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La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de la Unión de Oficiales (UO) revocado el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº Uno de los de Valdemoro (Madrid) por el que archivaron las actuaciones seguidas para esclarecer la explosión que tuvo lugar, en junio de 2010. en las instalaciones de la Guardia Civil en Valdemoro. La explosión costó la vida a un Subteniente del Cuerpo.
Como ha venido manteniendo la Unión de Oficiales (UO), junto al resto de acusaciones, entre ellas la ejercida por los propios familiares del fallecido, según la Audiencia Provincial hay indicios de delito, en concreto, señala la Sala, el delito previsto en el artículo 316 del Código Penal por infringirse la normativa de Prevención de Riesgos Laborales,
Además, señala la Audiencia Provincial que no solo se habría cometido un delito contra la seguridad de los trabajadores sino que estaríamos también ante un delito de homicidio imprudente.
La Audiencia determina cómo debe continuarse la investigación y a quiénes se debe interrogar en calidad de imputados, en concreto al Coronel Jefe del Centro, al que,
sorprendentemente a día de la fecha no se le ha tomado declaración, y a la empresa
SAIMA SEGURIDAD S.A. responsable del mantenimiento de algunos de los sistemas de seguridad que fallaron.
Por último señala la Sala que debe indagarse sobre la intervención de los miembros del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Sobre este último inciso, debemos adelantar que en aquellas fechas el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales carecía de implantación, pese a lo dispuesto en el Real Decreto 178/2005 sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil que indica en su disposición adicional cuarta que los órganos de prevención debían estar constituidos en el plazo de una año y la Orden Int/724/2006, de 10 de marzo, que ordena al Director General de la Guardia Civil proponer la adaptación del catálogo de puestos de trabajo que sea necesario para dotar de personal a los órganos de prevención.
La Unión de Oficiales (UO) velará por los derechos de los miembros de la Guardia Civil, impulsando la investigación hasta el total esclarecimiento de la verdad, para que los verdaderos responsables paguen por el daño causado.
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