• Reclaman una planta y demarcación judicial más racional y otro modelo de proceso penal que dé respuesta a las nuevas formas de delincuencia que están socavando las instituciones
• Piden medidas legislativas y medios personales y materiales para impulsar y agilizar los procesos complejos, especialmente los que se siguen por delitos de corrupción
• Proponen reducir el número de aforados y limitar esta figura a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo
A Coruña (Galicia), 3 de noviembre de 2014 / Justicia renovadora / Gabinete de Prensa.
Los presidentes de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia han reivindicado hoy la Justicia como “factor clave para la regeneración de la democracia y del sistema de convivencia, afectado por el desaliento cívico y la desconfianza hacia las instituciones, derivada de la existencia de graves casos de corrupción”.
En una declaración aprobada al término de la reunión que bajo el título de “La nueva organización judicial” han mantenido esta semana en A Coruña, los presidentes de los TSJ consideran que “la reforma integral de la Administración de Justicia constituye una medida imprescindible para contribuir a alcanzar esa regeneración”.
Esa reforma, añaden, debe basarse en una nueva planta y demarcación judicial “más racional y eficiente” y en otro modelo procesal penal, “que dé respuesta satisfactoria a las nuevas formas de delincuencia que están socavando las instituciones democráticas y la confianza ciudadana en ellas”.
Tras poner de manifiesto que los jueces y juezas españoles siguen trabajando “en un contexto de leyes inadecuadas y de graves deficiencias organizativas”, los presidentes de los TSJ reclaman a los representantes políticos un gran pacto por la Justicia y actuar legislativamente respecto de determinadas áreas organizativas y de agilización procesal concretas, en la confianza de que “mejorar la Justicia hoy es posible”.
Erradicar los retrasos
Entre las propuestas de medidas organizativas acordadas en la reunión de A Coruña figuran la adopción de medidas legislativas que impulsen y agilicen los procesos complejos –principalmente de corrupción-, así como la dotación de medios personales y materiales que permitan que las instrucciones penales ganen en agilidad sin detrimento de las garantías de víctimas y acusados.
“Las instrucciones penales deben sujetarse a plazos razonables para evitar el riesgo de que se conviertan en un fin en sí mismas”, señala el documento de conclusiones, que considera imprescindible mejorar la gestión de las medidas de refuerzo en órganos judiciales sobrecargados o mal dimensionados, así como acompañar con funcionarios de refuerzo las medidas de apoyo de órganos judiciales que se ponen en marcha.
Otras medidas dirigidas a erradicar los retrasos en la Administración de Justicia son la extracción de los Juzgados de los procedimientos penales sin autor conocido –se propone una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que en estos casos el atestado se remita solo al fiscal-, la despenalización de las pequeñas infracciones o faltas e impulsar soluciones como la mediación.
Una organización judicial flexible y eficaz
En cuanto a la planta y demarcación judicial, los presidentes de los TSJ estiman necesaria una reforma legal inmediata “que posibilite que los actuales partidos judiciales superen definitivamente el actual esquema de Juzgados numerados y separados, lo que impide y dificulta enormemente compartir recursos e información”.
También abogan por ampliar la competencia territorial de los actuales juzgados exclusivos de violencia contra la mujer a fin de mejorar la respuesta ante esta lacra social, dotándolos de todos los recursos y medios necesarios para el ejercicio de su función.
Otra de las propuestas aprobadas es la de establecer mecanismos que permitan corregir desequilibrios en las cargas de trabajo de órganos judiciales de igual clase, como la aprobación de normas de reparto de ciertos asuntos entre órganos judiciales de distinta competencia territorial.
Las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia
Los presidentes de los TSJ consideran que, veinticinco años después de su creación, sigue habiendo deficiencias regulatorias sobre las funciones y competencias de éstos, y proponen entre otras reformas legislativas las siguientes:
- Clarificación de la posición de los TSJ ante la necesaria generalización de la doble instancia en el orden penal.
- Reforma urgente y en profundidad del aforamiento procesal ante la Sala Civil y Penal de los TSJ, reduciendo al máximo el número de aforados y limitando esta figura a los delitos cometidos en el ejercicio de la función y durante el ejercicio del cargo.
- Impulso de la plenitud en el enjuiciamiento por las Salas de los TSJ de los recursos de naturaleza extraordinaria en el ámbito de las jurisdicciones contencioso-administrativa, social y civil.
El documento de conclusiones incluye también propuestas relativas a la administración de los recursos de los Tribunales Superiores de Justicia referidas a los jueces de adscripción territorial, las sustituciones en la carrera judicial y los jueces en prácticas.
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