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miércoles, 18 de septiembre de 2013

Luengo anuncia una ley para impulsar la creación de cooperativas e incentivar el empleo en la economía social

  • La Consejería destina este año medio millón de euros a fomentar el empleo en cooperativas y sociedades laborales con ayudas que llegan a los 10.000 euros para contratos a jornada completa

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 18 de septiembre de 2013 / Empleo - Cooperativismo / Gabinete de Prensa.

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, anunció hoy en comisión parlamentaria que su Departamento trabaja en la elaboración de una ley de Sociedades Cooperativas de Canarias, a través de la cual se pretende impulsar la creación de este tipo de empresas de la economía social, incentivar el empleo y facilitar su funcionamiento en las Islas. Luengo señaló que se prevé poder llevar esta ley para su debate en la Cámara regional en torno al próximo mes de febrero.

“La economía social es uno de los ejes prioritarios de actuación para esta Consejería por su importancia en el ámbito del empleo, como actividad generadora de puestos de trabajo estables y de calidad. Contemplamos la economía social como una vía alternativa al desempleo e incluso a los despidos, ya que en estos años, las empresas de este tipo han resistido mejor la crisis y han destruido menos empleo que la media”, señaló la consejera.

El objetivo que se ha marcado Empleo en este ámbito es que la economía social y el cooperativismo generen un diez por ciento del Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma. Actualmente este tipo de empresas generan un 4% del PIB regional. Luengo explicó también que en Canarias trabajan 4.526 personas en un total de 260 cooperativas.

“En la Consejería de Empleo nos hemos propuesto cambiar esta realidad y alcanzar la media nacional en cuanto al PIB, lo cual, lógicamente, elevará el empleo en este sector”, dijo la consejera, que añadió que la ley de Cooperativas que ya está en trámite va a respaldar y a simplificar su creación y mantenimiento.

La consejera también se refirió a los incentivos que el Gobierno de Canarias ofrece para la generación de empleo en las cooperativas. “Apoyamos la actividad de las cooperativas a través del Servicio Canario de Empleo. Este año financiamos con medio millón de euros la incorporación de socios trabajadores a las cooperativas y sociedades laborales de Canarias, con cuantías que oscilan entre los 5.500 euros y los 10.000 euros en contratos a jornada completa”, añadió Luengo.


Francisca Luengo detalló algunas de las novedades que incorpora la Ley canaria de Cooperativas con respecto a la ley estatal, como la reducción a dos del número de socios que se requieren para constituir cooperativas de trabajo asociado, lo cual, sin duda, facilita y propicia la constitución de las mismas (actualmente se exige que sean tres los socios). También se acortan determinados plazos, en beneficio de los socios y se suprimen, en varios supuestos la obligación de publicación en prensa y BOC, lo que implica un ahorro de costes y recursos para las cooperativas.

Además, la ley canaria permitirá operaciones con terceros que no sean socios, concretamente, a las cooperativas de transportistas (taxistas, autónomos), que podrán operar con terceros hasta el 50% de lo operado con los socios, lo cual las hará más competitivas.

El texto legal en elaborado por el departamento que dirige Francisca Luengo aclara algunos de los enrevesados pasajes técnicos de la Ley estatal que han resultado de difícil interpretación, sobre todo en la parte económica (fondos, aportaciones, capital social, etc).

Asimismo, prevé que  las federaciones o asociaciones de cooperativas que contribuyan a la promoción del interés general de Canarias mediante el desarrollo de sus funciones, puedan ser reconocidas de utilidad pública por el Gobierno autonómico.

Francisca Luengo destacó que la ley establece que el Gobierno de Canarias deberá adoptar las medidas convenientes para la difusión y la enseñanza del cooperativismo a los diferentes niveles educativos, favoreciendo la creación de cooperativas de enseñanza en los centros docentes.

Gobierno de Canarias y otras administraciones buscan mejorar el actual sistema de ayudas a la sanidad ganadera

Estas subvenciones cuentan solo con fondos de la Comunidad Autónoma, ya que el Estado no ha aportado crédito debido a la actual situación económica

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 18 de septiembre de 2013 / Ganadería - Sede Parlamentaria / Gabinete de Prensa.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, informó hoy en el Parlamento de que el Ejecutivo está estudiando, junto con otras administraciones la Orden que regula las subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG), con la intención de encontrar nuevas vías de actuación que permitan mejorar el sistema actual, para conseguir una mayor optimización de los recursos personales y materiales con los que cuenta el Departamento.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, formulada por José Luis Perestelo, el titular del Área explicó que como consecuencia de la difícil situación económica, para este año 2013, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no ha asignado crédito alguno en la aplicación presupuestaria destinada a las ADSG, por lo que la dotación de la convocatoria sólo cuenta con los créditos propios de la Comunidad Autónoma, por un importe de 334.862,0 €.

El control en vigor se sustenta actualmente en la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de 19 de diciembre de 2012, por la que se convocan anticipadamente, para el ejercicio de 2013, las subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, que se ampara en el Real Decreto 784/2009, de 30 de abril por el que se establece las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las ADSG, donde se dictan los requisitos que deben reunir las asociaciones beneficiarias, las actuaciones objeto de subvención, etc., además de las formas de ordenar las solicitudes dándoles para ello una determinada puntuación.

En el articulado del dicho Real Decreto, se contempla el importe de la subvención que se reparte el 50% con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y el otro 50% con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, sin embargo, a causa de la crisis el Gobierno central no aportado fondos a dicha línea.

“El control sanitario de las explotaciones ganaderas es un factor determinante a la hora de aumentar la rentabilidad de las mismas, aportando al consumidor la mayor garantía y confianza posible en la cadena alimentaria, lo que supone un reto ineludible para esta Consejería”, concluyó Hernández.