· Miguel Ángel Rodríguez Martínez, Técnico-Urbanista y Secretario General del Cabildo de Fuerteventura, defenderá en el marco del III Congreso Canario de Derecho Urbanístico que deben eliminarse en una apuesta por otros mecanismos más favorecedores de la libertad y la inversión
· Luis Fernando Prieto González, Secretario General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, considera que el ámbito urbanístico debe seguir rigiéndose por las reglas tradicionales de control administrativo previo
· Este debate tendrá lugar este viernes en estas jornadas especializadas, organizadas por la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR), que se desarrollarán los días 14 y 15 de abril en el Auditorio de La Oliva, Corralejo
La Oliva, Corralejo (fuerteventura), 12 de abril de 2011 | Urbanismo - Derecho | Gabinete de Prensa..
“Los efectos de la directiva de Servicios sobre las licencias de obras y otros títulos” es el título de una mesa redonda, moderada por Andrés González Sanfiel, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, en la que se pondrán de manifiesto dos puntos de vistas diametralmente opuestos.
Por una parte, el mantenimiento del statu quo con un control administrativo previo tradicional; y por otra, la apuesta por una mayor libertad y controles administrativos a posterior. “Son dos concepciones diferentes sobre el papel de la Administración sobre el control de los usos del suelo”, según postula González Sanfiel.
Este debate tendrá lugar el próximo viernes, 15 de abril, a partir de las 12.30 horas en el marco del III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que se celebrará en el Auditorio de La Oliva, en Corralejo (Fuerteventura) los próximos días 14 y 15 de abril.
Luis Fernando Prieto González, Secretario General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, defenderá el mantenimiento de la situación actual, es decir, que las obras y otras actuaciones sobre el uso del suelo siguen estando sometidas a licencia o autorización; en otras palabras, que la Directiva de Servicios no afecta al ámbito urbanístico que sigue rigiéndose por las reglas tradiciones de control administrativo previo.
Por el contrario, Miquel Ángel Rodríguez Martínez, Técnico-Urbanista y Secretario General del Cabildo de Fuerteventura, defenderá la aplicación de la Directiva de Servicios al ámbito urbanístico y, en consecuencia, que deben suprimirse los controles administrativos previos para la realización de actuaciones sobre el uso del suelo, debiendo cambiarse ese control por otros mecanismos más favorecedores de la libertad y la inversión, tales como las declaraciones responsables o las comunicaciones previas.
El objetivo es, según Rodríguez Martínez “poner de manifiesto la enorme incidencia que la Directiva de servicios tiene sobre el Derecho administrativo español de tal modo que conduce de forma inexorable hacia un auténtico Derecho administrativo europeo que ha de dejar atrás el tradicional intervencionismo de la administración para sustituirlo por una enorme labor de simplificación administrativa, cuya principal incidencia se producirá sobre las autorizaciones administrativas de tal forma que se abrirán paso nuevas técnicas de intervención mucho más dulcificadas, basadas en el principio de confianza legítima no ya en la actuación de la administración sino también en la correcta actuación del administrado”.
Este foro, dirigido por Carmelo Padrón Díaz, Catedrático de Arquitectura Legal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, está organizado por la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR) en colaboración con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva.
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