Respecto de la memoria correspondiente al año pasado por parte de esta sección, se incoaron 59 diligencias de investigación, la mayoría de ellas por delitos contra la ordenación del territorio
Asegura que “no siempre se justifica adecuadamente la necesidad e interés público/social que se persigue con los convenios urbanístico”
Las Palmas de GC, 9 de abril de 2011 | Congreso | Gabinete de Prensa.
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas ha tramitado una decena de diligencias de investigación en lo que llevamos de año. Javier Ródenas Molina, responsable de esta área, indica que el supuesto típico más denunciado son las construcciones en suelos especialmente protegidos, la concesión de licencias en contra de la normativa urbanística y supuestos de vertederos presuntamente ilegales.
Ródenas ha hecho estas declaraciones con motivo de su participación en el III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que se celebra el próximo 14 y 15 de abril en el Auditorio de La Oliva, Corralejo (Fuerteventura), y que está organizado por la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR) en colaboración con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva.
Respecto a la memoria correspondiente al año pasado por parte de esta sección, se incoaron 59 diligencias de investigación, 17 por delitos contra el medio ambiente, 40 por delitos contra la ordenación del territorio ( incluyendo prevaricaciones urbanísticas) y 2 denuncias por maltrato a animales domésticos.
El Fiscal Delegado de Medio Ambiente de la Provincia de Las Palmas y el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde, Magistrado del Tribunal Supremo (Sala 3ª) reflexionarán el viernes, 15 de abril, a partir de las 10.00 horas, sobre la “Supresión de los convenios urbanísticos”.
El eje central de esta mesa debate serán los convenios urbanísticos como motor de la especulación y uno de los principales factores de la corrupción urbanística. Moderará este foro D. Carmelo Padrón Díaz, Catedrático de Arquitectura Legal de la ULPGC.
En las últimas décadas se ha generalizado la práctica de los convenios de planeamiento urbanístico. A través de los mismos, la Administración y los particulares pactan contraprestaciones recíprocas que suelen consistir en la modificación o revisión del planeamiento para aumentar el aprovechamiento urbanístico o la edificabilidad de determinados terrenos a cambio de un incremento de las cesiones de suelo o de las obligaciones de urbanización, o bien directamente de un monto de dinero en metálico.
“No siempre se justifica adecuadamente la necesidad e interés público/social que se persigue con el convenio; es decir, en qué se beneficia la sociedad con la actuación convenida. Justificación necesaria, además, cuando la mayoría de los convenios inician su tramitación a instancia de los particulares interesados”, afirma Ródenas.
Se cuestionará, por ejemplo, “si es coherente con nuestra Constitución y principios rectores de la política urbanística el abuso y protagonismo desmesurado de los convenios urbanísticos como estrategia municipal de planeamiento”. En definitiva, se hará un análisis de supuestos de corrupción urbanística y prevaricaciones urbanísticas ligadas al abuso de los convenios urbanísticos.
Una veintena de ponentes de prestigio, entre magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, fiscales, Catedráticos de Arquitectura y Derecho Administrativo, técnicos y altos cargos de las corporaciones insular y regional, Profesores de Universidad y abogados urbanistas, entre otros, se darán cita durante la próxima semana para ofrecer un programa de interés general que incorpora temas de actualidad en materia de derecho urbanístico.
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