Una operación de la Policía Nacional junto a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social
El perjuicio causado a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal se aproxima a los 2.000.000 €
El promotor de la red de empresas ficticias cobraba a inmigrantes por formalizar contratos falsos de trabajo y altas falsas que les permitían acceder a subsidios por desempleo y obtener permisos de residencia
En la operación han sido arrestadas 76 personas e imputadas otras 84 por fraudes en el cobro de prestaciones, falsedades documentales y estafas
La gran mayoría de los más de 500 beneficiarios que se estima han participado en estas actividades ilícitas residen en Ibiza y Madrid
Madrid (España), 23 de julio de 2013 / Sucesos - Trata de Seres Humanos - Fraude a la Seguridad Social / Gabinete de Prensa.
Agentes de la Policía Nacional, junto a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, han destapado un complejo entramado empresarial creado con la única finalidad de defraudar a la Seguridad Social. En la operación han sido arrestadas 76 personas e imputadas otras 84 por fraudes en el cobro de prestaciones, falsedades documentales y estafas. La persona responsable de la creación de la red de empresas ficticias, cobraba a inmigrantes por formalizar contratos falsos de trabajo y altas falsas que les permitían acceder a subsidios por desempleo y obtener permisos de residencia. La gran mayoría de los más de 500 beneficiaros que se estima han participado en estas actividades ilícitas residen en la isla de Ibiza y en Madrid. El perjuicio causado a las arcas públicas se aproxima a los dos millones de euros.
Diez falsas empresas
La investigación se inició tras recibirse un informe emitido por la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid sobre una empresa con sede en esa provincia, a nombre de un ciudadano marroquí. A partir del estudio de esta documentación, los agentes descubrieron la existencia de un entramado empresarial bastante complejo, creado con la finalidad de obtener importantes beneficios mediante el cobro a ciudadanos extranjeros por la formalización de contratos de trabajo y altas falsas.
Durante las investigaciones se ha descubierto la existencia de una red de empresas, todas creadas por la misma persona, compuesta por 10 mercantiles que operaban con 15 códigos de cuenta de cotización en distintas provincias españolas, principalmente en Madrid, Illes Balears y Algeciras. También se ha podido demostrar que las mismas servían como instrumento para generar multitud de contratos falsos a ciudadanos extranjeros. Se ha comprobado que el número de personas dadas de alta de forma ilícita supera las 500, de las que hasta el momento se ha constatado que 180 habrían percibido ilícitamente algún tipo de prestación y 135 que habrían empleado los contratos falsos para trámites relacionados con regularizaciones y autorizaciones de residencia.
A lo largo de la investigación se ha procedido a tomar declaración a cuatro personas que habrían trabajado en la gestión telemática de las altas y bajas de los supuestos trabajadores del entramado empresarial investigado. Salvo en un caso, el de una persona que ha sido imputada, se ha comprobado que actuaron de buena fe y que, ante la falta de pago y tras conocer las regularidades detectadas y comunicadas por parte de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, dejaron de prestar servicio al entamado de empresas ficticias.
Lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social
La operación se desarrollado en el ámbito del convenio de colaboración en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude al Sistema de Seguridad Social, en coordinación con los Organismos de seguimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en relación con las denominadas “empresas ficticias”, cuya forma de actuación consiste en crear entidades físicas o jurídicas que sin ejercer una actividad laboral, real y efectiva, son utilizadas de forma instrumental, simulando negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores, a los que a cambio de dinero dan de alta en la Seguridad Social, al objeto de acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder de forma indebida a la obtención por parte de estos a prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social (prestaciones y/o subsidios por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal, incapacidad temporal, maternidad y otras), o permitir, mediante la utilización de estos falsos contratos, el acceso indebido a autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial y han contado con la colaboración de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, de la Brigada Contra la Trata de Seres Humanos y la Brigada de Falsedades Documentales de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Illes Balears y Andalucía Occidental.
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