Madrid, 22 de septiembre de 2010 | Justicia | Gabinete de Prensa - Redacción.
El 21 de septiembre tuvo lugar el solemne Acto de Apertura del Año Judicial, que sin lugar a dudas, es el acontecimiento más importante de la Justicia Española.
Como todos los años, la Apertura estuvo presidida por Su Majestad el Rey D. Juan Carlos, que junto con las autoridades más importante del país, el Ministro de Justicia, D. Francisco Caamaño, la Presidenta del Tribunal Constitucional, Dña. Emilia Casas, o el Fiscal General del Estado, D. Cándido Conde-Pumpido inauguraron un nuevo curso que promete ser intenso por todas las cuestiones que se están tratando últimamente.
El Presidente del Tribunal Supremo apeló a la unidad del poder judicial y a la labor unificadora de la interpretación del derecho que lleva a cabo el Tribunal Supremo, pues en palabras suyas “El Tribunal Supremo cuenta con legitimidad de origen, no sólo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes judiciales, sino también como órgano constitucional y su existencia se liga directamente a la del propio sistema democrático.”
El Ministro de Justicia destacó que la Justicia esta viviendo unos momentos fundamentales para su desarrollo, los cambios estratégicos que se están realizando dentro del sistema judicial español repercutirán en la agilidad y modernización de la misma, concediendo mayores garantías al ciudadano español.
Y para finalizar, también se tuvieron palabras para recordar a las victimas del terrorismo y a sus familias, resaltando la labor de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo en su lucha contra ETA, indicando que en esta batalla, “no se puede retroceder ni un milímetro”.
En esta ocasión, más que nunca, la presencia de los Graduados Sociales fue más numerosa y representativa, pues además de la asistencia de D. Javier San Martín como Presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, estuvieron como invitados del Presidente del Supremo los miembros de la Comisión Permanente del CGCOGSE, pudiendo presenciar y compartir este importantísimo Acto de los profesionales y operadores jurídicos que integran la Justicia española.
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