SINDICATOS Y PATRONAL ANUNCIAN ACCIONES FRENTE A LOS INCUMPLIMIENTOS DE LAS ADMINISTRACIONES.

Presentaron la Plataforma por la Defensa del Tomate, Frutas y Hortalizas de Canarias para luchar contra el desmantelamiento del sector.

Las Palmas de GC (Canarias), 30 de abril de 2014 / Agricultura - Economía / Gabinete de Prensa.

Ayer, las patronales de las dos provincias canarias, FEDEX y ACETO, la organización agraria ASAJA y los sindicatos con presencia en el sector SITCA, STU, Coordinadora de Aparcería Intersindical Canaria y CC.OO, han presentado la Plataforma por la Defensa del Tomate, Frutas y Hortalizas de Canarias.

Desde la nueva entidad afirman que “es tan flagrante la situación que sindicatos y patronal coinciden de manera unívoca, ya que la meta es común: salvar al sector”.

130 años de historia reciente están en peligro de extinción por los reiterados incumplimientos de las administraciones canarias y del Estado y, en definitiva, por el desinterés de nuestros representantes incapaces de ejecutar la solución acordada, según los integrantes de la Plataforma.

Los representantes han denunciado que las reuniones, visitas, encuentros, documentos, la participación en mociones e incluso las Proposiciones No de Ley, solo han servido para evidenciar la mala gestión y la desidia. Lo han intentado todo hasta la extenuación.

Incluso, ante la desesperación, siete mujeres agricultoras de La Aldea arriesgaron su salud por lograr algún acuerdo que les permitiera seguir manteniendo a sus familias.

Además de los impagos, la Plataforma ha acusado a la administración central de impedir a los agricultores canarios estar en igualdad de condiciones que los agricultores peninsulares. Incumpliendo de manera reiterada el mandato constitucional de atender el hecho insular, recogido en el artículo 138 de la Constitución Española.

Entre las demandas de la nueva Plataforma concretan un aumento de la ficha financiera del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad (POSEI), un nuevo reparto de estas ayudas en la línea defendida por la comisión de Agricultura, y un estudio de impacto económico y compensación, con carácter retroactivo, de los perjuicios que han supuesto a Canarias los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y terceros países.

Así mismo, reivindican las partidas de compensación al transporte acordado y publicado en el Real Decreto 170/2009 y la ampliación al 70%, recogida en otro posterior de 2011, así como el "estricto" cumplimiento de la financiación adicional en tiempo y forma.

También demandan que el Programa de Desarrollo Rural de Canarias consigne mayor cuantía para la modernización de las explotaciones y la incorporación de jóvenes agricultores.

La revisión de las ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para que se corrija el sobrepago existente para algunos productos y que se reagrupen en una sola las líneas de ayudas a las producciones locales del POSEI y se liguen al mantenimiento y creación de empleo y la productividad, son otras de sus demandas.

Los representantes de la Plataforma insisten en que el sector necesita de soluciones estructurales como su problema y no coyunturales. Así, consideran que el alto grado de empleabilidad del cultivo del tomate, muy superior a cualquier otro, no se ha tenido en cuenta a la hora de repartir las ayudas europeas.

Con todo, la Plataforma ha dado un plazo de 15 días a los Gobiernos central y canario para que atiendan las reivindicaciones del sector, con el fin de hacer frente a la próxima zafra.

Y han advertido que, si en el plazo señalado no tienen respuesta con garantías a sus demandas, iniciarán una serie de acciones y movilizaciones para “salvar” este sector, que emplea de forma directa e indirecta a unas 20.000 personas en las islas.

LA UNIÓN DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL (UO) SE SOLIDARIZA CON ASAJA ANTE LOS ROBOS QUE SUFRE EL COLECTIVO DE AGRICULTORES Y GANADEROS.

LA “GUARDERÍA RURAL” QUE PROPONE ASAJA NO PUEDE SER LA SOLUCIÓN.

Madrid, 14 de abril de 2011 | Sindical | Gabinete de Prensa.

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil, asociación de mandos del Cuerpo, entiende y se solidariza con la desesperación por los robos y daños que sufre el sector agrario y ganadero, como denuncia ASAJA.

ASAJA ha hecho público el verdadero sentir de los afectados por los sucesivos robos, hurtos y daños en sus productos, en sus cosechas y en infraestructuras como pueden ser los mecanismos de riego. Esta situación contrasta llamativamente con las buenas cifras de criminalidad ofrecidas por el Ministerio del Interior según el que nos encontramos con la menor tasa de delincuencia de la última década.

Unión de Oficiales respalda la petición de modificación del Código Penal que suponga un endurecimiento de las penas, especialmente en los casos de reincidencia, y el rigor en su aplicación, así como el establecimiento de mecanismos de control en la comercialización y depósito de productos, tanto del campo, como aquellos materiales de tipo industrial que dan soporte a las instalaciones agropecuarias (cobre, hierro, etc.)

Otra de las medidas que propone ASAJA para frenar la oleada de robos y daños consiste en crear un servicio privado de “guardería rural” que paguen ayuntamientos y diputaciones.

Al respecto debemos recordar que la seguridad pública es competencia del Estado, si bien colaboran las distintas administraciones autonómicas y locales con sus respectivos cuerpos policiales en el ámbito de sus competencias.

Como es sabido, la situación económica ha llevado a recortar la oferta de empleo público para la Guardia Civil, Cuerpo bajo cuya responsabilidad recae la seguridad en el ámbito rural.

En concreto en 2010 la oferta de empleo público para la Guardia Civil fue de 384 plazas para toda España, mientras que sólo para Cataluña se ofertaron 600 de Mossos. En 2011, la oferta de empleo para la Guardia Civil es de 162 plazas para toda España, mientras que para Mossos se mantienen otras 600. Además, el incremento de plantilla en la Guardia Civil de los años anteriores, como muestran los datos del Ministerio del Interior, se ha destinado a cubrir las necesidades generadas por las especialidades como delincuencia organizada o lucha antiterrorista, pero prácticamente nada a seguridad ciudadana (ámbito rural), con las consecuentes repercusiones sobre la protección del tejido productivo de las poblaciones del entorno rural.

A esto hay que sumar que desde septiembre de 2010 la Guardia Civil, tras la aplicación de la nueva normativa de jornada, ha perdido un potencial de servicio equivalente a más de 4.000 efectivos, que sólo en provincias como Ciudad Real supone dejar de prestar más de 200.000 horas de servicio.

Si bien entendemos la desesperación de agricultores y ganaderos, y podemos compartir que se adopte esa medida de contratar “guarderías rurales” de forma provisionalísima, esa no puede ser una medida definitiva.

Todos los sectores y grupos  sociales deben unir sus esfuerzos para que la Guardia Civil tenga una plantilla
suficiente, de modo que pueda llegar a todos y pueda cumplir con eficacia las competencias que, cada vez más numerosas, le corresponden.

En estos casos no se trata de proteger un edificio o instalaciones concretas, funciones que se pueden desempeñar eficazmente por la seguridad privada, sino que hablamos de prestar seguridad en zonas abiertas, en las que los delincuentes se desplazan por vías públicas y, en muchas ocasiones, actúan de forma más o menos organizada, por lo que es difícil defender que se trate de una medida eficaz y que, a medio plazo,
puede generar graves problemas, ya en ocasiones los delincuentes acaban enfrentándose, e incluso agrediendo, a los servicios de seguridad privada.

Los ciudadanos y las distintas organizaciones deben exigir con contundencia que el Estado ejerza sus competencias y que proporcione la seguridad adecuada a través de unos cuerpos de seguridad dotados de los recursos humanos y materiales necesarios.

Hacerlo de otro modo supondrá diferenciar a los ciudadanos entre aquellos que pueden pagarse un servicio de guardería privada y los que no pueden hacerlo.