LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID REABRE EL CASO DE LA EXPLOSIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA CIVIL DE VALDEMORO

Madrid (España), 04 de febrero de 2014 / Sindical - Unión de Oficiales (UO) / Gabinete de Prensa.

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de la Unión de Oficiales (UO) revocado el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº Uno de los de Valdemoro (Madrid) por el que archivaron las actuaciones seguidas para esclarecer la explosión que tuvo lugar, en junio de 2010. en las instalaciones de la Guardia Civil en Valdemoro. La explosión costó la vida a un Subteniente del Cuerpo. 

Como ha venido manteniendo la Unión de Oficiales (UO), junto al resto de acusaciones, entre ellas la ejercida por los propios familiares del fallecido, según la Audiencia Provincial hay indicios de delito, en concreto, señala la Sala, el delito previsto en el artículo 316 del Código Penal por infringirse la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, 

Además, señala la Audiencia Provincial que no solo se habría cometido un delito contra la seguridad de los trabajadores sino que estaríamos también ante un delito de homicidio imprudente.

La Audiencia determina cómo debe continuarse la investigación y a quiénes se debe interrogar en calidad de imputados, en concreto al Coronel Jefe del Centro, al que, 
sorprendentemente a día de la fecha no se le ha tomado declaración, y a la empresa 
SAIMA SEGURIDAD S.A. responsable del mantenimiento de algunos de los sistemas de seguridad que fallaron. 

Por último señala la Sala que debe indagarse sobre la intervención de los miembros del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Sobre este último inciso, debemos adelantar que en aquellas fechas el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales carecía de implantación, pese a lo dispuesto en el Real Decreto 178/2005 sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil que indica en su disposición adicional cuarta que los órganos de prevención debían estar constituidos en el plazo de una año y la Orden Int/724/2006, de 10 de marzo, que ordena al Director General de la Guardia Civil proponer la adaptación del catálogo de puestos de trabajo que sea necesario para dotar de personal a los órganos de prevención. 

La Unión de Oficiales (UO) velará por los derechos de los miembros de la Guardia Civil, impulsando la investigación hasta el total esclarecimiento de la verdad, para que los verdaderos responsables paguen por el daño causado.

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LA UO DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA AL ABOGADO DE ROSARIO PORTO POR SUPUESTAS CALUMNIAS CONTRA MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL

Madrid (España), 11 de enero de 2014 / Sindicato - UO / Gabinete de Prensa.

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), asociación profesional de mandos de la 
Benemérita, ha presentado denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de La Coruña
contra el Letrado D. José Luis Gutiérrez Aranguren, abogado de la supuesta autora del 
homicidio de su hija Asunta Basterra Porto. 

El letrado, Sr. Aranguren, excediéndose, a nuestro juicio, en las facultades que le confiere su 
condición de abogado, habría declarado ante los medios de comunicación que los 
investigadores, miembros de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, han 
presionado a los testigos para que modifiquen sus declaraciones de modo que sean 
conformes a la tesis mantenida por los investigadores de la Benemérita. 

Si ese comportamiento que denuncia el Letrado fuese cierto, lo debería haber puesto en 
conocimiento de los órganos judiciales. Sin embargo, como no son más que meras opiniones 
que tratan de desprestigiar a los investigadores de la Guardia Civil, en favor de su estrategia de defensa, solo se ha limitado a contarlo a los medios de comunicación sin respaldarlo con 
ninguna prueba. 

Como letrado debería saber que atribuir falsamente un comportamiento delictivo, en este caso el de presionar a los testigos para que modifiquen sus declaraciones por parte de miembros de la Guardia Civil, puede constituir un delito de calumnias o, en su caso, injurias. 

Como quiera que entre los investigadores supuestamente calumniados se encuentran 
miembros de la Unión de Oficiales (UO), y siendo uno de los objetivos de esta asociación el 
ejercicio de las acciones jurídicas que procedan para la protección y en favor de los miembros de la Unión de Oficiales, así como la defensa del prestigio e imagen de la Guardia Civil, se ha procedido a poner los hechos en conocimiento de la fiscalía de la Audiencia Provincial de La Coruña. 

Cabe decir que mientras el letrado tiene un interés concreto y definido por una relación 
mercantil con su cliente, los investigadores de la Guardia Civil (bajo la dirección de la Autoridad Judicial y Fiscal) únicamente persiguen el esclarecimiento de lo ocurrido, aportando a la Justicia cuantas pruebas contribuyen a dicho objetivo, sin ningún otro interés personal o 
económico. Por lo que no podemos tolerar que un letrado, como estrategia de defensa, 
manifieste pública y gratuitamente que los investigadores de la Guardia Civil, en ejercicio de 
sus funciones presionan a los testigos, pues supone un atentando contra el honor de estos 
guardias civiles y contra una Institución, la Guardia Civil, cuyo prestigio se ha forjado a lo largo
de muchos años. 

Si el letrado persiste en su actitud de desprestigiar tan gravemente la labor de los 
investigadores de la Guardia Civil a través de los medios de comunicación, esta asociación 
valorará la posibilidad de interponer querella criminal y su personación en la causa que se 
sigue por el homicidio de Asunta Basterra como medio para garantizar protección a los 
investigadores y contrarrestar los excesos mediáticos del Sr. Aranguren.

SENTENCIA DEL TC SOBRE SORTU: MATAR A UN MUERTO

Madrid (España), 22 de junio de 2012 / Sindical - Sentencia / Gabinete de Prensa (UO)

El pasado 22 de mayo, el TC, mediante acuerdo, advirtió medidas «muy drásticas» para oponerse a lo que llamaba «indeseable situación» derivada del retraso en su renovación. El Tribunal de Pascual Sala veía necesario recordar el respeto que se debe a la Constitución, advirtiendo que, de prolongarse tales incumplimientos, adoptaría las medidas que están en su mano, por muy drásticas que fuesen, para oponerse a esa “indeseable situación”.


Desconocemos qué medidas están en manos de un tribunal que se sabía caduco y que hace poco más de un año conocía de la voluntad de tres de sus magistrados Gay, Delgado y Pérez Vera, en interinidad, al presentar su dimisión, un hecho sin precedentes, a su todavía Presidente Pascual Sala. El mismo Tribunal conocía sus deficiencias, su división interna y la necesidad de una renovación que tendría lugar, por acuerdo de los dos grandes partidos, dentro de unos días.


Sin embargo, en tiempo de descuento, y concientes de los inminentes ceses y nuevos nombramientos, han abordado, sin cimientos, con inquietante prontitud, un problema que afecta al futuro de España y que posiblemente accione el temporizador de la bomba que los asesinos de ETA han colocado en los bajos del vagón en el que yace moribundo el Estado de Derecho. Atrás quedan los tiempos en el que el mismo Tribunal trabajaba cuatro años en el Estatuto de una Comunidad Autónoma como Cataluña.


Las Instituciones no tienen sentido sin los ciudadanos de Bien. Si el sistema político se ríe y relativiza conceptos como el Honor y la unidad, que nadie se sorprenda de encontrar traidores en su seno ¿Legitimidad para opinar? No consentiremos lecciones de legitimidad cuando el colectivo de la Guardia Civil acumula, desgraciadamente, muertos y familias destrozadas. Seguiremos denunciando que ETA está viva y armada para actuar.


Nadie puede aterrorizar a toda una nación, a menos que todos nosotros seamos sus cómplices. Aun entre tinieblas, pese a la cobardía de intentar matar a un muerto, creemos en una España capaz, también, de lo mejor. Los guardias civiles seguiremos sirviendo con orgullo y honor, acordándonos del ejemplo de aquellos que hoy no están entre nosotros.


“Justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo”


UNIÓN DE OFICIALES GUARDA CIVIL PROFESIONAL (UO)