Las Palmas de GC, 31 de agosto de 2010 | Opinión | José Manuel Soria López.
La salida global de la crisis no es algo que ataña solo a la responsabilidad del Estado. Es cierto que sin determinadas condiciones necesarias del Estado, la recuperación no será posible. Las comunidades autónomas también tienen cosas que decir y sobre todo hacer. ¿Qué es lo que pueden hacer las CC.AA. en el marco de sus competencias? ¿Deben las CC.AA. limitarse a paliar los efectos de la crisis o pueden articular medidas y políticas en el ámbito de sus competencias para atacar de raíz las causas de la crisis?
Lo primero que es preciso recordar son las competencias que tienen las CC.AA.
1. Las comunidades autónomas están para resolver problemas, satisfacer necesidades y prestar servicios a los ciudadanos: Sanidad, educación, vivienda, atención a la discapacidad, a la tercera edad, a los dependientes, a las personas con movilidad reducida, etc...
2. Las autonomías también están para impulsar la actividad económica a la vez que la hacen compatible con el cuidado de nuestro entorno natural, promocionando el turismo, ayudando a que los agricultores, ganaderos y pescadores puedan percibir unas rentas acordes con su trabajo; impulsando la creación de suelo industrial para que la industria pueda expandirse; removiendo obstáculos legales para que la construcción, los servicios, las infraestructuras y los equipamientos puedan desarrollarse y contribuir al crecimiento económico mediante la inversión que implican y el consumo que conllevan.
3. Las comunidades autónomas promueven la creación, pública y privada , de capital humano desde la educación primaria y secundaria hasta la superior, universitaria y de posgrado, así como la formación profesional.
4. Además, las autonomías deben procurar llevar a cabo sus objetivos en un marco de estabilidad presupuestaria, sobre todo en un contexto de crisis, no sólo para dar ejemplo sino para limitar el gasto en términos reales, reduciendo el déficit y por consiguiente el endeudamiento futuro.
Por todo ello, en mi opinión, y a la luz de los marcos competenciales de los diferentes niveles administrativos en España, la política económica de una comunidad autónoma no puede ser valorada por sus efectos en el mercado laboral ni sobre el sistema financiero, pero sí desde la perspectiva de cómo resuelve problemas, satisface necesidades, presta servicios, impulsa la actividad económica y controla su gasto público. Esos son los parámetros en base a los cuales debe juzgarse lo actuado por cualquier comunidad autónoma y la de Canarias, en mi opinión, no debe ser la excepción.
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