LA “GUARDERÍA RURAL” QUE PROPONE ASAJA NO PUEDE SER LA SOLUCIÓN.
Madrid, 14 de abril de 2011 | Sindical | Gabinete de Prensa.
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil, asociación de mandos del Cuerpo, entiende y se solidariza con la desesperación por los robos y daños que sufre el sector agrario y ganadero, como denuncia ASAJA.
ASAJA ha hecho público el verdadero sentir de los afectados por los sucesivos robos, hurtos y daños en sus productos, en sus cosechas y en infraestructuras como pueden ser los mecanismos de riego. Esta situación contrasta llamativamente con las buenas cifras de criminalidad ofrecidas por el Ministerio del Interior según el que nos encontramos con la menor tasa de delincuencia de la última década.
Unión de Oficiales respalda la petición de modificación del Código Penal que suponga un endurecimiento de las penas, especialmente en los casos de reincidencia, y el rigor en su aplicación, así como el establecimiento de mecanismos de control en la comercialización y depósito de productos, tanto del campo, como aquellos materiales de tipo industrial que dan soporte a las instalaciones agropecuarias (cobre, hierro, etc.)
Otra de las medidas que propone ASAJA para frenar la oleada de robos y daños consiste en crear un servicio privado de “guardería rural” que paguen ayuntamientos y diputaciones.
Al respecto debemos recordar que la seguridad pública es competencia del Estado, si bien colaboran las distintas administraciones autonómicas y locales con sus respectivos cuerpos policiales en el ámbito de sus competencias.
Como es sabido, la situación económica ha llevado a recortar la oferta de empleo público para la Guardia Civil, Cuerpo bajo cuya responsabilidad recae la seguridad en el ámbito rural.
En concreto en 2010 la oferta de empleo público para la Guardia Civil fue de 384 plazas para toda España, mientras que sólo para Cataluña se ofertaron 600 de Mossos. En 2011, la oferta de empleo para la Guardia Civil es de 162 plazas para toda España, mientras que para Mossos se mantienen otras 600. Además, el incremento de plantilla en la Guardia Civil de los años anteriores, como muestran los datos del Ministerio del Interior, se ha destinado a cubrir las necesidades generadas por las especialidades como delincuencia organizada o lucha antiterrorista, pero prácticamente nada a seguridad ciudadana (ámbito rural), con las consecuentes repercusiones sobre la protección del tejido productivo de las poblaciones del entorno rural.
A esto hay que sumar que desde septiembre de 2010 la Guardia Civil, tras la aplicación de la nueva normativa de jornada, ha perdido un potencial de servicio equivalente a más de 4.000 efectivos, que sólo en provincias como Ciudad Real supone dejar de prestar más de 200.000 horas de servicio.
Si bien entendemos la desesperación de agricultores y ganaderos, y podemos compartir que se adopte esa medida de contratar “guarderías rurales” de forma provisionalísima, esa no puede ser una medida definitiva.
Todos los sectores y grupos sociales deben unir sus esfuerzos para que la Guardia Civil tenga una plantilla
suficiente, de modo que pueda llegar a todos y pueda cumplir con eficacia las competencias que, cada vez más numerosas, le corresponden.
En estos casos no se trata de proteger un edificio o instalaciones concretas, funciones que se pueden desempeñar eficazmente por la seguridad privada, sino que hablamos de prestar seguridad en zonas abiertas, en las que los delincuentes se desplazan por vías públicas y, en muchas ocasiones, actúan de forma más o menos organizada, por lo que es difícil defender que se trate de una medida eficaz y que, a medio plazo,
puede generar graves problemas, ya en ocasiones los delincuentes acaban enfrentándose, e incluso agrediendo, a los servicios de seguridad privada.
Los ciudadanos y las distintas organizaciones deben exigir con contundencia que el Estado ejerza sus competencias y que proporcione la seguridad adecuada a través de unos cuerpos de seguridad dotados de los recursos humanos y materiales necesarios.
Hacerlo de otro modo supondrá diferenciar a los ciudadanos entre aquellos que pueden pagarse un servicio de guardería privada y los que no pueden hacerlo.
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