Según ADICAE, los esfuerzos impuestos para sostener como contribuyentes y consumidores un sistema bancario corrompido no ha traído como contrapartida un cambio en la mejora a sus derechos. Como consecuencia de unas políticas de ultraprotección, el sector se ha concentrado y el riesgo de que millones de clientes vean dañados sus derechos se incrementa.
Las Palmas de Gran Canaria (Canarias), 2 de abril de 2016 / Economía - Control Bancario / José Antonio Cabrera. ASSOPRESS
Según un informe reciente publicado por la FUNCAS, de abril de 2016, desde el comienzo de la crisis en 2008 a septiembre de 2015, el número de entidades de crédito ha cáido un 24% (de 286 a 198). Esto ha supuesto que las cinco mayores entidades disfrutan de una cuota de mercado del 58%.
A nadie se le escapa que el riesgo de que esto derive en actuaciones contrarias a la competencia, y por tanto perjudiciales a los clientes, se incrementa, máxime en un mercado como el bancario, que ha maltratado sistemáticamente los derechos de los consumidores con prácticas comunes. Baste recordar las clásuas suelo, impuestas prácticamente por todas las entidades; o las recientes “comisiones en cajeros”, puesta en práctica por las entidades con mayor peso de negocio, como Caixabank y al que rápidamente querían adherirse Santander y BBVA.
Según los registros del Banco de España, en diciembre de 2007 existían en nuestro país la friolera de 201 entidades de crédito, incluyendo bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito. En diciembre de 2014 esta cifra se ha reducido hasta 140. Si en términos cuantitativos estas cifras permiten apreciar la criba tras 9 años de crisis, todavía son más elocuentes si tenemos en cuenta que las entidades que más se han reducido han sido precisamente las cajas de ahorros, entidades más extendidas entre la ciudadanía: de 46 cajas de ahorros ahora todas se han convertido en bancos. Es evidente que no hacía falta tantas entidades, ni tantas sucursales, que sólo han servido para colocar productos trampa a los consumidores; pero en modo alguno puede tolerarse una concentración de poder financiero de estas características y en tan poco tiempo. Es pernicioso para los consumidores y para la economía.
En efecto, la desaparición cuantitativa de entidades y sucursales ha dado lugar a una concentración bancaria donde apenas 16 entidades controlan un 90% del mercado español; y cuatro de ellas (Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Bankia) el 60% de las operaciones de activo y pasivo que se realizan en nuestro país. El negocio bancario se concentra ahora en menos manos. Si en la época de gestación de la crisis ni había competencia entre entidades ni se respetaban los derechos de los consumidores, la transformación del sistema bancario ha mantenido y reforzado estas pautas de comportamiento.
El nuevo mapa bancario concentrado hace mella en los consumidores. Los datos del Banco Central Europeo confirman que España es el país de la Eurozona donde el tipo de interés de los créditos es de los más elevados. Según los últimos datos del Banco de España de diciembre de 2015, los hogares españoles pagaron de media un 9,13% por un crédito al consumo de duración entre 1 y 5 años, mientras en la Eurozona la media es de 5,24%. En hipotecas a más de 10 años, el tipo medio en España es de 2,75%, mientras que en la zona Euro es del 2,41%. Y ello en un contexto donde el precio oficial del dinero, marcado por el Banco Central Europeo, es del 0%.
Es evidente que el papel cada vez más concentrado de las entidades financieras puede condicionar el coste de los servicios bancarios. Por ello los intereses de los consumidores deben un lugar cada vez más central en las estrategias de control tanto del organismo responsable de la competencia (la CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) El riesgo de que el sector bancario acabe como el mercado eléctrico se pone de manifiesto en el nuevo panorama financiero. Al margen de crear unidades específicas y programas de actuación concretos dentro de la CNMC, muchos países ofrecen soluciones interesantes, como la implicación de las organizaciones de consumidores en esta tarea, fomentando vías de cooperación y actuación conjunta para vigilar y denunciar las concertaciones de precios y costes.
Los cambios del mapa bancario y los fraudes masivos que han sufrido los consumidores han ido de la mano. Este hecho no ha provocado sin embargo hasta el momento ni un solo movimiento de reforma en los organismos reguladores: CNMV y Banco de España. Su papel en la gestación de la crisis y en los escándalos de las preferentes o las cláusulas suelo han sido determinantes. Por ello, son necesarias reformas de calado que los convierta en herramientas útiles en la protección de los consumidores financieros. Tras la puesta en marcha del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), organismo europeo que se va a encargar de la supervisión financiera a los 120 principales bancos de la zona euro, se hace necesario un organismo específico que vigile las prácticas de las entidades con sus clientes. En España y en Europa. En Estados Unidos la experiencia de la crisis hizo que el gobierno Obama pusiera en marcha una específica Agencia de Protección al consumidor financiero con notables poderes. Esta tarea está todavía pendiente en España y en Europa.
