La represión a la protesta ciudadana indica que está consiguiendo su objetivo

Ben Magec - Ecologistas en Acción

Ben Magec – Ecologistas en Acción manifiesta su rechazo  a las medidas de represión de los movimientos sociales por parte del Gobierno y las fuerzas de seguridad. Manifiestan que la creciente movilización popular está consiguiendo su objetivo, por lo que insisten en mantener viva la protesta ciudadana.

Canarias (España), 25 de julio de 2014 / Medioambiente / Gabinete de Prensa.

Ben Magec – Ecologistas en Acción se suma al rechazo a la denominada ‘Ley mordaza’ por “anticonstitucional, antidemocrática y por ser un fiel reflejo de la herencia franquista”. Según afirman, “en el nuevo texto legislativo denominado ‘Ley de seguridad ciudadana’, el gobierno se otorga atribuciones que hasta ahora tenía el poder judicial, con sanciones desproporcionadas que en última instancia lo que pretenden es desmovilizar y acallar las voces discordantes y opositoras a sus políticas antisociales”. A partir de ahora son sancionables acciones de protesta ciudadana como las que han frenado decenas de desahucios, y también la celebración de reuniones en lugares públicos, las manifestaciones espontáneas, las sentadas, la distribución de imágenes de los agentes de seguridad, y muchas otras de las técnicas habituales que utilizan las organizaciones sociales para manifestar su opinión, “frenar injusticias o denunciar actuaciones irregulares e ilegales de los miembros de los órganos de poder”.

Según la Federación ecologista, el texto legal está disfrazado bajo una terminología engañosa, como ocurre con el término de “seguridad ciudadana” utilizado para imponer medidas represivas bajo la apariencia de normas diseñadas para proteger a las personas. Por otra parte, “muchas de las disposiciones de esta nueva Ley están tan indefinidas que quedan totalmente a expensas de la interpretación de los cuerpos de seguridad, como ocurre con términos o frases como finalidad coactiva; ofensas o ultrajes a España; o incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, no habiendo peor planteamiento que el de dejar a la discrecionalidad de quien tiene que aplicar la fuerza la decisión de cómo tiene que hacer, sin dar pauta, protocolo o sistema reglado que defina sus límites y defienda en última instancia los derechos de ciudadanía y el principio de los administrados a no ser maltratados o vejados en el uso de sus derechos . 

Otras imposibilitan cualquier expresión de rechazo a políticas injustas, como la falta de respeto y de la consideración debida a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, que deja totalmente abierta la puerta a sanciones en actos de protesta en plenos municipales, por ejemplo”.

Ben Magec – Ecologistas en Acción afirma que se está contraviniendo el más sagrado de los principios democráticos, cual es la muestra de rechazo, discrepancia y oposición a toda aquella medida que los ciudadanos y sus organizaciones sociales consideren injusta y lesiva para los intereses públicos. Además, el gobierno coloca a los agentes de seguridad como escudos y fieles valedores de sus despropósitos.

Según Ben Magec – Ecologistas en Acción, “el Gobierno del PP, antes incólume a la protesta ciudadana, comenzó a darse cuenta de que la movilización social estaba despertando la conciencia cívica de miles de personas que ahora son capaces de deducir con claridad cuál es el origen de sus problemas”. Añaden que “todos los problemas sociales y ambientales tienen una misma raíz, que podríamos sintetizar en la triple alianza entre la lógica del sistema neoliberal (que prioriza los intereses de los grandes capitales y desvaloriza todo lo público, mientras que los bienes comunes no se tienen en cuenta), la conjunción de intereses político-empresariales (que condiciona el devenir tanto de los fondos como de los servicios públicos, y también del medio ambiente), y por último, pero determinante para el servicio de estas dos causas anteriores, la mordaza a la democracia, con el castigo y la penalización del ejercicio de derechos democráticos”.

La Federación ecologista informa de que en estos momentos, con la nueva Ley, se están criminalizando las protestas ciudadanas hasta el punto de que “muchas personas están siendo tratadas como delincuentes por el simple hecho de expresar su opinión en la calle de forma pacífica.  La represión política contra el derecho a disentir se está manifestando en forma de actuaciones policiales desmedidas a manifestantes y multas desorbitadas tanto por el hecho en sí de la multa como por su cuantía excesiva, a la vez que a través de muchos medios de comunicación y de muchos tertulianos, se hace creer a la ciudadanía que los pocos actos violentos se están convirtiendo en una lacra antisistema que requiere de medidas correctoras, cuando no del uso del “palo y tentetieso”.

 En Canarias, la lucha contra las prospecciones está dando lugar a una fuerte campaña de represión y deslegitimación del adversario por parte del Gobierno. “Es lógico pensar que el Gobierno esté temiendola lucha ciudadana, ya que está consiguiendo que por ejemplo, REPSOL esté registrando su nivel más bajo en bolsa desde el mes de marzo”. Para Ben Magec – Ecologistas en Acción, “este hecho indica que la protesta ciudadana está dando sus frutos. El Partido Popular seguirá intentando que la presión ciudadana no le afecte, pero ya está afectando a REPSOL, y en las próximas elecciones es muy probable que también les afecte a ellos, porque cada vez somos más y más conscientes, y ninguna medida represiva va a frenar nuestro legítimo derecho a luchar por lo que es justo”.

“En última instancia la falta de transparencia, la corrupción política, la represión y la limitación de los derechos de ciudadanía solo lleva a que cada vez mayores sectores sociales rechacen estas políticas y tomen opción por un compromiso por la acción pacífica y de desobediencia civil”, concluyen.