Las Palmas de GC, 31 de mayo de 2012 / Artículo de Opinión / Xavier Aparici Gisbert.(*)
El Banco Financiero y de Ahorros, comercialmente
conocido como Bankia, fue fundado, tras recibir la autorización del Banco de
España, por las entidades Caja Madrid y Bancaja, empezando a operar el 1 de
enero de 2011. Con la adhesión de La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja
Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia se procedía a conformar un gigante financiero,
el principal banco español por negocio doméstico. El pasado 9 de mayo el
gobierno central procedía a su nacionalización para evitar la quiebra.
Las circunstancias en torno a la creación de esta
macroentidad bancaria, su desarrollo y su intervención, ponen de manifiesto
hasta qué punto nuestro “Estado social y democrático de Derecho” y “la
soberanía nacional” del pueblo español (Artículo 1; apartados 1 y 2 de la
Constitución) están conculcados por las continuadas corruptelas y prácticas
fraudulentas de las elites de los poderes institucionales y fácticos. El
estallido de la “burbuja del ladrillo” aconteció en el año 2007. A día de hoy,
las autoridades políticas y administrativas del Estado ni han averiguado hasta
dónde llegan los fallidos en el sector bancario nacional, ni han exigido
responsabilidades a los dirigentes de las entidades, ni han procedido a sanear
el sector.
En el escandaloso caso de Bankia, que amenaza con
comprometer al conjunto del sistema financiero, nadie con atribuciones habla de
sanciones administrativas, civiles o penales ni para los dirigentes del la
entidad, ni para los altos cargos del Banco de España, ni para los presidentes
de los ejecutivos centrales y autonómicos implicados. Por lo visto, este fiasco
nos ha caído del cielo. Y de que los accionistas de la empresa matriz de Bankia
pierdan su inversión y se cierre el negocio, como ha ocurrido en las miles de
empresas que han desaparecido desde que los bancos al cortar la financiación
colapsaron la economía, eso, ni pensarlo. Mientras se aplican traumáticos
recortes en los servicios públicos fundamentales que arrojan a la precariedad y
a la exclusión socioeconómicas a millones de ciudadanos y ciudadanas y a sus
familias, sostener el sector financiero con caudales públicos, pese a quién
pese, es un dogma incuestionable para las fuerzas políticas neoliberales,
mayoritarias en las instituciones públicas.
Esta mayúscula irresponsabilidad de los sucesivos
gobiernos y de los diferentes organismos del Estado es el requisito de las
injustificables ventajas que los grandes conglomerados empresariales en el país
consiguen, de la frecuencia con que incumplen los preceptos mercantiles y de la
impunidad con que eluden sus responsabilidades tributarias. Las inmensas deudas
financieras que acumulan, sobretodo, los partidos políticos con poder ejecutivo,
las desaforadas condonaciones de créditos de las que se benefician periódicamente
y a las abultadas donaciones que reciben para las campañas electorales
explican, en buena medida, el por qué de esa extrema docilidad de los distintos
ejecutivos con los más ricos.
Por ello, las prácticas abusivas y las comisiones
ilegales de las grandes empresas, a pesar de las múltiples quejas ciudadanas y de
las recriminaciones de la Unión Europea, hace ya mucho que se volvieron norma.
Y así, los sucesivos informes de la asociación de inspectores de Hacienda sobre
la gigantesca evasión de impuestos que se atribuye a las mayores empresas, caen
sistemáticamente “en saco roto”. Tanto cuando gobiernan las cúpulas del partido
“socialista”, como cuando gobiernan las del partido “popular”.
Por si fuera poco, desde principios de 2011, los presidentes
de las 17 grandes multinacionales españolas (Telefónica, El Corte Inglés,
Mango, Grupo Barceló, Banco Santander, Repsol, Acciona, La Caixa, BBVA,
Inditex, Grupo Planeta, MAPFRE, ACS, Ferrovial, Havas Media Group, Mercadona e
Iberdrola) y el Instituto de la Empresa Familiar se han constituido en un grupo
de presión empresarial, el Consejo Empresarial para la Competitividad. Su
presidente ha calificado el Consejo de grupo de reflexión con un amplio
conocimiento de las prioridades sobre las que se debe actuar para restaurar la
confianza en el potencial de nuestra economía. ¡Lo que nos faltaba!.
(*) Filósofo y Secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.
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