Presentación de las candidaturas de ANC en Fuerteventura

Mañana, domingo 10 de mayo, a partir de las 20,00 horas en el Casino de Antigua, Alternativa nacionalista Canaria en Fuerteventura presentará sus candidaturas en la Isla en un acto abierto aprensa y particulares.

Puerto del Rosario (Fuerteventura - Canarias), 9 de mayo de 2015 / Campaña electoral 24M - Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) / Gabinete de Prensa.

Alternativa Nacionalista Canaria (ANC), presentará este domingo sus candidaturas a la opinión pública. Por primera vez ANC se presenta a unas elecciones en la Isla, haciéndolo con notable fuerza y de mano de personas comprometidas con Fuerteventura y el Archipiélago.

En esta ocasión ANC presenta 7 planchas. A los municipios de La Oliva, Puerto, Antigua, Tuineje y Pájara. Al Cabildo majorero y al Parlamento.

ANC está orgulloso de su proyecto en la Isla que no puede estar en mejores manos.

Javier Varona Gómez-Acedo: “Canarias tiene un nefasto sistema de ordenación territorial y los delitos por corrupción urbanística se multiplican”

· El Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas) señala que “Tenemos un sistema jurídico de ordenación urbanística que posibilita y fomenta la existencia de ilícitos urbanísticos”


· Duda del acierto de penalizar estas conductas con el nuevo Código Penal y opina que “hubiera sido preferible la lucha contra la delincuencia de esta tipología a través del perfeccionamiento de otros tipos penales propios de la corrupción en general”


· Debatirá sobre este asunto este viernes, 15 de abril, junto al Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez, Magistrado del Tribunal Supremo, en el marco del III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, organizado por la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR), que se desarrollarán mañana jueves y el viernes en el Auditorio de La Oliva, Corralejo (Fuerteventura)

Fuerteventura, 14 de abril de 2011 | Justicia - Seminario | Gabinete de Prensa.

Canarias es la segunda comunidad autónoma con más casos de corrupción urbanística. A este respecto, el Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas) ha afirmado que “es cuestión de tener más o menos oportunidades. Como en Canarias ha habido una inmensa oportunidad de generar plusvalías urbanísticas, favorecida por el modelo económico, pero también por un nefasto sistema de ordenación territorial, las oportunidades se han multiplicado”.

Javier Varona Gómez-Acedo participará este viernes, 15 de abril, en una mesa debate junto al Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez, Magistrado del Tribunal Supremo (Sala 2ª) acerca de “El derecho urbanístico: entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo. A propósito de la reforma del Código Penal” a partir de las 16.00 horas en una sesión moderada por Francisco Hernández González, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna”.

Será en el marco del III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que se desarrolla desde mañana jueves, 14 de abril, en el Auditorio de La Oliva, Corralejo (Fuerteventura).

En general, señala que “tenemos un sistema jurídico de ordenación urbanística, que posibilita y fomenta la existencia de ilícitos urbanísticos”.

Con respecto a la reforma del Código Penal, la tercera que sufre desde que España está en Democracia, opina que “realmente la figura de los ahora denominados delitos contra la ordenación del territorio y urbanísticos ha experimentado una sola reforma en el código penal de 1995, que es la LO 5/2010. La modificación ha sido relativamente pequeña referida, esencialmente, a las cuantías de las penas de multas y la ampliación de las conductas típicas a los supuestos de obras de urbanización”.

“Personalmente dudo del acierto de penalizar estas conductas y creo que hubiera sido preferible la lucha contra la delincuencia de esta tipología a través del perfeccionamiento de otros tipos penales propios de la corrupción en general”, concluye el Magistrado del TSJC”, puntualiza.

¿Deben o no suprimirse los controles administrativos previos a la realización de actuaciones sobre el uso del suelo?

· Miguel Ángel Rodríguez Martínez, Técnico-Urbanista y Secretario General del Cabildo de Fuerteventura, defenderá en el marco del III Congreso Canario de Derecho Urbanístico que deben eliminarse en una apuesta por otros mecanismos más favorecedores de la libertad y la inversión


· Luis Fernando Prieto González, Secretario General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, considera que el ámbito urbanístico debe seguir rigiéndose por las reglas tradicionales de control administrativo previo


· Este debate tendrá lugar este viernes en estas jornadas especializadas, organizadas por la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR), que se desarrollarán los días 14 y 15 de abril en el Auditorio de La Oliva, Corralejo

La Oliva, Corralejo (fuerteventura), 12 de abril de 2011 | Urbanismo - Derecho | Gabinete de Prensa..

 “Los efectos de la directiva de Servicios sobre las licencias de obras y otros títulos” es el título de una mesa redonda, moderada por Andrés González Sanfiel, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, en la que se pondrán de manifiesto dos puntos de vistas diametralmente opuestos.

 Por una parte, el mantenimiento del statu quo con un control administrativo previo tradicional; y por otra, la apuesta por una mayor libertad y controles administrativos a posterior. “Son dos concepciones diferentes sobre el papel de la Administración sobre el control de los usos del suelo”, según postula González Sanfiel.

Este debate tendrá lugar el próximo viernes, 15 de abril, a partir de las 12.30 horas en el marco del III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que se celebrará en el Auditorio de La Oliva, en Corralejo (Fuerteventura) los próximos días 14 y 15 de abril.

Luis Fernando Prieto González, Secretario General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, defenderá el mantenimiento de la situación actual, es decir, que las obras y otras actuaciones sobre el uso del suelo siguen estando sometidas a licencia o autorización; en otras palabras, que la Directiva de Servicios no afecta al ámbito urbanístico que sigue rigiéndose por las reglas tradiciones de control administrativo previo.

Por el contrario, Miquel Ángel Rodríguez Martínez, Técnico-Urbanista y Secretario General del Cabildo de Fuerteventura, defenderá la aplicación de la Directiva de Servicios al ámbito urbanístico y, en consecuencia, que deben suprimirse los controles administrativos previos para la realización de actuaciones sobre el uso del suelo, debiendo cambiarse ese control por otros mecanismos más favorecedores de la libertad y la inversión, tales como las declaraciones responsables o las comunicaciones previas.

El objetivo es, según Rodríguez Martínez “poner de manifiesto la enorme incidencia que la Directiva de servicios tiene sobre el Derecho administrativo español de tal modo que conduce de forma inexorable hacia un auténtico Derecho administrativo europeo que ha de dejar atrás el tradicional intervencionismo de la administración para sustituirlo por una enorme labor de simplificación administrativa, cuya principal incidencia se producirá sobre las autorizaciones administrativas de tal forma que se abrirán paso nuevas técnicas de intervención mucho más dulcificadas, basadas en el principio de confianza legítima no ya en la actuación de la administración sino también en la correcta actuación del administrado”.

Este foro, dirigido por Carmelo Padrón Díaz, Catedrático de Arquitectura Legal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, está organizado por la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR) en colaboración con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva.

Faustino García Márquez: “Fuerteventura es la isla que presenta un mayor retraso en la adaptación del planeamiento municipal”

El arquitecto urbanista señala que, no obstante, es también, la isla con mayor índice de crecimiento inmobiliario, económico y demográfico en los últimos años


Moderará el próximo jueves, 14 de abril, una mesa debate en torno a si “¿Es posible simplificar el planeamiento?” en el marco del III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que se celebrará en el Auditorio de La Oliva, Corralejo (Fuerteventura)


Recuerda que el único municipio canario que aún carece de instrumento de ordenación general, es Betancuria, ubicado en la isla majorera

La Oliva, Corralejo (Fuerteventura), 11 de abril de 2011 | Jornadas |Gabinete de Prensa.

“Fuerteventura es la isla que presenta un mayor retraso en la adaptación del planeamiento municipal, a pesar de ser, también, la isla con mayor índice de crecimiento inmobiliario, económico y demográfico en los últimos años”. Así lo ha declarado D. Faustino García Márquez, arquitecto y urbanista, a propósito de su participación en el III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que organiza la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR) en colaboración con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva.

El próximo jueves, 14 de abril, a las 12.45 horas, moderará una mesa debate en torno a si “Es posible simplificar el planeamiento?” en la que participarán D. Jesús Álvarez García, arquitecto y urbanista, Profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y D. José Tomás Martín González, Secretario del Ayuntamiento de Tegueste (Tenerife).

“Todos los instrumentos de ordenación municipal actualmente vigentes fueron aprobados definitivamente, al menos en una primera instancia, entre los años 1989 y 1990, hace más de 20 años. También tiene el dudoso mérito de albergar al único municipio canario que aún carece de instrumento de ordenación general, Betancuria. Sin embargo, la ordenación de sus espacios naturales protegidos, competencia del Gobierno de Canarias, es la más recientemente actualizada del archipiélago: 12 de sus 13 espacios cuentan con planes y normas adaptados con posterioridad al año 2004”, explica.

Acerca de la posible simplificación del planeamiento, tema del debate, señala que “No hay un método; pero hay posibles medidas de simplificación, tanto del contenido de los planes como de su tramitación. Lo que no vale como método es la liberalización y desregulación que están propugnando algunos sectores económicos y políticos: el valor de nuestro territorio y del patrimonio natural y paisajístico que contiene es enorme, es una responsabilidad que tenemos como pueblo y es una propiedad de las generaciones futuras.”

Pero de las auténticas medidas, de las medidas sostenibles, posibles y positivas, hablarán durante este IIl Congreso Canario de Derecho Urbanístico José Tomás Martín y Jesús Álvarez, a partir de sus respectivas experiencias como jurista y arquitecto, respectivamente, que han desarrollado trabajos de redacción, gestión y asesoramiento en diferentes municipios.

Faustino García Márquez (Las Palmas, 1944) es arquitecto urbanista (Madrid, 1973). Desde 1990 trabaja como urbanista en la Administración de la Comunidad Autónoma. Anteriormente participó en la redacción de instrumentos de ordenación de ámbito municipal y de centros históricos (1973-1990).

Coordinó la redacción de las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (2002-2003). Fue Director General de Urbanismo (1993-1995). Entre 1973 y 1977 fue profesor de Urbanística en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas y continúa participando como tal en cursos de formación y postgrado.

Es miembro de la Academia Canaria de la Lengua y del Gabinete Científico del Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. Como dibujante y humorista, colaboró en las RevistasSansofé (1970-1972) y Anarda (1999-2000), además, ha publicado y colaborado en diferentes trabajos, especialmente sobre urbanismo y arquitectura.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas tramita una decena de diligencias de investigación en lo que llevamos de año

Javier Ródenas Molina, responsable de esta área, que participa la próxima semana en el III Congreso Canario de Derecho Urbanísitico que se celebra la próxima semana en Fuerteventura, indica que el supuesto típico más denunciado son las construcciones en suelos especialmente protegidos, la concesión de licencias en contra de la normativa urbanística y supuestos de vertederos presuntamente ilegales


Respecto de la memoria correspondiente al año pasado por parte de esta sección, se incoaron 59 diligencias de investigación, la mayoría de ellas por delitos contra la ordenación del territorio


Asegura que “no siempre se justifica adecuadamente la necesidad e interés público/social que se persigue con los convenios urbanístico”

Las Palmas de GC, 9 de abril de 2011 | Congreso | Gabinete de Prensa.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas ha tramitado una decena de diligencias de investigación en lo que llevamos de año. Javier Ródenas Molina, responsable de esta área, indica que el supuesto típico más denunciado son las construcciones en suelos especialmente protegidos, la concesión de licencias en contra de la normativa urbanística y supuestos de vertederos presuntamente ilegales.

Ródenas ha hecho estas declaraciones con motivo de su participación en el III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que se celebra el próximo 14 y 15 de abril en el Auditorio de La Oliva, Corralejo (Fuerteventura), y que está organizado por la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR) en colaboración con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva.

Respecto a la memoria correspondiente al año pasado por parte de esta sección, se incoaron 59 diligencias de investigación, 17 por delitos contra el medio ambiente, 40 por delitos contra la ordenación del territorio ( incluyendo prevaricaciones urbanísticas) y 2 denuncias por maltrato a animales domésticos.

El Fiscal Delegado de Medio Ambiente de la Provincia de Las Palmas y el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde, Magistrado del Tribunal Supremo (Sala 3ª) reflexionarán el viernes, 15 de abril, a partir de las 10.00 horas, sobre la “Supresión de los convenios urbanísticos”.

El eje central de esta mesa debate serán los convenios urbanísticos como motor de la especulación y uno de los principales factores de la corrupción urbanística. Moderará este foro D. Carmelo Padrón Díaz, Catedrático de Arquitectura Legal de la ULPGC.

En las últimas décadas se ha generalizado la práctica de los convenios de planeamiento urbanístico. A través de los mismos, la Administración y los particulares pactan contraprestaciones recíprocas que suelen consistir en la modificación o revisión del planeamiento para aumentar el aprovechamiento urbanístico o la edificabilidad de determinados terrenos a cambio de un incremento de las cesiones de suelo o de las obligaciones de urbanización, o bien directamente de un monto de dinero en metálico.

“No siempre se justifica adecuadamente la necesidad e interés público/social que se persigue con el convenio; es decir, en qué se beneficia la sociedad con la actuación convenida. Justificación necesaria, además, cuando la mayoría de los convenios inician su tramitación a instancia de los particulares interesados”, afirma Ródenas.

Se cuestionará, por ejemplo, “si es coherente con nuestra Constitución y principios rectores de la política urbanística el abuso y protagonismo desmesurado de los convenios urbanísticos como estrategia municipal de planeamiento”. En definitiva, se hará un análisis de supuestos de corrupción urbanística y prevaricaciones urbanísticas ligadas al abuso de los convenios urbanísticos.

Una veintena de ponentes de prestigio, entre magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, fiscales, Catedráticos de Arquitectura y Derecho Administrativo, técnicos y altos cargos de las corporaciones insular y regional, Profesores de Universidad y abogados urbanistas, entre otros, se darán cita durante la próxima semana para ofrecer un programa de interés general que incorpora temas de actualidad en materia de derecho urbanístico.

La APMUN demolerá obras ilegales en el municipio de La Oliva (Fuerteventura)

Requiere al afectado que proceda a la retirada de maquinaria y enseres en la zona



• Las construcciones se encuentran en suelo rústico de protección agropecuaria del lugar denominado Aljibe de las Cañas, en Lajares

Fuerteventura, 4 de agosto de 2010 | Medio Ambiente | Gabinete de Prensa.
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), al objeto de proceder a la protección de la legalidad, ha notificado a un ciudadano una resolución en la que comunica la demolición de obras ilegales ubicadas en suelo rústico de protección agropecuaria del municipio de La Oliva, en Fuerteventura, según anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

La demolición afecta a la construcción de una edificación, que se encuentra situada en el lugar denominado Aljibe de Las Cañas, en Lajares, del término municipal mencionado.

La APMUN señala como fecha de ejecución de la demolición los días siguientes a aquel en el que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente dicte auto de entrada que autorice el acceso a la propiedad afectada.

El interesado además deberá proceder, desde la notificación de la resolución, a la retirada de maquinaria, enseres y efectos personales o de otra índole que se encuentren en la zona. No obstante, de no actuar así, no se impedirá ni suspenderá la ejecución del acto administrativo, que se llevará a cabo a costa del afectado.

El derribo se acometerá fruto de una infracción al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias.

El organismo público de naturaleza consorcial difunde en el BOC la resolución al respecto, al no haber podido notificarla al ciudadano de conformidad con la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.