Telde (Gran Canaria), 21 de noviembre de 2014 / Artículo de Opinión / Carlos Gustavo Rivero Quintana
Los
datos son reflejos de la realidad, y aunque fríos y desgarradores, son los que
asolan nuestro país y a unas administraciones incapaces de paliar un problema
que los alternativos gobiernos han generado y que no centran sus prioridades en
la realidad del ciudadano de a pie.
Con el comienzo de la
crisis económica mundial, allá por el 2007, ha dejado al descubierto las
debilidades de un modelo de estado, el autonómico, insostenible e inviable a
todas luces, y que ha día de hoy ha generado diecisiete mini-estados. Los datos
de déficit de todas las comunidades autónomas así lo reflejan, todas en
negativo.
En casi todas las
comunidades autónomas se ha optado por reducir dicho déficit recortando en las
áreas que sustentan el estado del bienestar (educación y sanidad, entre otras),
y todas bajo las directrices de un gobierno central que es incapaz, como el
anterior, de tomar decisiones que favorezcan el bien común de todos los
ciudadanos del país (independientemente de donde vivan) por sus intereses
partidistas, así el complejo que los nacionalismos (que defienden tanto intereses partidistas como
identitarios) les generan (tanto PP como PSOE).
La toma de decisiones
que los gobiernos tanto nacional como autonómicos han tomado han llevado al
crecimiento de la pobreza es nuestro país, con una progresiva desaparición de
las clases medias que son el verdadero sostén del estado del bienestar, incrementando
de manera imparable y dando pie a que la misma no tenga visos de solución
mientras gobiernen aquellos que quieren sostener las prebendas y las
estructuras obsoletas que han generado desde la creencia de que nadie cambie y
puedan seguir manteniendo sus cuotas de poder e influencia, a base de fórmulas
del pasado (incremento de impuestos, recortes en los servicios sociales, etc).
Los datos de pobreza
no disminuyen y se está generando un fenómeno inconcebible antes del comienzo
de la crisis, el de la pobreza laboral:
con bajos salarios, temporalidad y la precariedad de los contratos,
factores todos estos que impiden, a los que se encuentran en esta situación,
salir de la exclusión social. Las medidas de este gobierno
así lo han facilitado, frente a modelos distintos de otras formaciones
políticas, y han supuesto un fracaso estrepitoso. Tener un trabajo no implica,
hoy en día, no ser pobre sino concurren condiciones dignas, y para muestra un
informe elaborado por la Fundación Tomillo, que describe que de los trece
millones de españoles en riesgo de pobreza y exclusión social que hay en
España, casi una cuarta parte (un 23%) tiene trabajo y casi un 12% son jóvenes
con formación.
Se sigue
restringiendo las condiciones de acceso a derechos como la sanidad, la educación,
los servicios sociales y la dependencia (todas vertebradoras del estado del
bienestar), y esto va por regiones y en base a los "criterios" que
cada una estima prioritarios (en Canarias, por ejemplo, sería el sostenimiento
de la RTV Canaria y de la policía autonómica, entre otros). Como medida
alternativa considero que sería necesario devolver las competencias al estado
en dichas materias, para que vivir en una región u otra no suponga diferencia
alguna (como ocurre en la actualidad), y se le presten estos derechos a los
ciudadanos en condiciones de calidad.
Las rentas de
inserción, entre otras ayudas, son básicas para paliar los elevados índices de
pobreza, y para corregir la enormes diferencias que se generan entre regiones,
es necesario legislar desde una base común para todos los ciudadanos del país
que les permitan ir paliando las necesidades más básicas.
Cuando en muchos de
nuestros países europeos se incrementa la inversión en I+D+i como fórmula para
ir recuperando la economía, en nuestro país y en sus regiones observamos como
la inversión en esta materia disminuye, y así por ejemplo un estudio de la EAE
Business School sitúa a Canarias como una de las regiones donde el gasto en
esta materia más decreció respecto al PIB entre los años 2011 y 2012, por
encima de la media nacional.
Nos
encontramos en un país donde la población se envejece (hay más jubilados), hay
menos niños (no llegan al 6% de la población total) y de ellos uno de cada tres
sufre malnutrición. No se puede hacer, en ningún caso, una utilización
partidista de los temas relacionados con la pobreza infantil y la búsqueda de
soluciones para paliar esta situación requiere de altura de miras, y que de
manera inverosímil no todos quieren ver. Para muestra varios casos: con la llegada del periodo vacacional los
comedores escolares han posicionado a partidos y dirigentes, y como muchas
cosas en nuestro país el tema va por regiones, y aunque la Defensora del Pueblo
reclamada la apertura de los comedores escolares, en Galicia, La Rioja, Madrid
y Castilla-León hacen caso omiso, caso contrario que en Andalucía y Canarias. Hay
quienes, por ejemplo, consideramos que
se debe prohibir la posibilidad de cobrar a los escolares por el uso de los
comedores y su cuidado mientras están comiendo con un 'tupper', al ver
recortadas en algunas regiones las ayudas para los comedores, aunque a
determinados nacionalistas y no nacionalistas no les guste; o que los niños a cargo de familias con
deudas no queden excluidos de recibir ayudas sociales (contrarrestando lo dicho
en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones (Ley
38/2003, de 17 de noviembre), que no
incluye ninguna excepción para casos de extrema gravedad).
Alarmantes
son los datos que numerosas ONG´s en lo referente a la pobreza infantil, y
algunos son demoledores, como el de la ONG Save
the Children, que sitúan a nuestro país como el segundo, por detrás de
Grecia, con menor capacidad para atajar la pobreza infantil. Los recientes
datos de UNICEF, también refrendan una realidad incuestionable, más de dos
millones trescientos mil niños (27%) viven por debajo del umbral de la pobreza,
y muchos se encuentran en una situación de malnutrición o de escasa calidad de
la alimentación.
