La Policía Nacional detiene en el Sur de Tenerife a seis personas implicadas en delitos contra la seguridad social, falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la libertad sexual.

Operación ACAD: Detenidas seis personas en el Sur de Tenerife

Entre los detenidos se encuentra un abogado, que se encargaba de vender contratos falsos para la obtención de prestaciones o subsidios por desempleo y la obtención de permisos de residencia a inmigrantes
Cobraba a cada supuesto trabajador entre 300 y 450 euros por cada mes de alta en la Seguridad Social .
Los falsos trabajadores eran captados en la zona de Guaza.

Tenerife Sur (Canarias), 2 de Septiermbre de 2015 / Sucesos - fraude a la Seguridad Social / Gabinete de Prensa. 

Agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Investigación (GIE) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Sur de Tenerife, han llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en el Sur de Tenerife y ha desmantelado una "empresa ficticia" que habría defraudado al ente público alrededor de 41000 euros a través de simulaciones de contratos a inmigrantes, que a su vez conseguirían ciertos beneficios administrativos y fiscales como permisos de residencia o subsidios por desempleo. Por el momento, un total de 6 personas han sido detenidas y dos personas imputadas en el transcurso de la investigación.

Los agentes después de varios meses de investigación consiguen desarticular una "trama empresarial" que gracias al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, suscrito en abril de 2013, ha podido salir a la luz.

Entre los detenidos se encuentra el presunto impulsor de la empresa ficticia, un abogado que posee una gestoría en la zona de Guaza, en el municipio de Arona en el Sur de Tenerife, el que presuntamente se encargaba de captar a los inmigrantes a quienes ofrecerles contratos a cambio de una cierta cantidad de dinero.

Como consecuencia de las investigaciones realizadas, se tiene constancia de que además, en algunos casos el contrato de trabajo se habría facilitado a cambio de favores sexuales. Al menos habría vendido un contrato de trabajo a una de esas personas a cambio de mantener relaciones sexuales.

La Policía Nacional recomienda que ante la sospecha de que los contratos puedan adolecer de legalidad, las posibles situaciones de residencia autorizadas con los mismos se revisarían perdiéndose la vigencia de la regularización.

El cabecilla de la trama fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción numero Uno de Arona, encontrándose en la actualidad en libertad con cargos a espera de juicio, quedando el resto de detenidos en libertad.

La Policía Nacional detiene a 17 personas en Córdoba y Granada por fraude a la Seguridad Social

Además hay 20 supuestos trabajadores imputados

Realizaban falsos contratos de trabajo para que ciudadanos extranjeros pudieran regularizar su situación o percibir prestaciones por desempleo u otros subsidios

En el registro realizado se ha incautado diversa documentación de las empresas investigadas, como nóminas, contratos de trabajo, autorizaciones y diversa documentación tributaria y fiscal

Andalucía (España), 29 de mayo de 2015 / Sucesos -  fraude a la Seguridad Social / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 17 personas e imputado a otras 20 en Córdoba y Granada por fraude a la Seguridad Social. Los arrestados realizaban falsos contratos de trabajo para que ciudadanos extranjeros pudieran regularizar su situación o percibir prestaciones por desempleo u otros subsidios. En el registro realizado se han incautado diversa documentación de las empresas investigadas, como nóminas, contratos de trabajo, autorizaciones y diversa documentación tributaria y fiscal.

La investigación se inicia a raíz de la detección en Córdoba de un “matrimonio de conveniencia” formado por un hombre nigeriano y una ciudadana española, que utilizaron un alta ficticia en una empresa dedicada al sector de la hostelería.

El cabecilla de la organización aprovechaba su condición de gestor y autorizado en el sistema red de varias empresas para dar de alta a personas, españolas y extranjeras, a través de falsos contratos de trabajo, con la finalidad de que extranjeros pudieran regularizar su situación en nuestro país y los españoles pudieran beneficiarse de prestaciones públicas y subsidios fraudulentos.

En el marco de esta operación han sido detenidas 17 persona, 16 en la provincia de Granada y una en Córdoba. En el registro realizado se ha incautado diversa documentación de las empresas investigadas, nóminas, contratos de trabajo, autorizaciones, documentación tributaria, fiscal y financiera, sellos de las empresas investigadas y dispositivos de almacenamiento con información relevante de las empresas investigadas.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Córdoba y Granada, en colaboración con el Grupo de Extranjeros de la Comisaría de Motril (Granada), Oficina de Extranjeros de Córdoba y Granada y la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección Provincial de Trabajo.

Detenidas 36 personas en una operación contra el fraude a la Seguridad Social y la falsedad documental

La operación se ha saldado con la desarticulación de dos empresas en Madrid dedicadas a la venta de contratos laborales     

Los falsos contratos de trabajo eran la vía para obtener de forma fraudulenta prestaciones y subsidios por desempleo, además de autorizaciones de residencia

Los supuestos trabajadores pagaban entre 300 y 400 euros por el contrato y la misma cantidad por cada uno de los meses que permanecían dados de alta en la Seguridad Social

 Las empresas, a pesar de haber presentado actividad laboral en los últimos cinco años, han generado una deuda total de aproximadamente 57.894,92 euros con la Seguridad Social

Castellón de la Plana (Castellón), 21-abril-2015 / Sucesos-  fraude a la Seguridad Social / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 36 personas en una operación contra el fraude a la Seguridad Social y la falsedad documental. La investigación se ha saldado con la desarticulación dos empresas dedicadas a la venta de contratos laborales para percibir prestaciones y/o subsidios por desempleo de forma fraudulenta, además de autorizaciones de residencia y trabajo en España. Los supuestos trabajadores pagaban entre 300 y 400 euros por el contrato y la misma cantidad por cada uno de los meses que permanecían dados de alta en la Seguridad Social. Las empresas, a pesar de haber presentado actividad laboral en los últimos cinco años, han generado una deuda total de aproximadamente 57.894,92 euros con la Seguridad Social.

La investigación se inició a raíz de una información recibida a través de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Castellón de la Plana (Castellón) en la que se comunicaba la posibilidad de la existencia de una empresa dedicada a la venta de contratos de trabajo, para que los supuestos empleados pudieran cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social sin existir una relación laboral real.

Prestaciones y subsidios de desempleo 

Una vez avanzadas las pesquisas los agentes identificaron a treinta personas, que tras su paso y cese de la presunta actividad laboral en las empresas investigadas, solicitaron y les fueron concedidas prestaciones y subsidios de desempleo por un total de 172.367,88 euros. A su vez, otras treinta personas procedieron a la solicitud del correspondiente permiso de residencia o a su renovación, como consecuencia de su relación laboral con las referidas empresas.

Los supuestos trabajadores pagaban entre 300 y 400 euros por el contrato, y la misma cantidad por cada uno de los meses que permanecían dados de alta en la Seguridad Social, cantidad que era reclamada  por el empresario y administrador único de las empresas. Ambas empresas, a pesar de haber presentado actividad laboral desde el año 2009 hasta el 2013 con unos ingresos totales en su conjunto de 1.116.269,58 euros, no han efectuado cotización a la Seguridad Social, generando una deuda de 57.894,92 euros. 

La operación que se ha saldado con la detención de 36 personas y la imputación de una, -principalmente de nacionalidad marroquí, aunque también española, colombiana, nigeriana y senegalesa- ha sido llevada a cabo por el Grupo III de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial,  la Brigada Local de Información  de Torrejón de Ardoz y la Brigada Local de Extranjería de Torrejón de Ardoz. Además han colaborado las Brigadas Provinciales de Extranjería de Guadalajara y Zaragoza.

La Policía Nacional desarticula una organización que había defraudado más de 2 millones de euros a la Seguridad Social

Hay 15 personas detenidas en una investigación iniciada en junio de 2013 en las Islas Canarias

Creaban empresas ficticias para contratar a ciudadanos extranjeros con la finalidad de recibir prestaciones o regularizar su situación en España

Se han practicado tres registros en domicilios y un despacho profesional en donde se han intervenido  varios ordenadores, discos duros extraíbles, memoria USB, documentación relacionada con la constitución de las empresas, nóminas y contratos laborales, recibos bancarios

Las Palmas (Canarias), 06 de enero de 2014 / Sucesos - Fraude / Gabinete de Prensa. 

Agentes de Policía Nacional han desarticulado una organización que había defraudado a la Seguridad Social más de 2 millones de euros realizando contratos fraudulentos en empresas ficticias. Hay 15 personas detenidas que actuaban en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Esta investigación se enmarca dentro del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social que el Consejo de Ministros en abril de 2012 para intensificar la persecución del delito y el fraude en materia de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y de   las empresas. 

La investigación comenzó en el mes de junio de 2013, en colaboración con el Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que existían unas seis empresas, ubicadas en Puerto del Rosario, que podrían estar defraudando a la Seguridad Social. Dichas empresas tenían varios denominadores comunes como la constitución y el cese en un plazo de 5 a 11 meses; la contratación de trabajadores extranjeros fundamentalmente; daban de alta a sus supuestos trabajadores por periodos cortos de tiempo; tenían domicilios sociales ficticios, falta de actividad y además, algunos de los trabajadores se repetían en como empleados en varias de esas empresas. 

Tras realizar las gestiones policiales correspondientes, los agentes  descubrieron que la organización cuando cesaba una empresa y creaba otra casi inmediatamente en actividades de limpieza o construcción, trasvasando a su vez a los supuestos empleados, los cuales no llegaban a desarrollar ningún tipo de actividad laboral. 

Los objetivos de los supuestos trabajadores eran conseguir acceder a alguna prestación o subsidio de la Seguridad Social, así como a su regularización o renovación de los permisos de residencia para algunas de las personas extranjeras. De todas las empresas investigadas hasta el momento, se ha detectado un total de 49 personas empleadas, las cuales habían solicitado trámites en materia de extranjería en la Subdelegación de Gobierno de Las Palmas.

Una vez iniciado el estudio de la documentación aportada por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social sobre las empresas investigadas se constata que tres de los administradores son miembros de la misma familia. Esta organización había defraudado más de 2 millones de euros: 710.000 euros en cuotas adeudadas a la Seguridad Social, más de 900.000 euros en prestaciones totales que deberían percibir las personas contratadas y unos 475.000 euros en prestaciones ya percibidas por estas.

Los investigadores desplegaron un dispositivo simultáneo en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife para proceder a la localización y detención de los miembros del grupo criminal desarticulado. Además se procedió a la práctica de tres entradas y registros, dos en domicilios y una en un despacho profesional. Fruto de estos se intervinieron: varios ordenadores, discos duros extraíbles, memoria USB, documentación relacionada con la constitución de las empresas, nóminas y contratos laborales, recibos bancarios, etc.

Los 15 detenidos han sido ya puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Destapado un complejo entramado empresarial creado para defraudar a la Seguridad Social

Una operación de la Policía Nacional junto a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social

El perjuicio causado a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal se aproxima a los 2.000.000 € 

El promotor de la red de empresas ficticias cobraba a inmigrantes por formalizar contratos falsos de trabajo y altas falsas que les permitían acceder a subsidios por desempleo y obtener permisos de residencia

En la operación han sido arrestadas 76 personas e imputadas otras 84 por fraudes en el cobro de prestaciones, falsedades documentales y estafas

La gran mayoría de los más de 500 beneficiarios que se estima han participado en estas actividades ilícitas residen en Ibiza y Madrid

Madrid (España), 23 de julio de 2013 / Sucesos - Trata de Seres Humanos - Fraude a la Seguridad Social / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional, junto a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, han destapado un complejo entramado empresarial creado con la única finalidad de defraudar a la Seguridad Social. En la operación han sido arrestadas 76 personas e imputadas otras 84 por fraudes en el cobro de prestaciones, falsedades documentales y estafas. La persona responsable de la creación de la red de empresas ficticias, cobraba a inmigrantes por formalizar contratos falsos de trabajo y altas falsas que les permitían acceder a subsidios por desempleo y obtener permisos de residencia. La gran mayoría de los más de 500 beneficiaros que se estima han participado en estas actividades ilícitas residen en la isla de Ibiza y en Madrid. El perjuicio causado a las arcas públicas se aproxima a los dos millones de euros. 

Diez falsas empresas

La investigación se inició tras recibirse un informe emitido por la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid sobre una empresa con sede en esa provincia, a nombre de un ciudadano marroquí.  A partir del estudio de esta documentación, los agentes descubrieron la existencia de un entramado empresarial bastante complejo, creado con la finalidad de obtener importantes beneficios mediante el cobro a ciudadanos extranjeros por la formalización de contratos de trabajo y altas falsas. 

Durante las investigaciones se ha descubierto la existencia de una red de empresas, todas creadas por la misma persona, compuesta por 10 mercantiles que operaban con 15 códigos de cuenta de cotización en distintas provincias españolas, principalmente en Madrid, Illes Balears y Algeciras. También se ha podido demostrar que las mismas servían como instrumento para generar multitud de contratos falsos a ciudadanos extranjeros. Se ha comprobado que el número de personas dadas de alta de forma ilícita supera las 500, de las que hasta el momento se ha constatado que 180 habrían percibido ilícitamente algún tipo de prestación y 135 que habrían empleado los contratos falsos para trámites relacionados con regularizaciones y autorizaciones de residencia.

A lo largo de la investigación se ha procedido a tomar declaración a cuatro personas que habrían trabajado en la gestión telemática de las altas y bajas de los supuestos trabajadores del entramado empresarial investigado. Salvo en un caso, el de una persona que ha sido imputada, se ha comprobado que actuaron de buena fe y que, ante la falta de pago y tras conocer las regularidades detectadas y comunicadas por parte de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, dejaron de prestar servicio al entamado de empresas ficticias. 

Lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social

La operación se desarrollado en el ámbito del convenio de colaboración en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude al Sistema de Seguridad Social, en coordinación con los Organismos de seguimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en relación con las denominadas “empresas ficticias”, cuya forma de actuación consiste en crear entidades físicas o jurídicas que sin ejercer una actividad laboral, real y efectiva, son utilizadas de forma instrumental, simulando negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores, a los que a cambio de dinero dan de alta en la Seguridad Social, al objeto de acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder de forma indebida a la obtención por parte de estos a prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social (prestaciones y/o subsidios por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal, incapacidad temporal, maternidad y otras), o permitir, mediante la utilización de estos falsos contratos, el acceso indebido a autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial y han contado con la colaboración de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, de la Brigada Contra la Trata de Seres Humanos y la Brigada de Falsedades Documentales de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Illes Balears y Andalucía Occidental.

La Policía Nacional detiene a catorce personas en Igualada por obtener y cobrar de manera fraudulenta prestaciones de incapacidad

Hasta el momento la estafa asciende a 382.673 euros

La artífice de la trama captaba a los solicitantes entre sus contactos sociales habituales a cambio de cantidades que oscilaban entre los 200 y 850 euros

Accedían a estas prestaciones personas entre los 35 y 60 años y presentaban informes médicos con patologías muy llamativas que requerían un adiestramiento previo con objeto de simular los síntomas

Igualada (Barcelona), 22 de julio de 2013 / Sucesos - Seguridad Social / Gabinete de Prensa. 

Agentes de la Policía Nacional han detenido a catorce personas en Igualada (Barcelona) por obtener y cobrar de manera fraudulenta prestaciones de incapacidad. Hasta el momento la estafa asciende a 382.673,32 euros. La artífice de la trama, una mujer, captaba a los solicitantes entre sus contactos sociales habituales a cambio de cantidades que oscilaban entre los 200 y 850 euros. Accedían a estas prestaciones personas entre los 35 y 60 años y presentaban informes médicos con patologías muy llamativas que requerían un adiestramiento previo con objeto de simular los síntomas. 

La investigación se inició a requerimiento de la Inspección de Servicios de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, debido a la detección de intento de acceder a prestaciones de incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez de 19 personas. Tras llevar a cabo las primeras pesquisas, apareció como cabecilla de la trama una mujer. Ésta ofrecía a sus contactos personales, a cambio de una determinada cantidad de dinero, acompañarlos a las citas de valoración médica haciéndose pasar por familiar y aportar al personal facultativo informes médicos que previamente habían sido falsificados. 

Gran parte de los solicitantes de estas prestaciones presentaban, ante los médicos evaluadores, patologías muy llamativas tales como inhibición motora total, inhibición lingüística, desconexión del entorno y otras similares,  por lo que requerían de una instrucción previa para poder simular correctamente los síntomas indicados en los falsos informes.

Informes falseados

Asimismo, los agentes lograron contactar con los médicos y especialistas que aparecían como firmantes de estos documentos, los cuales ratificaron la falsedad de los mismos. En algunos casos estos informes eran falseados en su totalidad, mientras que en otros se modificaban fechas o se eliminaban o agregaban párrafos que no aparecían en los informes originales. En otros supuestos aparecía la firma de facultativos médicos que no constaban en el colegio profesional de Barcelona.

Sin ningún tipo de limitación aparente

El perfil de estas personas era entre los 35 y 60 años de edad y la práctica totalidad de ellas tenía carné de conducir sin ningún tipo de restricción ni limitación aparente para el desarrollo de actividades habituales. Además una vez entrevistados en las dependencias policiales, no mostraron sintomatología alguna, que sin embargo sí presentaban en las unidades de evaluación médica.

La operación, que continúa abierta pendiente de la localización y detención de más personas implicadas, ha sido realizada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial en colaboración con Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Económica y la Comisaría Local de Igualada.

La Policía Nacional detiene a una administradora y a 48 falsos empleados que obtuvieron de forma irregular subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal

Destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 1.200.000 euros

Habían sido dados de alta en dos empresas ficticias creadas con la única finalidad de la contratación de los supuestos trabajadores para que obtuviesen las prestaciones o ayudas                           

• Una primera fase de la investigación, culminada el pasado mes de mayo, permitió la detención de otras 36 personas, entre ellas los administradores de las mercantiles

Castellón (Valencia), 05 de julio de 2013 / Sucesos - Fraude a la Seguridad Social / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude a la Seguridad Social de 1.206.081 euros y detenido en Castellón a 48 falsos empleados que obtuvieron de forma irregular subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal y a una empresaria responsable de una mercantil. Los supuestos trabajadores habían sido dados de alta en dos empresas ficticias creadas con la única finalidad de la contratación de los supuestos trabajadores para que obtuviesen las prestaciones o ayudas. Una primera fase de la investigación, culminada el pasado mes de mayo, permitió la detención de otras 36 personas, entre ellas los administradores de las mercantiles.

La investigación se inició tras detectarse por parte de la Seguridad Social ciertas anomalías en una de las mercantiles investigadas. Fruto de las gestiones policiales y obtención de declaraciones de trabajadores, se descubrió que se trataba de un entramado empresarial en el que sus administradores tenían urdido todo un plan que se convirtió en su auténtico “modus vivendi.

En la primera fase de esta investigación, que culminó el pasado mes de mayo, se detuvo a 36 personas, entre ellas los administradores de las mercantiles ficticias, así como a un gestor autorizado del denominado SISTEMA RED (sistema por el que se agilizan los trámites por Internet a personas autorizadas por la propia Seguridad Social). En la segunda fase desarrollada ahora se ha procedido a la detención de una empresaria y de los falsos empleados que habían pagado para ser contratados y así poder optar a dichas prestaciones. Algunos de ellos han llegado a cobrar más de 26.000 euros en ayudas.

Tampoco pagaban las cuotas a la Seguridad Social

Del análisis de la documentación intervenida y de los datos obtenidos en diferentes registros públicos, la Policía pudo determinar que la práctica totalidad de estas empresas se habían creado para defraudar a la Seguridad Social y el SPEE (Servicio Público Estatal de Empleo) mediante la obtención irregular de prestaciones o subsidios.

Además del fraude derivado del cobro irregular de subsidios, ninguna de las mercantiles satisfacía el pago de las cuotas de seguros sociales de los empleados dados de alta, superando en un caso la cuantía que transforma dicha deuda en un delito penal.

La policía solicitó al SPEE los expedientes por desempleo de los trabajadores que supuestamente habían simulado una relación contractual con las empresas investigadas, que en algunos de los casos también correspondían a ciudadanos extranjeros que también pretendían regularizar su situación en España.

El fraude destapado asciende a 1.206.081 de euros, de los que 665.151 representan impagos a la Tesorería General de la Seguridad Social. El resto, 540.929 euros, se corresponden a los subsidios percibidos ilícitamente del SPEE por parte de los supuestos trabajadores.