SANTA LUCIA
Vecindario (Santa Lucía - Gran Canaria), 07 de febrero de 2016 / Desahucio - Servicios Sociales Municipales / Gabinete de Prensa.
La situación de la vecina del municipio de Santa Lucía Lourdes Pérez Alonso tiene seguimiento en los Servicios Sociales Municipales desde 2005, y se ha trabajado de manera paralela desde la Oficina de Vivienda en busca de soluciones para ella y los menores a su cargo. Con ella, como con cualquier otro vecino, el Ayuntamiento de Santa Lucía pone en marcha un proceso integral de asesoramiento, atención y seguimiento a las personas que pueden presentar condiciones de riesgo de exclusión social, habida cuenta del escenario general que tiene su origen en una profunda crisis económica que aún se alarga.
Como la propia vecina explica en su comunicación a diferentes medios, a lo largo de estos años se han tramitado y concedido varias ayudas de distintos tipos: ayudas económicas en concepto de alimentación, suministro eléctrico y de agua, entrega de lotes de alimentación a través del programa de alimentos, tramitación de la Prestación Canaria de Inserción del Gobierno de Canarias, y tramitación de la Ayuda de Emergencia Social del Cabildo de Gran Canaria, entre otras. Debido a su situación y de acuerdo con las condiciones que exige el propio convenio, resultó contratada dentro del Plan de Empleo Social durante 6 meses, lo que le permitió posteriormente cobrar la prestación por desempleo. Estas últimas medidas se coordinaron mediante los Servicios Sociales municipales en busca del principio básico de funcionamiento del servicio hacia los vecinos y vecinas: La autonomía personal, y no la dependencia en un sistema basado en el asistencialismo.
En el mes de septiembre de 2015 Lourdes se pone en contacto con la Oficina de Vivienda en relación a un procedimiento de desahucio, y la primera acción que se propone desde este servicio fue asesoramiento para la asignación de Abogado/a de Oficio, a través del Colegio Oficial de Abogados de Las Palmas. En segundo lugar se procede a tramitar cita para solicitar la condición de demandante de Vivienda Pública ante la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias.
Hasta la fecha han sido varias las citas con el Gobierno de Canarias destinadas a entregar la solicitud como demandante de vivienda de protección oficial y a tramitar ayudas de alquiler. Se ha insistido a Lourdes en la necesidad de asistir a ellas, dado que es un trámite imprescindible para continuar con el proceso para una vivienda que le permita una solución ante el comunicado de desahucio remitido hace ya 5 meses motivado por el impago de una hipoteca sobre una vivienda de la que no es propietaria.
La información que se expone contrasta con la aportada por la propia Lourdes de manera directa o a través de intermediarios a distintos medios, y es por ello que la situación merece ser aclarada. Entre otras cosas, se han efectuado acusaciones sin ningún rigor y se ha faltado a la verdad en lo que muchos podrían entender una utilización política de una realidad personal difícil. La Alcaldesa, Dunia González, recibía a Lourdes el 22 de diciembre de 2015 y le explicaba la importancia de continuar con los trámites que se le estaban proponiendo tanto desde los Servicios Sociales como desde la Oficina de Vivienda, fecha posterior a las elecciones a las que alude Lourdes en su comunicado, y que por lo tanto contradice sus afirmaciones. La reacción de los propios técnicos y técnicas de Vivienda y Servicios Sociales ante la publicación de datos y afirmaciones hechas en su nombre ha sido de perplejidad, escuchando como alguien ponía su trabajo en duda y atribuía los avances a personas externas a ambos servicios.
Sin embargo, el trabajo en la búsqueda de soluciones no ha parado durante la semana y fruto de ello y a través de la implicación de la Consejería de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria se han realizado contactos con la entidad bancaria ordenante del desahucio. Estas conversaciones han tomado un tono positivo en el propósito del Ayuntamiento de Santa Lucía y la citada Consejería de buscar alternativas y la posible paralización del desahucio, a falta aún de confirmar una postura final por parte de la entidad bancaria. La protección de las condiciones de vida de cada uno de sus vecinos y vecinas es el único propósito de esta institución. Lamentablemente este propósito no se coloca en primer orden para quienes a veces, de manera interesada, afirman ayudar y no hacen sino utilizar este tipo de situaciones en forma de trampolín político. Sin embargo, ello no hará que el Ayuntamiento de Santa Lucía deje de perseguir el objetivo último de asegurar y aumentar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas por encima de cualquier otro tipo de interés.
Vecindario (Santa Lucía - Gran Canaria), 07 de febrero de 2016 / Desahucio - Servicios Sociales Municipales / Gabinete de Prensa.
La situación de la vecina del municipio de Santa Lucía Lourdes Pérez Alonso tiene seguimiento en los Servicios Sociales Municipales desde 2005, y se ha trabajado de manera paralela desde la Oficina de Vivienda en busca de soluciones para ella y los menores a su cargo. Con ella, como con cualquier otro vecino, el Ayuntamiento de Santa Lucía pone en marcha un proceso integral de asesoramiento, atención y seguimiento a las personas que pueden presentar condiciones de riesgo de exclusión social, habida cuenta del escenario general que tiene su origen en una profunda crisis económica que aún se alarga.
Como la propia vecina explica en su comunicación a diferentes medios, a lo largo de estos años se han tramitado y concedido varias ayudas de distintos tipos: ayudas económicas en concepto de alimentación, suministro eléctrico y de agua, entrega de lotes de alimentación a través del programa de alimentos, tramitación de la Prestación Canaria de Inserción del Gobierno de Canarias, y tramitación de la Ayuda de Emergencia Social del Cabildo de Gran Canaria, entre otras. Debido a su situación y de acuerdo con las condiciones que exige el propio convenio, resultó contratada dentro del Plan de Empleo Social durante 6 meses, lo que le permitió posteriormente cobrar la prestación por desempleo. Estas últimas medidas se coordinaron mediante los Servicios Sociales municipales en busca del principio básico de funcionamiento del servicio hacia los vecinos y vecinas: La autonomía personal, y no la dependencia en un sistema basado en el asistencialismo.
En el mes de septiembre de 2015 Lourdes se pone en contacto con la Oficina de Vivienda en relación a un procedimiento de desahucio, y la primera acción que se propone desde este servicio fue asesoramiento para la asignación de Abogado/a de Oficio, a través del Colegio Oficial de Abogados de Las Palmas. En segundo lugar se procede a tramitar cita para solicitar la condición de demandante de Vivienda Pública ante la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias.
Hasta la fecha han sido varias las citas con el Gobierno de Canarias destinadas a entregar la solicitud como demandante de vivienda de protección oficial y a tramitar ayudas de alquiler. Se ha insistido a Lourdes en la necesidad de asistir a ellas, dado que es un trámite imprescindible para continuar con el proceso para una vivienda que le permita una solución ante el comunicado de desahucio remitido hace ya 5 meses motivado por el impago de una hipoteca sobre una vivienda de la que no es propietaria.
La información que se expone contrasta con la aportada por la propia Lourdes de manera directa o a través de intermediarios a distintos medios, y es por ello que la situación merece ser aclarada. Entre otras cosas, se han efectuado acusaciones sin ningún rigor y se ha faltado a la verdad en lo que muchos podrían entender una utilización política de una realidad personal difícil. La Alcaldesa, Dunia González, recibía a Lourdes el 22 de diciembre de 2015 y le explicaba la importancia de continuar con los trámites que se le estaban proponiendo tanto desde los Servicios Sociales como desde la Oficina de Vivienda, fecha posterior a las elecciones a las que alude Lourdes en su comunicado, y que por lo tanto contradice sus afirmaciones. La reacción de los propios técnicos y técnicas de Vivienda y Servicios Sociales ante la publicación de datos y afirmaciones hechas en su nombre ha sido de perplejidad, escuchando como alguien ponía su trabajo en duda y atribuía los avances a personas externas a ambos servicios.
Sin embargo, el trabajo en la búsqueda de soluciones no ha parado durante la semana y fruto de ello y a través de la implicación de la Consejería de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria se han realizado contactos con la entidad bancaria ordenante del desahucio. Estas conversaciones han tomado un tono positivo en el propósito del Ayuntamiento de Santa Lucía y la citada Consejería de buscar alternativas y la posible paralización del desahucio, a falta aún de confirmar una postura final por parte de la entidad bancaria. La protección de las condiciones de vida de cada uno de sus vecinos y vecinas es el único propósito de esta institución. Lamentablemente este propósito no se coloca en primer orden para quienes a veces, de manera interesada, afirman ayudar y no hacen sino utilizar este tipo de situaciones en forma de trampolín político. Sin embargo, ello no hará que el Ayuntamiento de Santa Lucía deje de perseguir el objetivo último de asegurar y aumentar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas por encima de cualquier otro tipo de interés.
