El desalojo se iba a producir este viernes, 6 de septiembre, contra una familia sin recursos formada por cinco personas
Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 3 de septiembre de 2013 / Desahucio - Viviendas / Gabinete de prensa.
El abogado José Luis Langa González, defensor del Ciudadano (CCN), ha logrado que la empresa pública de vivienda Visocán (Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias) paralice un desahucio que iba a tener lugar este viernes, 6 de septiembre, contra una familia formada por una mujer sin ingresos y sus cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, en Santa Cruz de Tenerife.
La intervención de Langa González se produce por petición de la familia afectada y, tras una serie de largas gestiones, el abogado recibió ayer, 2 de septiembre, la confirmación por parte de los servicios jurídicos de Visocán, entidad adherida a la Consejería de Políticas Sociales y Vivienda que dirige Inés Rojas, de que el lanzamiento judicial para el desalojo de la vivienda que los afectados tienen en El Sobradillo quedaba sin efecto.
Langa González ha manifestado su satisfacción por lograr que una mujer que tiene a su cargo cuatro hijos, tres de ellos en edad escolar, y que no recibe en la actualidad ninguna ayuda social, pueda seguir viviendo en la que ha sido su casa en los últimos once años, aunque matiza que “desgraciadamente este no es un caso aislado y, aunque nos alegramos de haber resuelto esta dramática situación, ello pone en evidencia la falta de coordinación que hay actualmente entre la gestión política y la realidad social”.
Para el defensor del Ciudadano, órgano vinculado al partido CCN, pero que tiene como objeto defender a todas las personas que puedan estar afectadas por resoluciones políticas injustas, las instituciones públicas deberían “poner más el acento en la realidad de personas que podrían estar en situación de exclusión social, estudiando caso por caso”.
El letrado felicita que, en este caso, los servicios jurídicos de Visocán hayan reaccionado a tiempo para no dejar en la calle a esta familia, pero recuerda que ha habido un arduo trabajo para que esto ocurriera y que no es el único caso que está llegando a sus manos de familias amenazadas con desahucios por esta empresa pública.
Las sedes del Defensor del Ciudadano, a las que se puede dirigir cualquier persona, están, en Santa Cruz de Tenerife, en la calle del Pilar 7, 1.º, teléfono 922 241 878; y en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Alejandro Hidalgo, 3, teléfono 928 587 244.
