SALT (Girona), 1 de agosto de 2011 |Cartas al Director | Valentín Abelenda Carrillo
El proyecto de ‘Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación’ señala en el artículo 16: “En ningún caso los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta ley, podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública”.
Según la interpretación que se dé a la ley, ésta podría poner en peligro el concierto de los colegios de educación diferenciada, vulnerando así el artículo 27 de la Constitución española que dice: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
El texto dice también que “las administraciones educativas garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley, y en todo caso, en los criterios y prácticas sobre admisión y permanencia en el uso y disfrute de los servicios educativos, con independencia de la titularidad de los centros que los imparten”. Realmente si se aprueba la ley se ponen en riesgo la educación diferenciada.
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