“El Gobierno regional estafa a los necesitados con sus medidas contra la exclusión”

Milagros Bethencourt (PP) afirma que la reforma de la Prestación Canaria de Inserción dificulta el acceso a una ayuda social 

“Con la Ley que proponen CC-PSOE, la prestación solo duraría un año, y quedaría fuera un 85% de los potenciales destinatarios”

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 5 de julio de 2014 / Políticas - PP / Gabinete de Prensa.

La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, manifestó hoy que la reforma de la Prestación Canaria de Inserción que se debatirá la próxima semana en el Parlamento de Canarias, es una “estafa masiva del Gobierno de Canarias a los más necesitados, que empeora la situación actual y endurece el acceso a una prestación”.

Bethencourt anunció el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular “a esta Ley elaborada por el Gobierno de CC y PSOE, una de las medidas estrella de la famosa Estrategia contra la Exclusión, que llega con un año de retraso y no contiene acciones que verdaderamente combatan una tasa de pobreza que afecta a cerca de un 30% de la población”.

Según indicó la portavoz del PP en materia de Asuntos Sociales y Vivienda, la nueva norma reduce a un año la duración de la ayuda social, “e introduce muchas artimañas para dificultar el acceso”, y citó como ejemplo una Disposición Adicional Única según la cual “las ayudas quedarán condicionadas a la existencia de crédito, entendiéndose denegadas las que carezcan de cobertura presupuestaria”.

Milagros Bethencourt señaló que, con esta redacción, los créditos del Gobierno dejan de ser ampliables, por lo que no se podrá pagar ni una ayuda más si se termina el dinero previsto en los presupuestos: “Los 23 millones consignados para la PCI en 2014 se agotaron en junio, y con esta Ley no se podría recoger ni una solicitud extra, a pesar de haber cientos de familias en apuros”.

“De hecho –prosiguió- aunque hay más de 40.000 potenciales perceptores de una ayuda, solo daría cobertura a 6.079 solicitantes, lo que equivale a dejar sin esperanza alguna al 85% de las personas en emergencia social”.

“Es más, el Gobierno regional dice dar prioridad absoluta a las familias con menores a su cargo, y estamos de acuerdo en que se beneficie a los menores, pero hay otros muchos casos de emergencia social que no quedan cubiertos, como las personas con discapacidad, los mayores con tutela prorrogada o las personas dependientes”, añadió Milagros Bethencourt.

Solo 12 meses

Además, consideró “un disparate” que se elimine la renovación directa de la PCI, fundamental para que las familias beneficiarias puedan buscar un empleo: “Agotados los 12 meses de ayuda ya no hay dinero para estas personas, lo cual solo ahonda en la espiral de la exclusión y la pobreza”.

Para la diputada del Partido Popular, “son tantos los desaciertos de la nueva Ley de la PCI, que es fiel reflejo del fracaso rotundo de este Gobierno, que suspende en materia de educación, empleo, y desde luego en políticas sociales”.

La reforma de la Prestación Canaria de Inserción, además, llega al Parlamento con el informe desfavorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del propio Gobierno de Canarias, y sin tener en cuenta las aportaciones presentadas por los Colegios de Trabajadores Sociales, la Federación Canaria de Municipios. “Ni siquiera consta el informe del Consejo Económico y Social”, concluyó Bethencourt.

“El Gobierno regional estafa a los necesitados con sus medidas contra la exclusión”

Milagros Bethencourt (PP) afirma que la reforma de la Prestación Canaria de Inserción dificulta el acceso a una ayuda social

“Con la Ley que proponen CC-PSOE, la prestación solo duraría un año, y quedaría fuera un 85% de los potenciales destinatarios”

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 4 de julio de 2014 / Políticas - PP / Gabinete de Prensa.

La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, manifestó hoy que la reforma de la Prestación Canaria de Inserción que se debatirá la próxima semana en el Parlamento de Canarias, es una “estafa masiva del Gobierno de Canarias a los más necesitados, que empeora la situación actual y endurece el acceso a una prestación”.

Bethencourt anunció el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular “a esta Ley elaborada por el Gobierno de CC y PSOE, una de las medidas estrella de la famosa Estrategia contra la Exclusión, que llega con un año de retraso y no contiene acciones que verdaderamente combatan una tasa de pobreza que afecta a cerca de un 30% de la población”.

Según indicó la portavoz del PP en materia de Asuntos Sociales y Vivienda, la nueva norma reduce a un año la duración de la ayuda social, “e introduce muchas artimañas para dificultar el acceso”, y citó como ejemplo una Disposición Adicional Única según la cual “las ayudas quedarán condicionadas a la existencia de crédito, entendiéndose denegadas las que carezcan de cobertura presupuestaria”.

Milagros Bethencourt señaló que, con esta redacción, los créditos del Gobierno dejan de ser ampliables, por lo que no se podrá pagar ni una ayuda más si se termina el dinero previsto en los presupuestos: “Los 23 millones consignados para la PCI en 2014 se agotaron en junio, y con esta Ley no se podría recoger ni una solicitud extra, a pesar de haber cientos de familias en apuros”.

“De hecho –prosiguió- aunque hay más de 40.000 potenciales perceptores de una ayuda, solo daría cobertura a 6.079 solicitantes, lo que equivale a dejar sin esperanza alguna al 85% de las personas en emergencia social”.

“Es más, el Gobierno regional dice dar prioridad absoluta a las familias con menores a su cargo, y estamos de acuerdo en que se beneficie a los menores, pero hay otros muchos casos de emergencia social que no quedan cubiertos, como las personas con discapacidad, los mayores con tutela prorrogada o las personas dependientes”, añadió Milagros Bethencourt.

Solo 12 meses

Además, consideró “un disparate” que se elimine la renovación directa de la PCI, fundamental para que las familias beneficiarias puedan buscar un empleo: “Agotados los 12 meses de ayuda ya no hay dinero para estas personas, lo cual solo ahonda en la espiral de la exclusión y la pobreza”.

Para la diputada del Partido Popular, “son tantos los desaciertos de la nueva Ley de la PCI, que es fiel reflejo del fracaso rotundo de este Gobierno, que suspende en materia de educación, empleo, y desde luego en políticas sociales”.

La reforma de la Prestación Canaria de Inserción, además, llega al Parlamento con el informe desfavorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del propio Gobierno de Canarias, y sin tener en cuenta las aportaciones presentadas por los Colegios de Trabajadores Sociales, la Federación Canaria de Municipios. “Ni siquiera consta el informe del Consejo Económico y Social”, concluyó Bethencourt.

Bethencourt (GPP): “La deuda del Ejecutivo podría sumar más de un millón de euros, por cinco decretos sin pagar desde 2009”

Unas 500 familias canarias aguardan a que el Gobierno abone ayudas por emergencias

Tenerife (Canarias), 18 de diciembre de 2013 / Políticas - PP / Gabinete de Prensa.

La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, denunció hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias que cerca de 500 familias de las islas están esperando el pago de ayudas por emergencias, que corresponden a cinco decretos emitidos desde el año 2009. “Hablamos de personas que sufrieron grandes pérdidas en sus casas y enseres, y obtuvieron un compromiso de pago del Gobierno regional que nunca se cumplió”, manifestó.

“Gracias a la insistencia del Grupo Popular, logramos dar visibilidad a estas familias canarias y el Gobierno se vio obligado a responder, pero con los 850.000 euros que se previeron hace unos meses solo se ha abonado una parte de esas ayudas, pero estimamos que la deuda podría ascender a cerca de un millón de euros más”, indicó.

Según indicó, Milagros Bethencourt, se trata de 30 familias de La Orotava, 29 de Fuencaliente, 45 en Valle Gran Rey, 321 en El Rosario, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, y 41 en Arrecife, algunas de ellas esperando hasta cinco años por el pago de una ayuda que se había concedido con carácter de urgencia.

En este sentido, destacó que al Ejecutivo regional se le acumula el trabajo, pues todavía no ha publicado el decreto de ayudas para compensar los daños por el incendio de La Vega de San Mateo, en Gran Canaria, del pasado octubre, que se van a tener que sumar al temporal que hubo en toda Canarias del 2 de diciembre.

“Además, con toda seguridad habrá que compensar las pérdidas por la situación de grave emergencia por viento y lluvias, que causó graves daños en toda Canarias la pasada semana”, dijo Bethencourt, quien acusó al Gobierno regional de pasar olímpicamente de estas familias: “Pronto serán siete decretos impagados”.

“Lo que queremos es que se diga con claridad cuándo van a cobrar estas personas, y por qué se siguen atendiendo gastos superfluos, habiendo afectados por catástrofes naturales, emergencias o incendios que no han recibido ni un euro”, concluyó la parlamentaria popular.

El PP exige la destitución inmediata del Director Gerente de Sanidad en La Gomera

Milagros Bethencourt critica los casos de amiguismo y la mala gestión de los recursos, “mientras empeora la atención al vecino”

La Gomera (Canarias), 31 de octubre de 2013 / Políticas - PP / Gabinete de Prensa.

La diputada autonómica del Partido Popular por La Gomera, Milagros Bethencourt, exigió hoy la destitución inmediata del Director Gerente de los Servicios Sanitarios en la isla, “cuya actuación se ha caracterizado por el amiguismo y la mala gestión de los recursos, deteriorando la atención que reciben los vecinos”.

La diputada del PP remarcó las “muchas y graves irregularidades” cometidas por el equipo directivo de la Consejería de Sanidad en La Gomera, denunciadas reiteradamente por trabajadores, pacientes y familiares, y “a lo que se une la decisión de reducir personal en las pasadas Fiestas Lustrales, que triplicaron la población de la isla y llevó a colapsar los servicios”.

En este sentido, recordó el colapso vivido por el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo servicio de Urgencias trabajó sin refuerzos durante las pasadas fiestas, y llegó a tener a cuarenta pacientes a cargo de una sola enfermera.

Bethencourt recriminó en Pleno a la consejera del Área que “con una plantilla de, al menos, 17 celadores, se pretenda contratar a una empresa privada, sin publicidad, para que preste estas funciones, algo prohibido por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y casualmente todos ellos compromisarios en el último congreso insular de Coalición Canaria, justo al mes siguiente a la firma del contrato”.

“De hecho –prosiguió-, entre los cinco informadores contratados se encuentra la mujer del gerente, que encima no estaba en la lista oficial de acceso, un verdadero caso de nepotismo que se completa con la contratación masiva de parientes directos de miembros de Coalición Canaria”.

“Mientras esto sucede, todos los colectivos muestran su preocupación por la situación generada en la sanidad gomera, de la cual se ha erigido en portavoz el diputado de CC en la isla, que se atreve a convocar una rueda de prensa para apoyar y aplaudir esa gestión”, concluyó Milagros Bethencourt.

“La Comisión de Políticas Sociales es el escenario de los engaños del Gobierno”

Milagros Bethencourt (GPP) exigió rigor a la consejera Inés Rojas: “La PCI no es un juguete al servicio de su propaganda”.

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 18 de septiembre de 2013 / Parlamento Canario / Gabinete de Prensa.

La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, lamentó hoy que el Gobierno de Canarias esté utilizando la Comisión de Políticas Sociales “como escenario de su engaño continuado a los más necesitados de las islas”, y recordó a la consejera del Área, Inés Rojas, que la Prestación Canaria de Inserción (PCI), “no es un juguete al servicio de su propaganda política”.

“Nos preocupa que este Gobierno siga alimentando falsas esperanzas en el 38% de los canarios que se encuentran en riesgo de exclusión”, añadió la portavoz popular en materia de Políticas Sociales y Vivienda, “cuando poco se podrá hacer con los 20 millones dedicados a combatir la lacra de la pobreza, que afecta a unos 800.000 canarios”.

En este sentido, agregó que el colectivo de Trabajadores Sociales de Canarias ya ha advertido de la mala gestión de estos fondos. “A mes de junio –dijo-, ya no queda ni un euro de lo presupuestado por el Ejecutivo regional para todo el año, lo cual demuestra que Paulino Rivero y su consejera no tienen claras las prioridades, y dejarán a miles de canarios sin la prestación que les corresponde”.

“Además, Inés Rojas ha demostrado hoy un total desconocimiento de sus propias medidas y ha negado que vaya a dedicar 2,3 millones de euros a que los Ayuntamientos gestionen la PCI, como figura en el Proyecto de Ley de reparto del déficit, y que han vendido como el pilar estrella de la estrategia canaria contra la exclusión”, afirmó la diputada del PP.

Bethencourt reclamó a la consejera que explique “de una vez por todas” el destino de los 4,3 millones previstos para la PCI, pues “tiene confundidos a los ayuntamientos que han de prestar estos servicios, y lo que es peor, a los miles de canarios que están esperando una ayuda que no sabemos si llegará algún día”.

Reforma Régimen Local

En otro orden de cosas, el Grupo Parlamentario Popular pidió tanto a la consejera como a los diputados de CC y PSOE que dejen de confundir a los vecinos con la Ley de reforma de la administración local. “Las afirmaciones de socialistas y nacionalistas respecto a que los ayuntamientos de Canarias dejarán de prestar servicios sociales son radicalmente falsas, y están sembrando el desconcierto de forma irresponsable e intencionada”, aseguró Milagros Bethencourt.

“Precisamente –aclaró-, esta reforma simplifica y garantiza los servicios a los ciudadanos, bajo el principio «una administración, una competencia», con el fin de que se puedan financiar de forma estable y transparente, sin duplicidades que al final terminan por perjudicar al usuario”.

“El Gobierno regional veta el acceso a una pensión no contributiva a 35.000 canarios”

La diputada del PP Milagros Bethencourt recuerda que el exceso de burocracia impide tramitar prestaciones que paga el Estado.

Canarias (España), 20 de junio de 2013 / Políticas - Partido Popular / Gabinete de Prensa.

La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, aseguró hoy que los 35.185 canarios que están esperando por el reconocimiento de su grado de discapacidad por parte del Gobierno regional, están viendo frenada la posibilidad de acceder a una pensión no contributiva de invalidez, financiadas íntegramente por el Estado, así como a otros recursos y servicios a los que podrían tener derecho.

Bethencourt recordó que este exceso de burocracia, y la lenta y pésima gestión del Gobierno regional, están bloqueando a miles de canarios el disfrute de prestaciones, cuyas cuantías íntegras corren a cargo de los presupuestos del Estado y no suponen gasto alguno a las arcas de la comunidad autónoma.

Además de la lista de espera de 35.185 canarios pendientes del reconocimiento, y por tanto, de saber si pueden presentar solicitud para acogerse a las pensiones no contributivas por invalidez, el PP denuncia que hay unos 4.000 expedientes sin resolver, pese a que la ley prevé un plazo máximo de tres meses, lo que en opinión de Milagros Bethencourt revela un nuevo problema de gestión de recursos.

Estas prestaciones benefician a 42.000 familias canarias, de las cuales 28.000 corresponden a pensiones por Invalidez y el resto por Jubilación. “Son prestaciones económicas para personas que no han cotizado o lo hicieron de forma insuficiente, y sirven de muros de contención para mitigar la pobreza”, declaró la diputada del PP.

Dependientes sin servicios

En este sentido, el Grupo Popular también llamó la atención la nefasta aplicación de la Ley de Dependencia que realiza el Gobierno de CC y PSOE, que está desamparando a 35.952 canarios. “Todos ellos cuentan con dictamen favorable para recibir una prestación o servicio, y están pendientes del Programa Individual de Atención (PIA), que el Gobierno de Canarias no ha tramitado”, aseguró Milagros Bethencourt.

La financiación del Estado viene determinada por el número de beneficiarios, grado reconocido y servicios prestados, por lo que, en opinión de la diputada del PP, “Canarias seguirá a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia y seguiremos recibiendo menos dinero que las demás comunidades autónomas hasta que el Gobierno regional se decida a aligerar estos trámites burocráticos”.

“Es rotundamente falso que en Canarias el problema sea el copago, sino la incorrecta puesta en funcionamiento de la Ley de Dependencia que ha realizado el Gobierno regional, lo que ha llevado a que en Canarias a junio de 2013 solo haya 11.661 beneficiarios, de 57.000 solicitudes presentadas, y de eso jamás tendrá la culpa el Estado por mucho que se empeñen Paulino Rivero e Inés Rojas”, concluyó.

El Gobierno no ayudará al 85% de las casas afectadas por la riada de 2010 en Tabaiba

Milagros Bethencourt (GPP): “500 solicitudes fueron denegadas aunque el decreto contempla ayudas a las segundas viviendas”

Santa Cruz de Tenerife (Canarias),  1 de mayo de 2013 / Viviendas - Riadas - Políticas - PP / Gabinete de Prensa.

La diputada autonómica Milagros Bethencourt, reveló hoy en comisión parlamentaria que el Gobierno de Canarias va a dejar desamparados al 85% de los propietarios de las viviendas afectadas en las riadas del mes de febrero de 2010 en las islas, que afectaron muy especialmente al núcleo de Tabaiba (Tenerife). “Tan solo 90 de los 601 solicitantes percibieron ayuda, lo que evidencia el serio problema de liquidez y la desidia del Gobierno regional”, argumentó.

La diputada del PP considera “especialmente grave” que la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, “haya demostrado que no solo incumple, sino además desconoce el contenido de sus propios decretos, pues argumentó que las 500 solicitudes se denegaron por ser segundas viviendas, cuando el artículo 4.B del Decreto 12/2010 reconoce ayudas de hasta 12.000 euros por daños en vivienda no habitual”.

“Ignoramos en qué piensa el Ejecutivo autonómico cuando diseña estos decretos de ayuda que desprotegen a más de 500 canarios, una verdadera tomadura de pelo a personas en una situación desesperada que han perdido parte de sus pertenencias en una catástrofe natural, y tres años después no han percibido ni un euro”, denunció Bethencourt.

En este sentido, recordó que el Ejecutivo regional debe aún 567.000 euros a las 321 familias canarias a las que se concedió una ayuda de emergencia por la riada, y que llevan tres años esperando. “La consejera no dio explicaciones, y encima nos llamó “cansinos” por reclamar el cumplimiento de sus obligaciones”, señaló.

Años sin pagar

En la actualidad, permanecen vivos cinco decretos del Gobierno regional con ayudas por siniestros acaecidos en las islas, dos de ellos desde 2009, con más de 500 expedientes aprobados e impagados.

“Estos expedientes, algunos con casi 5 años de antigüedad no pueden quedarse eternamente sin abonar, causando un perjuicio irreparable a personas con nombres y apellidos”, aseguró la diputada del PP, quien animó a Rojas a tomar ejemplo del Gobierno de la Nación, “que pagó en tiempo y forma desde hace meses, por ejemplo, las ayudas de los incendios de 2012”.

Milagros Bethencourt, concluyó recordando que los propios decretos prevén la posibilidad de realizar modificaciones inmediatas en el presupuesto cuando suceden situaciones de emergencia de esta naturaleza, por lo que “alargar la resolución de estos problemas solo demuestra insensibilidad y pésima gestión”.