Colombia, como nación, tiene todo el derecho natural de querer alcanzar la “buena vecindad” con sus vecinos limítrofes y allende sus fronteras. Es un derecho natural que se corresponde con la obligación, también natural, por parte de Colombia, de ejercer la reciprocidad de respetar los derechos correspondientes al concepto “buena vecindad” tanto de sus vecinos limítrofes como de aquellos más allá de sus fronteras. Ello va mas allá de un derecho jurídico, es el derecho que las sociedades tienen, por natura, a vivir en paz tanto a lo interno de sus territorios nacionales como en la interacción con las sociedades vecinales. Ello conlleva reconocer las realidades internas sociales de cada nación que aspira alcanzar la praxis de la “buena vecindad” ya que, en el escenario regional y global, tanto continental como mundial, las contradicciones internas de una sociedad determinada de un país referido podrían afectar en sus consecuencias internas a las realidades sociales y nacionales tanto de países limítrofes como, por efectos, a países, relativamente, cercanos a aquellas sociedad y nación en crisis interna.
Colombia tiene y se vive, cotidianamente, una histórica contradicción de carácter violento que se inició con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Los efectos de aquel asesinato en la sociedad colombiana han venido desarrollando contradicciones inter-clases sociales colombianas afectando, primordialmente, a los sectores campesinos, afro-descendientes, pueblos originarios, sectores de la intelectualidad colombiana, profesionales con pensamientos en contravía a los sectores de las oligarquías gobernantes. El Estado colombiano ha venido reaccionando frente a dichas contradicciones ejerciendo sus “derechos constitucionales”, independientemente, de nuestra opinión al respecto, considerando la “forma y fondo”, como vecino afectado, con las cuales los Gobiernos huéspedes de la Casa Nariño han ejercido el “control social” de aquellos sectores sociales que fueron afectados y ejercieron sus derechos constituciones, aun de carácter no legal pero natural, posteriores al asesinato de la “Voz democrática” de Colombia.
Se dice que los efectos sociales de aquel abominable acto troglodita-cavernario que, como “hecho histórico”, sucedió hace ya 62 años, aún están presentes en las realidades sociales colombianas y, según las propias palabras del actual huésped de la Casa Nariño, don Álvaro Uribe Vélez, “…cuidado con aflojarle la nuca a la culebra…” la crisis social interna colombiana sigue vigente. Entonces el escenario real-objetivo que se mantiene en la nación colombiana es la existencia de “sectores armados” que se corresponden con las Fuerzas Armadas de Colombia; las FARC, conocidas como los “faracos”; el ELN, conocidos como los “elenos”; los paramilitares, conocidos como los “paracos”; y, los narcotraficantes. Estos factores militares, legales e ilegales, según los gustos personales, se mantienen, actualmente, sobre la base de dos variables, a saber: el Plan Colombia y la “seguridad democrática” que generan enfrentamientos que afectan, profundamente, a toda la sociedad colombiana sea está de los habitantes en áreas urbanas como los sectores campesinos; si nuestra aseveración fuera la incorrecta, la conclusión lógica sería que Colombia es un país donde toda la sociedad colombiana vive en paz, progreso y en crecimiento socio-económico. En conclusión, Colombia ha vivido en estado de violencia desde la muerte de Jorge Eliecer Gaitán hasta la declaración de don Álvaro Uribe Vélez en fecha del 27 de julio del 2010 convirtiendo a Colombia, según las teorías norteamericanas, en un “estado fallido”.
En el marco del escenario descrito cabría la natural pregunta de ¿cuánto y cómo ha afectado la realidad interna de violencia, “legal e ilegal”, colombiana a su vecindario? En el mismo orden de ideas, también nos preguntaríamos ¿cómo han reaccionado sus vecinos en sus derechos naturales de “buena vecindad” ante los efectos directos de aquella realidad de violencia en la República de Colombia cuando los afecta directamente? Iríamos más allá cuando nos preguntamos, ya directamente como venezolanos ¿cómo ha afectado y cómo ha reaccionado Venezuela, tanto durante la 4ta República como, fundamentalmente, durante la Revolución Bolivariana bajo la conducción de su líder, Hugo Rafael Chávez Frías, frente a la demostrable realidad de traslado, objetivo, de las consecuencias de las políticas de violencia que se viven en Colombia desde hace 62 años, al territorio venezolano?
Como decíamos más arriba, desde hace 62 años, Colombia ha vivido el drama de la violencia interna que fue desarrollándose de una “tradicional montonera” a “guerrillas en movimiento” pasando por una formal “guerra de guerrillas” a transformarse en un ejército formal y disciplinado que le cambió la cara a la realidad bélica interna colombiana, nos referimos a las FARC. Fue un proceso lento e histórico además de diferente al resto de los movimientos alzados en armas en el continente al sur del rio Bravo. Pero ese proceso fue desgastando las capacidades tanto del Gobierno colombiano como de sus fuerzas armadas llegando las FARC a lograr alcanzar posiciones territoriales tanto en la campiña colombiana como en zonas urbanas. Quizás ese haya sido el momento histórico cuando todo cambió en Colombia en lo político, en lo económico, en lo social, en lo sico-social y, fundamentalmente, en el uso de las armas. ¿Por qué el liderazgo de las FARC no hizo la lectura apropiada de sus ventajas objetivas? Al fallar, perdieron los objetivos que se habían trazado históricamente o, quizás, ¿fue aquello producto de su cansancio sicológico a la espera de dar el “salto adelante” y/o trataron de alcanzar acuerdos políticos por encima de realidades militares? La realidad fue que con el fracaso de las conversaciones de San Vicente del Caguán, mal o bien llevadas, ello permitió un reacomodo en lo legal-legítimo-tradicional-histórico del status quo colombiano para enfrentar con colaboración norteamericana el “impasse sicológico” del movimiento guerrillero “faraco”. Quizás fue en ese momento histórico cuando las FARC fueron derrotadas en sus objetivos políticos aunque no militarmente; momento que aprovecharon las “huestes contrarias” para avanzar en la recuperación de espacios campestres y derrotar la presencia guerrillera en las zonas urbanas. Pero en el marco de ese escenario y ajeno a sus intereses, la sociedad colombiana de las clases C, D y E siguieron sufriendo los embates de una guerra que no les pertenecía ni a favor del uno ni para el otro optando esos sectores sociales aceptar sus realidades y buscar “mejores aires” en las “buenas vecindades” tanto de Ecuador como de Panamá y, fundamentalmente, en Venezuela; aquellos sectores de las clases A y B que se vieron amenazadas se fueron a la “buena vecindad” de Miami. No todo fue tan estructuralmente perfecto.
Decir que los CINCO (5) millones de ciudadanos colombianos han llegado a territorio venezolano, primeramente, legalmente, y, seguidamente, todos de una sola vez, es “tapar el sol con un dedo”. Los 5 millones de ciudadanos colombianos que viven actual y legalmente en su mayoría en territorio venezolano comenzaron a refugiarse en Venezuela desde el mismo momento histórico del asesinato de Gaitán; entre esa masa de personas han debido estar incluidos aquellos que se opusieron a los sectores políticos que se beneficiaron con el asesinato del líder colombiano. Pero ¿Por qué los campesinos, afro-descendientes colombianos e inclusive miembros de las sociedades de los pueblos originarios cuyas comunidades se encuentran en esa frontera entre Venezuela y Colombia decidieron venir a la Patria de Simón Bolívar y cómo han sido tratados desde aquellas épocas hasta los días presentes con los altibajos de la aplicación de políticas “chucutas” a favor de esas comunidades desplazadas durante los Gobiernos de la 4ta República cuando, al mismo tiempo, se fue desarrollando la praxis de políticas militares avaladas por los Estados Unidos de América en colaboración con las Fuerzas Armadas de Colombia en sectores fronterizos donde y cuando esas fuerzas armadas colombianas no tenían presencia y/o eran, significativamente, muy escasa en número por las realidades bélicas a lo interno del territorio colombiano en lo que se denominó “persecución en caliente” y con ello trasladando el conflicto interno de Colombia con visos de “guerra civil” a lo interno de la sociedad venezolana lo que trajo como consecuencia que las ilegalidades colombianas: narcotráfico, secuestro, abigeato y otras “preciosuras”, comenzaran a invadir territorio venezolano? Pero la decisión ejecutiva del Presidente Chávez Frías de cancelar aquella innecesaria decisión de los gobiernos de la 4ta República trajo como consecuencia el comienzo de la matriz de opinión de la presencia, con la supuesta anuencia gubernamental venezolana, de “faracos” y “elenos” en territorio venezolano pero, para la Casa de Nariño y de Uribe Vélez, en ningún momento, se han incluidos a los “bendecidos paracos” ¿Por qué será?
La decisión del líder de la Revolución Bolivariana fue una decisión incómoda e inconveniente para el diseño a futuro que Washington le tenía escrito en la cartilla a las derechas entreguistas venezolanas. Era y es una decisión incómoda tanto para la Casa Nariño como para Washington porque esas sociedades desplazadas que añoran regresar a sus hogares patrios para el disfrute lógico de sus familias y de sus raíces telúricas se han visto beneficiadas, primeramente, con la legalidad social transformándose en ciudadanos colombo-venezolanos con todos los derechos humanos que les garantiza la Constitución de la Revolución Bolivariana; pero más importante que ello plus el disfrute de las misiones revolucionarias, está el profundo temor del status quo colombiano y de Washington del impacto sicológico que los beneficios que la Revolución Bolivariana han tenido y tienen en cada una de las personas y ciudadanos colombianos que viven en Venezuela y los correspondientes comentarios sobre esos beneficios y parabienes entre sus familiares que viven en territorio colombiano conjuntamente con la imagen de beneficios de ese “espejo” que se refleja en las sociedades americanas; es decir, aquel status quo colombiano se aterra cuando es incapaz de poder alcanzar los niveles de las políticas sociales que ha venido desarrollando la Revolución Bolivariana entre los ciudadanos colombianos residentes en Venezuela. Es por ello, quizás, que ese status quo colombiano busca desarrollar una matriz de opinión, en escuchando los argumentos tanto del Embajador colombiano ante la OEA como los decires de don Álvaro Uribe Vélez sobre la presencia de lo que ahora Uribe Vélez denomina como “guerrilla” (“…Si allá en Venezuela tienen un plan de paz, pues aquí lo hay. Si quieren ayudar a que se supere el problema guerrillero, que entonces le digan a la guerrilla que está allá que se desmovilice; que los fiscales de Colombia van por ellos y los traen aquí…”) (negrillas y cursivas nuestras); aseverando temerariamente que esa guerrilla alcanza el número de hombres en armas en 1.500 guerrilleros. Cualquier ígnaro en asuntos militares, por simple lógica, se pregunta: ¿cómo puede vivir, convivir y sobrevivir un ejército tan numeroso con todo su avituallamiento sin que la población venezolana, donde se supone están radicados, no se haya percatado de tal presencia “militar” subversiva por no decir de la Fuerza Armada Bolivariana? Es, verdaderamente, un insulto a la inteligencia bolivariana del continente americano.
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