• El pleno vuelve a rechazar por mayoría y con la abstención del grupo socialista la instalación de la regasificadora en todo el ámbito territorial del municipio
San Bartolomé de Tirajana, 29 de diciembre de 2011 | Pleno | Gabinete de Prensa.
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, informó hoy que el Ayuntamiento está tramitando el expediente para reclamarle a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) el pago de unos 3 millones de euros por la licencia de construcción del centro penitenciario de Juan Grande.
“Ahora vamos a buscar los ingresos económicos de la cárcel y no vamos a desistir que se nos pague la licencia de obras, el impuesto de construcciones”, afirmó el alcalde al terminar el último pleno ordinario de este 2011, en el que la Corporación aprobó -con la abstención del grupo socialista- rechazar la instalación de la regasificadora en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, y en concreto en el entorno de Bocabarranco y Juan Grande.
Marco Aurelio Pérez le recordó al pleno que el rechazo a la regasificadora en el municipio ya había sido aprobado por la Corporación municipal en la sesión plenaria del 27 de noviembre del 2007, y se mostró convencido de que “esta posición será atendida por el Plan de Hidrocarburos”.
“En aquel pleno se aprobó por mayoría rechazar la implantación de la regasificadora en bocabarranco, en el Castillo del Romeral, y el posicionamiento en contra de dicha planta regasificadora en cualquier parte del municipio, sobre todo en aquella zona tan castigada por multitud de instalaciones como la central eléctrica en Bocabarranco, o el nuevo centro penitenciario en los Llanos del Matorral, y el vertedero de Juan Grande”, dijo. “Nuestra comunidad y nuestros vecinos ya han contribuido sobradamente con el resto de la sociedad de la Isla en ‘materias e infraestructuras de delicado interés’ que otros rechazan en sus municipios”, recordó el alcalde.
Según Marco Aurelio Pérez, “esa medida que aprobó el pleno sigue estando vigente y sigue siendo obligación de este ayuntamiento defenderlo, y este Alcaldía-Presidencia la va a defender con los argumentos que se dieron en ese pleno porque siguen estando vigentes”.
Sede administrativa
De otra parte, el pleno también aprobó la auditoría de gestión del Ayuntamiento realizada por el Fondo Canario de Financiación Municipal correspondiente al ejercicio de 2010, y un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por facturas de los años 2009, 2010 y 2011 por un montante total de 4.048.881,90 euros. “La intención del gobierno municipal es ir regularizando todo lo que está pendiente” dijo el alcalde.
El pleno también aprobó por mayoría del gobierno municipal y con el apoyo del grupo mixto la autorización del Cabildo que permite al Ayuntamiento dar un uso provisional administrativo a la nueva biblioteca municipal por espacio de dos años.
El alcalde Marco Aurelio Pérez informó que el acta de entrega y recepción de la obra tuvo lugar el pasado 21 de diciembre, en un acto en el que intervinieron el Consejero de Gobierno de Empleo, Cooperación Institucional y Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria y el propio alcalde, y junto a esa entrega el Ayuntamiento recibió también la resolución que permitirá reunificar los servicios administrativos municipales en el mismo espacio de la biblioteca.
El alcalde explicó que con esta medida, el ayuntamiento consigue centralizar los servicios públicos y también un ahorro muy importante sin perjudicar a los usuarios de la Biblioteca. En ese sentido explicó que antes de proceder a la ocupación administrativa de la nueva biblioteca se amplió en el espacio y el número de servicios que hasta ahora se venían prestando en la antigua Biblioteca del Centro Cultural de Maspalomas, y se corrigieron deficiencias de aquella instalación como el aire acondicionado y la dotación de sistema contraincendios, “para dar finalmente a los usuarios los mismos metros cuadrados de servicios”.
Marco Aurelio Pérez también explicó que la intención final del grupo de gobierno es trasladar el funcionamiento diario del Ayuntamiento al entorno del Campo Internacional “con el menor costo posible para la población general de San Bartolomé de Tirajana y donde más servicios centralizados podamos ofrecer a los administrados del municipio, y devolver el uso cultural al nuevo edificio de biblioteca porque no reúne las condiciones necesarias ni los metros cuadrados que se necesitan”, dijo.
De momento, añadió, esta medida permitirá que el Ayuntamiento pueda ahorrar un total de 196.177,32 euros mensuales en los gastos de alquileres que actualmente se llevan las oficinas de los servicios municipales de Recaudación (41.207,88 euros); las oficinas de Rentas y Tesorería (43.170,12 euros); la oficina de Intervención (25.200 euros), el alquiler de la segunda planta del edificio de Hacienda, destinado a los servicios de Registro de entrada, Secretaria y Asesoria jurídica, entre otros, (72.000 euros) y el local que se está alquilando en Tunte para una parte del Archivo Municipal, con un coste de 14.599,32 euros.
Venta ambulante
Entre otros asuntos, y con la abstención de NC, la Corporación Municipal también dio su aprobación inicial a la nueva ordenanza que regulará la venta ambulante o no sedentaria en el municipio, confeccionada en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán y dispuesta también a aplicarla el Ayuntamiento de Santa Lucía.
La nueva ordenanza deviene de adaptar la antigua a las nuevas normativas europea y canaria, y de la incorporación de nuevos preceptos en la regulación del funcionamiento interno, el ornato y la estética de los mercadillos.
La ordenanza se expondrá ahora al público por el plazo de treinta días para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. Se publicará en el BOP de Las Palmas y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Si en el transcurso de dicho plazo no se presentara ninguna reclamación, la ordenanza se entenderá definitivamente aprobada.
Diálisis pública
El pleno también aprobó por unanimidad una moción por la que se solicitará al Gobierno de Canarias que amplíe el concierto suscrito con el Hospital San Roque Meloneras para que se presten en él los servicios públicos de diálisis para los enfermos del municipio, donde la prevalencia de diabéticos es alta, y sobre todo teniendo en consideración la distancia del término municipal de los centros hospitalarios de Las Palmas.
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