“El Gobierno regional estafa a los necesitados con sus medidas contra la exclusión”

Milagros Bethencourt (PP) afirma que la reforma de la Prestación Canaria de Inserción dificulta el acceso a una ayuda social 

“Con la Ley que proponen CC-PSOE, la prestación solo duraría un año, y quedaría fuera un 85% de los potenciales destinatarios”

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 5 de julio de 2014 / Políticas - PP / Gabinete de Prensa.

La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, manifestó hoy que la reforma de la Prestación Canaria de Inserción que se debatirá la próxima semana en el Parlamento de Canarias, es una “estafa masiva del Gobierno de Canarias a los más necesitados, que empeora la situación actual y endurece el acceso a una prestación”.

Bethencourt anunció el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular “a esta Ley elaborada por el Gobierno de CC y PSOE, una de las medidas estrella de la famosa Estrategia contra la Exclusión, que llega con un año de retraso y no contiene acciones que verdaderamente combatan una tasa de pobreza que afecta a cerca de un 30% de la población”.

Según indicó la portavoz del PP en materia de Asuntos Sociales y Vivienda, la nueva norma reduce a un año la duración de la ayuda social, “e introduce muchas artimañas para dificultar el acceso”, y citó como ejemplo una Disposición Adicional Única según la cual “las ayudas quedarán condicionadas a la existencia de crédito, entendiéndose denegadas las que carezcan de cobertura presupuestaria”.

Milagros Bethencourt señaló que, con esta redacción, los créditos del Gobierno dejan de ser ampliables, por lo que no se podrá pagar ni una ayuda más si se termina el dinero previsto en los presupuestos: “Los 23 millones consignados para la PCI en 2014 se agotaron en junio, y con esta Ley no se podría recoger ni una solicitud extra, a pesar de haber cientos de familias en apuros”.

“De hecho –prosiguió- aunque hay más de 40.000 potenciales perceptores de una ayuda, solo daría cobertura a 6.079 solicitantes, lo que equivale a dejar sin esperanza alguna al 85% de las personas en emergencia social”.

“Es más, el Gobierno regional dice dar prioridad absoluta a las familias con menores a su cargo, y estamos de acuerdo en que se beneficie a los menores, pero hay otros muchos casos de emergencia social que no quedan cubiertos, como las personas con discapacidad, los mayores con tutela prorrogada o las personas dependientes”, añadió Milagros Bethencourt.

Solo 12 meses

Además, consideró “un disparate” que se elimine la renovación directa de la PCI, fundamental para que las familias beneficiarias puedan buscar un empleo: “Agotados los 12 meses de ayuda ya no hay dinero para estas personas, lo cual solo ahonda en la espiral de la exclusión y la pobreza”.

Para la diputada del Partido Popular, “son tantos los desaciertos de la nueva Ley de la PCI, que es fiel reflejo del fracaso rotundo de este Gobierno, que suspende en materia de educación, empleo, y desde luego en políticas sociales”.

La reforma de la Prestación Canaria de Inserción, además, llega al Parlamento con el informe desfavorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del propio Gobierno de Canarias, y sin tener en cuenta las aportaciones presentadas por los Colegios de Trabajadores Sociales, la Federación Canaria de Municipios. “Ni siquiera consta el informe del Consejo Económico y Social”, concluyó Bethencourt.

“El Gobierno regional estafa a los necesitados con sus medidas contra la exclusión”

Milagros Bethencourt (PP) afirma que la reforma de la Prestación Canaria de Inserción dificulta el acceso a una ayuda social

“Con la Ley que proponen CC-PSOE, la prestación solo duraría un año, y quedaría fuera un 85% de los potenciales destinatarios”

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 4 de julio de 2014 / Políticas - PP / Gabinete de Prensa.

La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, manifestó hoy que la reforma de la Prestación Canaria de Inserción que se debatirá la próxima semana en el Parlamento de Canarias, es una “estafa masiva del Gobierno de Canarias a los más necesitados, que empeora la situación actual y endurece el acceso a una prestación”.

Bethencourt anunció el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular “a esta Ley elaborada por el Gobierno de CC y PSOE, una de las medidas estrella de la famosa Estrategia contra la Exclusión, que llega con un año de retraso y no contiene acciones que verdaderamente combatan una tasa de pobreza que afecta a cerca de un 30% de la población”.

Según indicó la portavoz del PP en materia de Asuntos Sociales y Vivienda, la nueva norma reduce a un año la duración de la ayuda social, “e introduce muchas artimañas para dificultar el acceso”, y citó como ejemplo una Disposición Adicional Única según la cual “las ayudas quedarán condicionadas a la existencia de crédito, entendiéndose denegadas las que carezcan de cobertura presupuestaria”.

Milagros Bethencourt señaló que, con esta redacción, los créditos del Gobierno dejan de ser ampliables, por lo que no se podrá pagar ni una ayuda más si se termina el dinero previsto en los presupuestos: “Los 23 millones consignados para la PCI en 2014 se agotaron en junio, y con esta Ley no se podría recoger ni una solicitud extra, a pesar de haber cientos de familias en apuros”.

“De hecho –prosiguió- aunque hay más de 40.000 potenciales perceptores de una ayuda, solo daría cobertura a 6.079 solicitantes, lo que equivale a dejar sin esperanza alguna al 85% de las personas en emergencia social”.

“Es más, el Gobierno regional dice dar prioridad absoluta a las familias con menores a su cargo, y estamos de acuerdo en que se beneficie a los menores, pero hay otros muchos casos de emergencia social que no quedan cubiertos, como las personas con discapacidad, los mayores con tutela prorrogada o las personas dependientes”, añadió Milagros Bethencourt.

Solo 12 meses

Además, consideró “un disparate” que se elimine la renovación directa de la PCI, fundamental para que las familias beneficiarias puedan buscar un empleo: “Agotados los 12 meses de ayuda ya no hay dinero para estas personas, lo cual solo ahonda en la espiral de la exclusión y la pobreza”.

Para la diputada del Partido Popular, “son tantos los desaciertos de la nueva Ley de la PCI, que es fiel reflejo del fracaso rotundo de este Gobierno, que suspende en materia de educación, empleo, y desde luego en políticas sociales”.

La reforma de la Prestación Canaria de Inserción, además, llega al Parlamento con el informe desfavorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del propio Gobierno de Canarias, y sin tener en cuenta las aportaciones presentadas por los Colegios de Trabajadores Sociales, la Federación Canaria de Municipios. “Ni siquiera consta el informe del Consejo Económico y Social”, concluyó Bethencourt.

Moreno recuerda a Astrid Pérez que el PP es quien frena las renovables en las Islas con los recortes en la inversión

La Directora General de Industria sugiere a la diputada popular que “pregunte a Soria por qué incumplió un convenio con el IDAE en 2013 de seis millones de euros para el fomento de las renovables, datos reales que se pueden contrastar”

“La política de ahorro y eficiencia que se hace en Canarias es mérito exclusivo del Gobierno regional, que con fondos propios -casi cinco millones- está ejecutando medidas de fomento de ahorro y eficiencia energética y de las renovables”

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 18 de junio de 2014 / Energías  - Industria / Gabinete de Prensa.

La directora general de Industria del Gobierno de Canarias, María Antonia Moreno, responde a la diputada del PP, Astrid Pérez, que “es su propio partido el que frena claramente las renovables en Canarias con sus recortes en la inversión”.

A modo de ejemplo le recuerda que en 2013 el Estado incumplió el convenio firmado con la Comunidad Autónoma por el cual debía aportar 6 millones de euros, “y lo hizo cuando ya teníamos los presupuestos aprobados, sin margen para maniobrar”.

Moreno insiste en que fue el Ministerio “quien dejó a cero las partidas previstas para ahorro y eficiencia en 2013 y 2014”. Recuerda que “al tomar esta decisión, incumplió el convenio que el Gobierno del PSOE firmó con todas las comunidades autónomas, que suponía una media anual de inversión de nueve millones en cuatro años en las islas”. De esta forma, replica a la diputada del PP, Astrid Pérez, a quien acusa de “criticar sin estar documentada”.

Moreno insiste en que este año 2014 se han destinado un millón de euros en subvenciones a renovables con fondos propios, 500.000 para financiar el transporte bajo en carbono, 200.000 para los proyectos El Hierro cien por cien renovables y La Graciosa Sostenible, y tres millones para ahorro y eficiencia energética.

“No es la primera vez que intenta acusar al Gobierno de Canarias de no apostar por las renovables, cuando tan solo hay que remitirse a los hechos: fue el Gobierno del PP el que suspendió la planificación energética, dejando a Canarias sin una sola inversión; los que han suspendido las primas, ahuyentando la inversión privada y pública; los que han imposibilitado que el autoconsumo sea real en Canarias y quienes han bloqueado el acuerdo para poner en marcha el bombeo de Chira-Soria. Por tanto, la conclusión es clara: Mientras el ministro siga siendo Soria, no habrá desarrollo de las renovables en Canarias”.

“A quien tiene que pedir cuentas en relación a la falta de dotación presupuestaria para fomentar el ahorro y la eficiencia energética es a Soria” y destaca que “la política de ahorro y eficiencia que se hace en Canarias es mérito exclusivo del Gobierno regional, que con fondos propios –casi cinco millones- está ejecutando medidas de fomento de ahorro y eficiencia energética y de las renovables”.

Moreno, quien lamenta que el PP “vuelva a intentar hacer otro montaje levantando falsas sospechas sobre la gestión de los fondos”, explica en relación al millón de euros al que alude, que “es una cantidad condicionada en 2013 a que el propio IDAE lo transfiriera a las comunidades; en el caso de Canarias se destina al contrato público-privado de ahorro y eficiencia energética en los edificios públicos para financiar hasta el 15% de lo que cueste, una iniciativa pionera en España". 

“La manipulación que hace el PP es clara y evidente, y una vez más quedan desmontados sus montajes”.

Moreno recuerda que es precisamente la UE la que ha advertido a Soria de que tomará medidas si el Estado sigue alejándose con su reforma energética del objetivo y los criterios de Bruselas en materia energética que establecen que deberían reducirse en siete años un 20% las emisiones de CO a la atmósfera, abastecerse en un 20% de renovables y producir un 20% de la energía que necesitamos.