La creación de plazas de día y geriátricos para mayores y dependientes no sigue el ritmo de las obras públicas, y muchos cantamañanas frivolizan la política social
Las Palmas de GC. 10 de enero de 2012 / Artículo / ÁNGEL TRISTÁN PIMIENTA TRISTAN@EPI.ES
El destino socio-sanitario de la vieja clínica 'del Pino' no fue, contra lo que pueda creerse por el marketing desplegado, una iniciativa oficial; muy al contrario, las instituciones ni tuvieron la idea, como consecuencia de un análisis de la realidad o de una convicción política, ética o moral, ni estuvieron siquiera de acuerdo con la propuesta inicial. Todo empezó en las páginas de LA PROVINCIA, una de cuyas secciones, 'El retrovisor', publicó la sugerencia de unas lectora tras la construcción del 'Dr. Negrín'. Al cabo de unos días de campaña llegaron las primeras adhesiones: José Macías, Gregorio Toledo, Antonio Castellano... recogieron el testigo y convencieron a la clase política de que ya estaba bien de más oficinas y que era inaplazable disponer, en el centro de la ciudad, de unos locales apropiados para los mayores, cada vez más, y cada día con más especialidades de atención. El 'Estado de bienestar' aumenta la edad media, y este aumento implica que un porcentaje mayor de la población sea anciana, y que aparezcan enfermedades propias de esta etapa. Años más tarde el presidente Zapatero concretó esta nueva realidad en una ley que popularizó un nuevo concepto: la dependencia. La atención a los dependientes, los que no pueden valerse por sí mismos, tomó forma legal. Fue un gran paso adelante.
El 'nuevo Pino' quedó rápidamente desbordado; residencias y centros de día que construyeron o impulsaron ayuntamientos y cabildos con los pies en el suelo, fueron contribuyendo a dignificar a la 'tercera edad', pero sin cortar el desfase. Junto a los dirigentes metalizados, otros políticos ninguneaban estos proyectos o simplemente los boicoteaban con la más insultante de las desconsideraciones ideológicas y la más cruel de las incompetencias. A pesar de los esfuerzos del gobierno central, no todas las autonomías han cumplido sus obligaciones; ni todas las diputaciones y corporaciones insulares, y ayuntamientos. Hay más de 30.000 mayores en el Archipiélago que están en cola aguardando una ayuda que no acaba de llegar. ¿Cuántos mueren antes de que las instituciones les liberen los fondos? Las camas públicas en geriátricos -aparte de ser concebidos como almacenes alejados de las ciudades- son totalmente insuficientes; y una administración periférica displicente racanea conciertos. Y no todos los pensionistas -una pequeña parte, en realidad- disponen de los 1.500 o 2.000 euros de una plaza privada. A los hijos, les resulta muchas veces imposible reunir 500 euros 'per cápita' para atender, en plena crisis, el desfase entre el coste y una pensión, que no suele llegar a 800 o 1.000 euros.
Los tiempos cambian para todo, no solo para lo que interese a determinados políticos: hay más coches y de inmediato se proyectan autopistas y nuevos carriles, con frecuencia innecesarios; constantemente se amplían los aeropuertos, las pistas se hacen más largas y los edificios se renuevan a lo grande; se sumerge el dinero en obras portuarias faraónicas y sin visión de conjunto... pero no se actúa igual con las necesidades de los que tienen más derechos, ganados con una vida de trabajo y cotización. La construcción de centros especializados no sigue el mismo patrón que el hormigón; y hay irresponsables que aún se refieren con equidistancia cretina a las inversiones geriátricas equiparándolas con los despilfarros de una gestión manirrota que ha provocado agujeros presupuestarios. Esos miles de ancianos sin recursos y con un entorno familiar bajo mínimos o acosados por el paro tienen nombre, y parientes desesperados. Solo hace falta una gota para que se desborde el vaso de su paciencia. Doña María, mujer de un 'alzheimer', me lo decía: "Cuando pasen los fríos, igual hay que llevarlos a acampar a las puertas de los organismos oficiales". Ya verán el milagro si la indignación estalla.
La Provincia/Diario de Las Palmas. 10 de enero de 2012
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