Telde, 26 de septiembre de 2011 | Derechos Humanos | Gabinete de Prensa.
Amnistía Internacional ha presentado al 13º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
una declaración escrita con una breve descripción de los motivos de preocupación de la organización referidos a Colombia. La presente declaración aporta información adicional sobre la grave situación a la que se enfrentan los defensores y defensoras de los derechos humanos en ese país.
Amnistía Internacional manifiesta en primer lugar su satisfacción por la invitación del gobierno a la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret
Sekaggya, para visitar Colombia en el año 2009.
Amnistía Internacional comparte los muchos motivos de preocupación de la relatora especial con
respecto a la grave situación que viven en Colombia los defensores y defensoras de los derechos
humanos y otros activistas,1 y espera con interés la presentación de su informe sobre la visita al país a
este periodo de sesiones del Consejo. Las recomendaciones de la relatora especial podrán servir de
orientación básica para la adopción de medidas efectivas en los niveles legislativo, administrativo y
político para mejorar la situación.
Amnistía Internacional insta al gobierno de Colombia a que actúe con prontitud sobre las
recomendaciones de la relatora especial, y a que proporcione información al Consejo de Derechos
Humanos en su 13º periodo de sesiones sobre el modo en que tiene previsto actuar sobre ellas y
sobre el momento en que informará de nuevo al Consejo sobre su implementación.
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Colombia desempeñan desde hace
largo tiempo un papel fundamental en la denuncia de los abusos y en el apoyo a las víctimas, pero
siguen pagando un precio muy elevado por realizar su legítimo trabajo.
A causa de su trabajo, los defensores y defensoras de los derechos humanos y sus familias siguen
siendo víctimas de homicidio, secuestro, desaparición forzada, amenazas, estigmatización,
hostigamiento, detención arbitraria, vigilancia, exilio o la irrupción en sus lugares de trabajo y el robo
de información sensible sobre casos. Otras personas asociadas con investigaciones criminales sobre
casos emblemáticos de derechos humanos, como testigos, fiscales, abogados y magistrados,
continúan también siendo víctimas de amenazas y homicidios.
Durante los últimos años se ha experimentado un preocupante incremento en el uso de las amenazas
de muerte contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. Esas amenazas se atribuyen
en su mayor parte a grupos paramilitares, pero también a instituciones del Estado. Son motivo de
grave preocupación para Amnistía Internacional los informes sobre la participación de entidades
estatales, como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –el servicio civil de inteligencia
que actúa bajo autoridad directa del presidente– en casos de amenaza de muerte y hostigamiento de
defensores y defensoras de los derechos humanos. La cada vez más frecuente utilización de las
amenazas de muerte ha generado un creciente clima de miedo en la comunidad de derechos
humanos de Colombia. Entre quienes reciben amenazas figura una gran variedad de grupos de
derechos humanos y activistas individuales. También continúan siendo objeto de amenazas,
hostigamiento y homicidios las personas que realizan campañas para que se haga justicia –como las
madres de los más de una docena jóvenes de Soacha ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas
de seguridad en 2008– y quienes trabajan para que les sean devueltas las tierras que les robaron los
grupos paramilitares.2
A menudo, los activistas locales que trabajan defendiendo a sus comunidades en áreas rurales
remotas y con frecuencia inaccesibles corren incluso mayores riesgos que los que se encuentran en
las ciudades. Concretamente, todas las partes en el conflicto armado han matado a muchos
dirigentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Son los miembros de las comunidades locales
quienes eligen a las personas que forman esas juntas, habitualmente por su posición en la comunidad.
Son ellos quienes actúan como portavoces y dirigentes comunitarios, gestionan pequeñas cantidades
de fondos estatales para proyectos locales (que las distintas facciones desean a menudo controlar) y
son frecuentemente el primer punto de contacto para las víctimas de abusos de derechos humanos.
Su función de liderazgo en las comunidades que con frecuencia se encuentran en áreas bajo el
control de uno u otro grupo armado los hace especialmente vulnerables a las acusaciones de
colaboración con la otra parte.
El escándalo del DAS. En abril de 2009, los medios de comunicación revelaron que el DAS había
llevado a cabo durante mucho tiempo una operación masiva e ilegal de espionaje –incluidas
seguimientos e intervención de comunicaciones– contra defensores y defensoras, y otras personas,
como políticos de la oposición, jueces y periodistas. Miembros de la comunidad diplomática y de la
ONU y de organizaciones extranjeras de derechos humanos fueron también objeto de esas prácticas.
La operación se había llevado a cabo con la colaboración de paramilitares, que amenazaron y
mataron a algunas de las personas objeto de la actividad del DAS. La información de inteligencia
procedente de organismos militares y civiles de seguridad (entre ellos el DAS) se usa habitualmente y
de forma generalizada para fabricar procedimientos penales infundados contra defensores y
defensoras de los derechos humanos y otros activistas. Amnistía Internacional comparte con la
relatora especial la preocupación de que puedan estar continuando esas actividades de vigilancia e
intervención de comunicaciones.
Al menos tres de las ONG nacionales de derechos humanos que han estado de forma sistemática en
el punto de mira del DAS –la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)– han
participado activamente en llevar casos emblemáticos de derechos humanos ante los tribunales de
justicia colombianos y el sistema interamericano de derechos humanos. Durante años, numerosas
investigaciones criminales infundadas han tratado de vincular a miembros de Justicia y Paz con
grupos guerrilleros. En el caso de la CCAJAR, altas autoridades gubernamentales han buscado en
repetidas ocasiones relacionar a algunos de los miembros de su personal con grupos guerrilleros.
Esta estigmatización, junto con las prácticas de vigilancia que desde hace tiempo el DAS viene
llevando a cabo sobre estas organizaciones, ha puesto a muchas de las personas que forman sus
plantillas en grave peligro de ser atacados y ha socavado gravemente su labor para combatir la
impunidad.
Asimismo, siempre ha sido motivo de grave preocupación el hecho de que el DAS haya sido la
entidad responsable de proporcionar medidas de seguridad, como guardaespaldas, a defensores y
defensoras de los derechos humanos. La responsabilidad por la provisión de medidas de seguridad
ha sido ahora transferida a empresas de seguridad privadas. Sin embargo, para Amnistía
Internacional ha sido desde hace mucho motivo de preocupación la posible participación de
paramilitares en esas empresas.
En 2009, el gobierno anunció que iba a disolver el DAS. En marzo de 2009, el Congreso aprobó la Ley
de Inteligencia y Contrainteligencia, que prohíbe la recopilación de información de inteligencia sobre
personas motivada por su filiación política o pertenencia a sindicatos u organizaciones sociales o de
derechos humanos. En septiembre de 2009, el decreto de implementación de la Ley de Inteligencia y
Contrainteligencia ordenó la revisión de los archivos de inteligencia compilados sobre esos motivos
por todas las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional insta al gobierno a garantizar que esa
revisión será más efectiva que otras realizadas previamente.
El programa gubernamental de protección de defensores de los derechos humanos. Los sucesivos
gobiernos de Colombia han reaccionado a la presión internacional tratando de mejorar la seguridad
de los defensores y defensoras de los derechos humanos con la adopción de diversas medidas
coordinadas por el Programa Nacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
del Ministerio del Interior y de Justicia. Entre las medidas adoptadas figuran la provisión de
guardaespaldas, vehículos blindados y teléfonos móviles.
Amnistía Internacional acoge positivamente todas las medidas que se adopten para la protección de
los defensores y defensoras de los derechos humanos, siempre que se ajusten a lo que quienes están
amenazados consideren apropiado. Sin embargo, la relatora especial de la ONU sobre la situación de
los defensores de los derechos humanos ha indicado que este programa presenta deficiencias y ha
formulado varias recomendaciones en el contexto del proceso de reforma de ese programa.
Amnistía Internacional ha señalado ya que en ocasiones se han retirado o restringido de forma
arbitraria las medidas de protección, incluso en momentos en que las personas afectadas
atravesaban circunstancias de elevado riesgo para su seguridad. Las autoridades con frecuencia
utilizan las limitaciones presupuestarias para justificar esas restricciones. Amnistía Internacional
considera que no pueden utilizarse los argumentos de escasez presupuestaria para justificar la
retirada de protección a defensores y defensoras de los derechos humanos u otras personas
amenazadas.
Amnistía Internacional desea también subrayar que las medidas de protección física no son por sí
solas suficientes. Por ejemplo, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos
y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos,4 no sólo pide que se tomen medidas prácticas de protección, sino
también medidas integrales orientadas a prevenir las violaciones y atajar de raíz las causas de esas
violaciones, como la impunidad.
Clima de hostilidad para el trabajo en defensa de los derechos humanos. La grave situación que
enfrentan los defensores y defensoras de los derechos humanos se ve exacerbada por el clima de
considerable hostilidad que se transmite desde algunos sectores del Estado colombiano.
Esa hostilidad ha sido fomentada por el gobierno, que percibe los derechos humanos y la seguridad
como elementos mutuamente excluyentes. Altas autoridades gubernamentales y estatales con
frecuencia buscan equiparar la labor de defensa de los derechos humanos con el apoyo a la guerrilla o
al terrorismo. A su vez, esa estigmatización sistemática, pública y de alto nivel, ha proporcionado un
poderoso incentivo a quienes desean amenazar y dañar físicamente a los defensores y defensoras de
los derechos humanos.
Ha sido motivo de especial preocupación para Amnistía Internacional una campaña en los medios de
comunicación colombianos, pero también internacionales, para desacreditar a ONG de derechos
humanos de Colombia e internacionales, y a las comunidades con las que trabajan y a las que prestan
su apoyo, afirmando falsamente que están vinculadas con grupos guerrilleros. Entre las
organizaciones afectadas figuran Justicia y Paz y las comunidades afrodescendientes de las cuencas
de los ríos Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica, con las que trabaja y a las que apoya Justicia y Paz; la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó y las personas asociadas con ella; y la ONG internacional
Brigadas Internacionales de Paz, que presta servicio de acompañamiento físico a algunas de estas
comunidades.
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