una irrealidad, toma caracteres de falta de visión política a largo plazo.
Y si de Canarias hablamos también la cosa pinta complicada. El archipiélago hace tiempo que dejó atrás el término crisis, para asumir tristemente como propia la condición de zona de catástrofe económica y social para mejor definir lo acontecido en él desde 2008 para acá. En tan sólo 4 años nuestras familias han visto bajar 15 puntos su renta media y nuestra capacidad de generación de riqueza lo ha hecho en más de 8. Somos líderes en desempleo con 330 mil parados, 10 puntos por encima de la media del Estado español. En tan solo 3 años se han destruido 120 mil empleos, a una media de 40 mil por año. En el mismo período de tiempo han echado el cierre más de 11 mil empresas y se han dado de baja como cotizantes de la SS más de 123 mil afiliados. Decenas de miles de familias canarias se sitúan en los umbrales de la pobreza (el 30% de la población), más de 100 mil hogares isleños tienen a todos sus miembros en paro y más de 95 mil canarios ya agotaron incluso su subsidio de desempleo.
Algunos podrán decir que son situaciones derivadas de una crisis que ha afectado a todos, al Estado en general y a otras muchas comunidades autónomas en particular. Pero lo único que ha sido igual siempre, ha sido la poca disposición y sensibilidad de los gobiernos españoles de cualquier color y época para hacerle frente a nuestras dificultades. Ni ahora con el PSOE y la crisis, ni antes en años de bonanza con el PP, los canarios hemos recibido lo que nos correspondía por derecho, justicia y necesidad.
Hemos visto gastar 64 mil millones de euros en el AVE porque Aznar y Zapatero querían pasar a la posteridad. Vimos gastar miles de millones de euros en aeropuertos en Castilla-León y La Mancha o en Lleida para apenas servir 4 vuelos por semana de media. Vimos gastar 700 millones de euros en la Expo aragonesa, más de 1000 en nuevas autopistas para Madrid, más de 300 en Puertos deportivos para ricos en Valencia o muchos miles de millones más para salir en socorro de sectores productivos catalanes, andaluces y de la meseta. Pero ¿y en Canarias?. Ni un sólo euro siquiera para la reconversión de la industria turística canaria que es motor de nuestra economía. Ni un solo euro de aquella inyección de 25000 millones de euros que llamaron Plan Canarias. Aduciendo políticas de ajuste rebajaron en 243 millones de euros nuestras partidas en los PGE y también cerraron un acuerdo de financiación autonómica con el resto de las comunidades autónomas. Acuerdo que supuso una merma de 545 millones de euros menos de media para Canarias cada año durante toda la década. Ni un sólo cumplimiento, ni una sola medida urgente, ni una sola muestra de solidaridad para con los problemas del territorio más perjudicado por la crisis, para con Canarias y los canarios.
Y ante todo esto, un PSOE canario que ha ido escondiendo la cabeza bajo el ala todo el tiempo y un PP, el de Soria, que ha querido que la situación fuera en todo momento a peor, porque sólo pensaba en ser ministro. Ante nosotros un Zapatero que dice adiós y un Rajoy que no ofrece, ni promete nada, porque ya en su agenda están seguro los compromisos con los barones de su partido. Sólo teniendo un grupo canario en Madrid que fuerce al gobierno que salga de las urnas el 20 N, podremos conseguir la ficha financiera y los 25 mil millones de euros del Plan Canarias.
Sólo teniendo una presencia fuerte en el Congreso y Senado podremos conseguir que en la agenda del nuevo gobierno se materialice de forma inmediata un plan de choques y de medidas urgentes de 800 millones de euros anuales para reactivar nuestra economía y disminuir así el número de desempleados en las islas.
Sólo con la presencia de los nacionalistas canarios en ambas cámaras, Canarias será asunto de Estado. De lo contrario, sólo las reivindicaciones de vascos y catalanes y las afinidades populares hacia Madrid y Valencia contarán para Rajoy.
Los graves problemas de Canarias no se van a solucionar porque cambie el color del gobierno. La situación de Canarias debe ser tomada como asunto de Estado o pronto será un problema de Estado y, en ambos escenarios, los nacionalistas canarios vamos a jugar el papel que nos corresponde, el que esperan los canarios de nosotros, el que ponga los intereses de Canarias por encima de todo.
(*) es candidato al Senado por la alianza electoral formada por Coalición Canaria y Nueva Canarias.
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