Madrid, 25 de abril de 2012 / Parlamento Nacional / Gabinete de Prensa.
El Parlamento de Canarias ha aprobado
por unanimidad la PNL presentada por el Grupo Nacionalista Canario para que se
mantenga el DNI en la acreditación de la
condición de residente canario a la hora de obtener los billetes acogidos a la
subvención al transporte.
En concreto, la PNL insta al Gobierno
de Canarias a que inste al gobierno de España a que “mantenga el sistema de
acreditación mediante el DNI de la condición de residente, sin perjuicio de los
mecanismos de control que puedan promoverse desde la Comisión bilateral de
Cooperación Estado-Canarias o en otros ámbitos de cooperación territorial del
Estado con las comunidades y las ciudades autónomas afectadas”.
Según explicó José Miguel Ruano durante
su intervención parlamentaria la sustitución del certificado de residencia por
el DNI fue uno de los mayores logros de Canarias en el año 1997 en los acuerdos
de CC con el primer Gobierno de Aznar, al simplificar de manera significativa
los trámites que los isleños debían realizar a la hora de viajar y, por lo
tanto, “facilitar la movilidad”.
Así, en la PNL se explica que fue la
Ley de acompañamiento de los Presupuestos del Estado de 1998 la dispuso la
simplificación de la acreditación de la condición de residente en Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla, una medida cuyos beneficiarios fueron, por encima de
todo, los ciudadanos.
El Grupo Nacionalista Canario sostiene
en su PNL que, incluso, modificaciones posteriores de los decretos que regulan
este asunto no solo no han ido en la dirección que pretende ahora el Gobierno
del Partido Popular sino que, consultados transportistas y las comunidades
autónomas afectadas (Canarias y Baleares), se orientaron hacia la adaptación de
la liquidación de las bonificaciones a los nuevos sistemas informatizados.
“No se entiende que en un modelo de
administración electrónica simplificada y basado en la confianza al ciudadano
como titular de derechos, una cuestión consagrada en la directiva Bolkestein,
se impongan medidas que suponen un retroceso y un perjuicio a la población”, continuó
el diputado nacionalista durante su intervención.
Ruano remarca que “no tiene sentido
combatir el fraude que hubiera podido producirse en la acreditación de la
condición de residente imponiendo nuevas cargas al conjunto de la ciudadanía
que acredita su identidad y su residencia con el mismo documento”.
Sin embargo, José Miguel Ruano,
asegura que esta postura nada tiene que ver con la persecución del fraude, todo
lo contrario. “Es necesario que la administración pública encuentre mecanismos
útiles para el control de este tipo de fraude que no trasladen al usuario una
nueva carga administrativa. Lo más lógico sería crear mecanismos de
colaboración entre todas las administraciones que subvencionan el transporte de
los residentes para promover las modificaciones que se precisen sin volver al
pasado”, insistió José Miguel Ruano.
