Tradición Familia y Propiedad preparaba planes de desestabilización
Venezuela, 24 de julio de 2010 | Internacional | Ernesto Tamara.
Un dirigente del derechista grupo Tradición, Familia y Propiedad, Alejandro Peña Esclusa, fue detenido esta semana en Caracas, implicado en la red de desestabilización contra el gobierno revolucionario, a partir de las declaraciones del terrorista salvadoreño, Francisco Chávez Abarca, detenido al ingresar al país con pasaporte falso. En el allanamiento a su domicilio, la policía encontró explosivos que Chávez Abarca iba a utilizar en sus atentados.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) anunció que, además de la detención de Peña, se estaban preparando otras redadas con la información proporcionada por el terrorista salvadoreño, ya extraditado a Cuba, donde era requerido como responsable de una serie de atentados contra hoteles turísticos en La Habana en 1997, en uno de los cuales perdió la vida el joven italiano Fabio Di Celmo.
De acuerdo con el director de Contrainteligencia del Sebin, David Colmenares, el terrorista salvadoreño señaló a varios cómplices que viven en Venezuela y se pudo dar en esta oportunidad con elementos de "naturaleza explosiva" que se pretendían usar en actos de desestabilización. "Se han conseguido elementos complementarios a eso, como unas pequeñas cápsulas, más de cien cápsulas, se presumen detonantes, unas de calor, otras eléctricas", explicó el funcionario a la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV). Agregó que podrían ejecutarse nuevos allanamientos en los próximos días haciendo uso de la información ofrecida por Chávez Abarca. "Estoy seguro que sí, porque es una cadena de información suministrada por este ciudadano".
Chávez Abarca confesó que trabajaba para Luis Posada Carriles, el terrorista cubano acusado de ejecutar la voladura de un avión de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976 y en la que murieron 73 personas. Tras haber sido detenido por autoridades venezolanas, Chávez Abarca confesó haber sido contratado por el prófugo Luis Posada Carriles para realizar actos desestabilizadores en Venezuela, y reveló que su enlace fue el guatelmateco, Daniel Barrundia, relacionado con la Fundación Contrarevolucionaria Cubano-Americana, ubicada en la ciudad de Miami, al sureste de Estados Unidos.
Al ser interrogado sobre quién estaba dirigiendo sus movimientos en las operaciones, el terrorista de nacionalidad salvadoreña contestó "Luis Posada Carriles", posteriormente, un funcionario venezolano le preguntó sobre el paradero de este terrorista antirrevolucionario, a lo que el detenido contestó: "no sé, porque yo tengo desde el 97 de no hablar con él", además indicó que las órdenes las seguía "por medio de Daniel (Barrundia)". Posadas Carriles estuvo preso y acusado por su responsabilidad en los planes de atentado con explosivos contra el líder cubano Fidel Castro en la Universidad de Panamá en noviembre del 2000. Más tarde, la ex presidenta panameña, días antes de abandonar el poder, amnistió a los implicados en ese intento de atentado (que prevía volar la sala de la Universidad en la que Castro iba a debatir con los estudiantes). Posadas Carriles retornó a los Estados Unidos donde enfrenta en libertad un juicio por entrar ilegalmente al país, mientras Venezuela solicita su extradición a Estados Unidos por el atentado con el avión Cubano.
Por otra parte, los medios de comunicación venezolanos han destacado el perfil de extrema derecha de Alejandro Peña Esclusa, de la organización ”Tradición, Familia y Propiedad”, grupo que en los 80 habría participado en la preparación de un atentado contra el Papa Juan Pablo II cuando visitó Venezuela. En ese entonces, los órganos de inteligencia del Estado desmontaron el plan de asesinato contra el máximo representante de la Iglesia Católica, y poco tiempo después el gobierno decidió expulsar del país a la organización.
Hace un año, los organismos de inteligencia detectaron la preparación de un atentado contra el presidente Hugo Chávez que se iba a realizar cuando éste concurriera a la toma de posesión del electo presidente de El Salvador, Mauricio Funes. La evidencia de la preparación del atentado motivó la cancelación de la visita de Chávez a San Salvador. "Gracias a fuentes de inteligencia sobre grupos de ultraderecha internacional se pudo captar que había un alto riesgo y se tomó la decisión correcta de suspender la visita del presidente Chávez" a El Salvador, dijo entonces el canciller venezolano Nicolás Maduro. Ya entonces Peña estaba en la lista de sospechosos de los organizadores de ese atentado.
"Peña Esclusa ha estado toda la vida vinculado a la CIA y a distintos movimientos violentos, incluyendo el golpe de Estado (contra Chávez) de 2002, y forma parte de grupos de ultraderecha violenta que se movieron por Centroamérica durante mucho tiempo junto a Posada Carriles, un terrorista protegido por la justicia norteamericana y requerido por la justicia venezolana", comentó el canciller venezolano tras el arresto.
Contacto en San Salvador
En tanto, en San Salvador, la prensa de ese país dió a conocer detalles de una investigación en la que habrían participado agentes de la seguridad cubana sobre grupos terroristas de extrema ”dormidos” existentes en varios países de Centroamérica. La información de los servicios de seguridad concluyen que "las células están activas y nunca dejaron de estarlo" y han permanecido más o menos protegidas bajo diferentes administraciones gubernamentales en Honduras, Guatemala y El Salvador.
Según la investigación, el 30 de mayo de 2009, en la víspera de la toma de posesión del presidente Mauricio Funes, se celebró una reunión en San Salvador, en la que participaron dos cubanoestadounidenses que entregaban dinero a las células que funcionaban en Guatemala y al salvadoreño Francisco Chávez Abarca, detenido el pasado 1 de julio en Venezuela y deportado a la isla caribeña. Asimismo, las investigaciones señalan que la intención del grupo de Chávez Abarca "era hacerse con un misil SAM7” que se encontraría en El Salvador y que sería usado contra el avión presidencial venezolano.
Comprando prensa
Al mismo tiempo que se revelan los planes de desestabilización violentos, documentos desclasificados del Congreso norteamericano indican la financiación de este país a periodistas y medios de comunicación opositores venezolanos. Al menos 4 millones de dólares han recibido periodistas opositores –a través de asociaciones civiles en Venezuela– de parte de diversas organizaciones estadounidenses
Organizaciones venezolanas como Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ypis), son las principales beneficiarias del financiamiento que el Departamento de Estado canaliza a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), Freedom House y la Agencia de Desarrollo Internacional de de Estados Unidos (USAID).
En 2007, la PADF destinó más de 700 mil dólares a un proyecto denominado “El fomento de la libertad de prensa en Venezuela”, que incluía un programa de entrenamiento a periodistas –realizado por agencias estadounidenses– para promover el uso de nuevos medios y tecnologías. Asimismo, el Departamento de Estado capacitó a jóvenes opositores venezolanos para crear una “red de disidentes cibernéticos”, que fomentaran espacios en contra del mandatario nacional a través de blogs y otras comunidades como Twitter, Facebook y Youtube.
Otros 545 mil 804 dólares de la PADF se gastaron en un programa denominado “Venezuela: Las voces del futuro”. El proyecto de un año estuvo dedicado a la promoción de “una nueva generación de periodistas independientes” que ejercieran activismo político a través del uso de las nuevas tecnologías. Además de ese “entrenamiento”, la PADF otorgó dinero a medios tradicionales y digitales para asegurar así la publicación de los trabajos de los periodistas que participaran en los talleres.
Por su parte, Freedom House destinó 716 mil 346 dólares en un plan para “fortalecer los medios independientes en Venezuela”. Este proyecto contempló la creación de un “centro de recursos para periodistas” (ubicado en una universidad venezolana no especificada), en la cual se tiene previsto realizar talleres de formación financiados por las agencias de Washington.
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